El último gran proyecto de Teresa Ribera antes de ir a Bruselas lleva más de un año en un cajón «y mejor que siga así»

El proyecto para desgajar las competencias de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lleva ya más de un año en un cajón. Lo aprobó el Consejo de Ministros el 25 de septiembre de 2024, con Teresa Ribera ya con la vista puesta en su futuro cargo en la Comisión Europea, tras haberlo impulsado durante su etapa como vicepresidenta energética del Gobierno de Pedro Sánchez.

La recuperación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no es considerada ahora mismo como una prioridad por el sector energético, a pesar de que la ven con buenos ojos para desatascar los asuntos que más interesan a las compañías. Desde el ámbito renovable, por ejemplo, cuestionan que haya tenido paralizado el procedimiento 7.4 desde hace cinco años, hasta después del apagón, a pesar de que les hubiera permitido ayudar a controlar la tensión.

La CNMC tiene el encargo de regular sobre la energía, las telecomunicaciones, comunicación audiovisual, transporte y sector postal, además de redactar y supervisar el marco regulatorio general para los mercados.

Sin embargo, las empresas energéticas temen que poner en marcha ahora la CNE solo sirva para retrasar los importantes asuntos que el regulador tiene sobre la mesa. Sobre todo, encontrar al culpable del apagón del pasado 28 de abril, después de que ni el informe del Gobierno ni el de ENTSO-E (el gestor de redes europeo en el que se integra Red Eléctrica) lo hayan hecho.

«Ahora no es el momento, es mejor que siga así por todo lo que tienen encima. Solo supondría añadir más parálisis», apunta una fuente del sector. «Un proceso de cambio ahora sería peor para las empresas porque habría menos oportunidades de interlocución con los técnicos. El propio personal técnico estaría distraído», apunta otra.

Otras fuentes matizan el papel de CNMC a la hora de dictaminar qué ocurrió el 28 de abril. «Hay abogados que están recomendando a sus clientes esperar a su informe, pero otros defienden que solo será un complemento más, y que aquel que tenga daños directos que acreditar, demande ya porque Competencia no señalará a nadie», afiman.

Pero además del apagón, la CNMC está en proceso de actualizar el marco retributivo tanto para la electricidad como para el gas. Ambos sectores ven insuficiente las propuestas actuales de Competencia, a pesar de que en el caso de la electricidad la CNMC ha mejorado en los últimos días su propuesta de retribución financiera a la red de distribución y transporte.

El Gobierno renunció a incorporar la creación de la CNE al fallido decreto antiapagones de julio, por dudas sobre la justificación de su urgencia y, sobre todo, para tratar de minimizar las posibilidades de que el Congreso lo tumbara, como finalmente ocurrió. En el Consejo de Ministros del pasado martes recuperó parte de dichas medidas, pero mantuvo en el olvido la CNE. Lo que sí acaba de aprobar el Ejecutivo es exigir a la CNMC de que informe trimestralmente sobre las labores de supervisión y control de tensión de los agentes del sector eléctrico.

Todo ello a pesar de que en el informe parcialmente confidencial que elaboró a raíz del cero energético insistió en la necesidad de «acelerar la constitución y adecuada dotación de la Comisión Nacional de la Energía como organismo regulador y supervisor especializado y focalizado exclusivamente en el sector energético».

El Gobierno considera además que la CNE es necesaria «a la vista de la elevada complejidad y especificidad del sector, la creciente abundancia y concreción de normativa técnica aplicable, la necesidad de mayor supervisión y transparencia, y la criticidad del sector para el conjunto de la sociedad, de la economía y la seguridad nacional».

El papel del marido de Ribera

Su creación es también «un tema político para poner a gente afín», afirman fuentes conocedoras. Su puesta en marcha obligaría a reconstruir la mayoría de investidura en el Congreso y alcanzar un pacto político para formar su consejo –formado antaño por siete miembros de reconocido prestigio nombrados por el Gobierno, y un secretario– y elegir a su presidente. Un puesto para el cual se llegó a barajar el nombre de Natalia Fabra, asesora energética de Ribera –que desde junio está en el consejo de Redeia– y el de Mariano Bacigalupo.

Bacigalupo, marido de Teresa Ribera, es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pasó por la CNMC y fue, entre 2011 y 2012, secretario del Consejo de la entonces todavía existente CNE.

El nombre de Bacigalupo también se baraja para sustituir a la actual consejera de la CNMC, Cani Fernández, toda vez que su mandato expira en junio de 2026. No obstante, algunas fuentes ven más probable que Fernández repita mandato para evitar un nuevo escándalo como el que motivó el aterrizaje del ex ministro José Luis Escrivá en el Banco de España, y generar un problema a Ribera en su nuevo puesto comunitario, donde es jefa máxima de la materia de Competencia a nivel europeo y donde la situación de su marido ya sirvió para poner en cuestión su nombramiento en noviembre del año pasado.