De las obras del Poyo al cerco al diésel y la nuclear: el cuestionado legado de Teresa Ribera mientras gana 34.000 euros al mes

No todos los protagonistas de la dana estuvieron este miércoles en el funeral de Estado por las víctimas. Destacó, entre otras ausencias, la de Teresa Ribera, la exvicepresidenta y anterior ministra de Transición Ecológica, con competencias en materia hidrológica y de cuyo departamento dependía la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La hoy vicepresidenta europea y responsable de Transición Limpia, Justa y Competitiva, con un salario mensual de 34.000 euros, aseguró que intentó contactar con Mazón varias veces durante el 29 de octubre de 2025, a través de WhatsApp, llamadas telefónicas y SMS. Ribera se encontraba en Bruselas preparando su desembarco en la Comisión Europea, como ya informó este periódico, a pesar de que, como informó ABC, el departamento de Seguridad Nacional había informado a Moncloa doce horas antes de que se esperaban «tormentas muy fuertes».

De hecho, durante todo el año anterior a su nombramiento, «Ribera mantuvo paralizada la actividad de su ministerio, porque todo tenía que pasar por ella, y estaba más pendiente de Bruselas que de Madrid», según fuentes con conocimiento directo.

En 2011, cuando era secretaria de Estado, firmó una Declaración de Impacto (DIA) ambiental favorable a las obras de reforma del barranco del Poyo, por donde el día de la dana se precipitó un caudal equivalente al del Nilo, según la Confederación del Júcar. Así lo reconoció ella misma durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en noviembre del año pasado, ya con el puesto en Bruselas asegurado.

La DIA caducó durante el mandato de Mariano Rajoy, al que culpó de «falta de actuación», pero las obras tampoco se ejecutaron durante sus siete años al frente del ministerio, ya en el Gobierno de Pedro Sánchez, bajo el argumento, como contó este periódico, de «falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales». Según Ribera, el problema es que la Generalitat valenciana pidió frenar el proyecto «para mejorar la integración del paisaje».

Más allá del ámbito hidrológico, Ribera ha sido la gran responsable energética del Ejecutivo. Al poco de llegar al cargo, en 2018, afirmó que el diésel «tiene los días contados» contribuyendo al rápido hundimiento de las ventas de vehículos de esta tecnología antes de que los fabricantes tuvieran lista una oferta de vehículos electrificados, lo que generó un fuerte malestar entre la industria automovilística. Los vehículos impulsados a gasoil suponían entonces el 36,9 % del total, cuando entre enero y septiembre de este año se sitúan en el 23,48 %, según Anfac. Ribera pactó además con Bruselas una subida de impuestos a este combustible, incluida como contraprestación aparte de los fondos del Plan de Recuperación, que no ha logrado encontrar apoyos suficientes en el Congreso para salir adelante.

Su principal legado, sin embargo, es el Plan Nacional de Energía y Clima, la gran hoja de ruta energética del Ejecutivo de Pedro Sánchez que fija, entre otras cosas, el cierre escalonado de los siete reactores nucleares españoles entre 2027 y 2035, a pesar de que, como señalan fuentes del sector energético, «es una hoja de ruta no vinculante, y no una verdadera planificación energética».

Prueba de ello es que, por ejemplo, el resto de objetivos que marca están muy lejos de cumplirse. El más evidente es el de vehículos eléctricos en circulación: pese a que contempla que en 2030 circularán 5,5 millones de coches, autobuses y camiones impulsados únicamente con batería en 2030, en 2024, según datos de Ideauto, apenas había 234.309, entre otros motivos por los numerosos problemas registrados en las ayudas a la compra canalizadas por el Ejecutivo y las comunidades autónomas.

El problema no es menor, dado que afecta a la demanda de electricidad, que está siendo muy inferior a la prevista. Por el contrario, la generación se ha disparado al calor de un fuerte incremento del número de instalaciones fotovoltaicas, impulsado desde el ministerio de Ribera, pero que no ha ido parejo a un fortalecimiento de la red eléctrica, ni tampoco del incremento previsto en el almacenamiento de energía. Así lo han denunciado, entre otros, el expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, pero también por otros expertos, que han puesto el foco en ello a raíz del histórico apagón del pasado 28 de abril.

Tampoco ha logrado despegar el último proyecto que Ribera activó antes de abandonar el ministerio: la recuperación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), desgajando las competencias en la materia de la CNMC. El proyecto lleva más de un año en un cajón, paralizado por la falta de apoyos del Gobierno en el Congreso, «y es mejor que siga así», afirman fuentes del sector energético, que consideran que su reactivación solo supondría en este momento añadir más caos y parálisis al entorno regulador.