Torres eléctricas en peligro.
Tensión creciente entre el sector eléctrico y la CNMC por la crucial regulación de las inversiones en redes
Advierten de que se puede frenar la expansión de la red en un momento decisivo para la electrificación y la reindustrialización del país
El nuevo modelo de retribución para las redes eléctricas ha reavivado la tensión entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La propuesta del regulador, actualmente en fase de audiencia pública, ha sido recibida con preocupación por parte del sector eléctrico. Advierten de que el sistema diseñado mantiene los principales problemas estructurales y puede frenar la expansión de la red en un momento decisivo para la electrificación y la reindustrialización del país.
La CNMC decidió someter de nuevo su circular a consulta después de que las empresas y asociaciones del sector reclamaran una revisión del modelo anterior, que no tenía en cuenta el Real Decreto aprobado por el MITECO sobre incremento de inversiones. La nueva versión introduce algunas mejoras, como el reconocimiento de inversiones a coste auditado en proyectos de digitalización, estabilidad de red, protección de avifauna o inversiones anticipadas que no impliquen nueva potencia. Sin embargo, las distribuidoras consideran que los cambios son mínimos y que no resuelven los desequilibrios de fondo.
El punto más controvertido de la metodología es el tope de retribución de las inversiones, fijado por la CNMC en 233 euros por kilovatio. Equivale aproximadamente al 60 % del coste medio actual de la red. Según el sector, este límite impedirá ejecutar una parte significativa de las inversiones previstas, especialmente en zonas industriales, nuevos desarrollos residenciales (viviendas) o puntos de recarga para vehículos eléctricos.
La propuesta también introduce criterios diferentes a los recogidos en el Real Decreto del Ministerio. Mientras el MITECO considera viable una inversión cuando al menos el 75 % de la capacidad prevista cuenta con solicitudes de acceso, la CNMC solo retribuye las actuaciones cuyo coste por consumidor no supere los 232 euros por kilovatio. Esta discrepancia genera un doble marco regulatorio contradictorio que dificulta la planificación y añade incertidumbre al proceso inversor.
Este modelo incrementa el riesgo regulatorio, reduce la rentabilidad y limita la capacidad de inversión justo cuando España necesita ampliar la red para integrar energías renovables, atender la demanda industrial y desplegar infraestructura de recarga. No se puede hablar de electrificación y reindustrialización mientras se aprueban modelos que penalizan la inversión.
A ello se suma el recorte de los gastos de operación que plantea la CNMC, lo que supone penalizar el mantenimiento de la red o los refuerzos ante fenómenos climáticos, algo que podría deteriorar la calidad del suministro.
Desde el regulador defienden que el nuevo marco busca eficiencia, sostenibilidad y equilibrio financiero, al tiempo que pretende evitar sobrecostes para los consumidores. No obstante, la falta de coordinación entre la CNMC y el MITECO, responsable de la planificación energética, genera inquietud en las compañías, que reclaman un marco más estable y coherente con los objetivos de transición energética.
La circular se encuentra actualmente en fase de audiencia pública (hasta el 22 de octubre), y la CNMC prevé aprobar su versión definitiva antes de final de año. El sector confía en que durante este proceso se revisen los parámetros más restrictivos y se garantice una regulación previsible, alineada con las necesidades de inversión y con la estrategia de electrificación que España necesita para los próximos años.
