Un repartidor de refrescos descarga el camión en Valencia.
La industria del refresco, atrapada entre la «fiscalidad saludable» y la incoherencia fiscal
El sector aporta 11.600 millones y más de 200.000 empleos, pero cuenta con un marco tributario y regulatorio que penaliza incluso a las bebidas sin azúcar
El sector de las bebidas refrescantes atraviesa un momento clave. Con una facturación cercana a los 4.800 millones de euros y más de 200.000 empleos asociados, la industria mantiene un fuerte arraigo territorial y social. Sin embargo, soporta una de las cargas fiscales más elevadas del mercado de la alimentación y es uno de los sectores más cuestionados por buena parte del Ejecutivo por su vinculación con la obesidad.
No se trata de un asunto baladí. Según el Informe de Impacto Socioeconómico e Inversión Industrial del Sector de las Bebidas Refrescantes en España, elaborado recientemente por la consultora financiera Afi, la industria del refresco genera en nuestro país 11.600 millones de euros de valor añadido bruto –el 0,8 % del PIB nacional– y más de 206.000 empleos, de los cuales 70.000 son directos en actividades de producción y comercialización.
En 2024, las ventas alcanzaron 4.790 millones de euros, un 2,9 % más que el año anterior, impulsadas por la recuperación de la hostelería y el turismo, que concentran seis de cada diez ventas, y las exportaciones crecieron un 19 %, hasta los 579 millones de euros.
A nivel laboral, el tejido industrial se mantiene profundamente arraigado en el territorio. Más del 60 % de las compañías son pequeñas y medianas empresas, muchas de carácter familiar, y su actividad se distribuye por todo el país –con especial concentración en municipios de menos de 30.000 habitantes–.
Esa implantación territorial explica también su papel como soporte económico de la hostelería, principal canal de venta y directamente vinculado al turismo y al consumo social. Este patrón de demanda explica que las empresas afronten mayores tensiones laborales en campañas estivales, especialmente en entornos rurales, donde resulta difícil cubrir puestos temporales.
Aunque se ha visto afectado por el incremento del salario mínimo, la ampliación de permisos y la implantación del registro horario –factores que han elevado los costes operativos en las pymes industriales–, el sector mantiene un peso equivalente al 1 % del empleo total en España y destaca por su estabilidad en la generación de puestos de trabajo.
«El sector de las bebidas refrescantes tiene un gran arraigo en nuestro país. Son más de 200 años de historia y un presente que habla de contribución a la economía, al empleo y al bienestar social», explicó la directora general de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), Beatriz Blasco, durante la presentación del informe.
Incoherencia fiscal
A pesar de su peso económico y de la creciente inversión en sostenibilidad e innovación, la industria del refresco soporta una de las cargas fiscales más elevadas del mercado alimentario. Las bebidas refrescantes tributan al 21 % de IVA –el tipo general–, una situación excepcional dentro del sector, solo equiparable al alcohol. A esta presión se suma el impuesto autonómico a las bebidas azucaradas que continúa vigente en Cataluña desde 2017.
El resultado es que incluso las bebidas sin azúcar –que ya representan más del 60 % del consumo total– soportan la misma carga impositiva. La medida se enmarca en la llamada «fiscalidad saludable», concebida para combatir la obesidad, pero los datos oficiales no respaldan esa vinculación. Según los estudios del Ministerio de Consumo (Aladino) y de la Organización Mundial de la Salud (ronda COSI), las bebidas refrescantes aportan solo el 2,1 % de la ingesta calórica diaria y el 84 % de los menores no las consume semanalmente.
En los últimos treinta años, la prevalencia de la obesidad se ha duplicado, mientras el consumo de refrescos se ha mantenido estable o ha disminuido, tanto según los datos del sector como los registros del Ministerio de Agricultura. Este desequilibrio ha convertido la llamada «fiscalidad saludable» en una política tan costosa como ineficaz. Los datos no muestran un impacto real sobre la salud pública, pero sí un efecto directo sobre la competitividad de una industria que sigue siendo motor de la economía, el turismo y la hostelería española.