Investigan si las graves acusaciones contra los compradores de Talgo fueron producto de una 'vendetta'

En Sidenor sospechan que las graves acusaciones de contrabando y genocidio contra su presidente, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos, han podido partir de un empleado con el que Jainaga tuvo un enfrentamiento, según ha podido saber El Debate. La salida a la luz de estos hechos podrían ser consecuencia de una vendetta.

Como publicamos en El Debate, el 24 de octubre se supo que el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge está investigando a Jainaga y otros dos directivos por posibles delitos de contrabando y lesa humanidad o de genocidio. El origen de esta acusación estaría en la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI) con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento.

Hoy se toma declaración a los directivos de Sidenor

Según el magistrado, que el 24 de octubre levantó el secreto de las actuaciones, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno, y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre.

Los tres investigados en este procedimiento, que se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han sido citados a declarar como investigados ante el juez hoy, 12 de noviembre.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Uno entiende que no procede por el momento considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU, dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, y a que impidieron la continuación de la actividad presuntamente delictiva. En este caso, el magistrado aplica la Directiva (UE) 2019/1937 y la ley transposición 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción, particularmente el artículo 2 letra b artículo 3.1.a, artículo 3.3 y artículo 3.4 c. Este último extiende la protección a las personas jurídicas que puedan tener la condición de informantes, condición que, en este supuesto, según el juez, se cumple en interés de los trabajadores mediante la protección de la sociedad referida. No quedará afectada por las medidas cautelares ni tampoco por las eventuales penas que pudieran imponerse a las personas jurídicas.

Los trabajadores contribuyeron a la denuncia pública y a evitar que continuara la actividad delictiva

Aun así, la empresa investigará de dónde han salido las filtraciones, y si efectivamente han tenido como origen a la persona enfrentada con Jainaga, que es uno de los empresarios referentes del PNV. La formación política ha estado desde el momento de las acusaciones en estado de shock y con dudas en torno a la realización final de la crucial entrada en Talgo del consorcio vasco liderado por Sidenor. Finalmente, el pasado 7 de noviembre se confirmó la entrada, y el consorcio formado por Sidenor, las fundaciones vascas BBK y Vital y el fondo público Finkatuz ya es el principal accionista de Talgo, tras invertir 156,67 millones de euros y hacerse con el 29,76 % de las acciones.

Como comentábamos en este artículo, en el Gobierno Vasco hay preocupación con la investigación, pero estaba muy empeñado en que se realizara la operación por el impacto que puede tener en su región en términos de creación de empleo y potenciación de la industria. La operación ya estaba a punto de cerrarse cuando se produjo la acusación, y finalmente se ha efectuado.

Talgo tiene una cartera de pedidos de 4.967 millones de euros, y la demanda de sus trenes está funcionando muy bien en Alemania, Dinamarca y Arabia Saudí. La compañía necesitaba que se aprobara pronto la entrada del consorcio vasco que ha adquirido el 29,8 % de la compañía, y ahora lo previsto es que lleguen la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- con 45 millones de euros -7,8753 % del capital- y su préstamo convertible de 30 millones de euros; el préstamo de 75 millones de euros concedido por el consorcio principal; y la nueva financiación sindicada, que incluye un préstamo de 650 millones de euros, una línea de circulante de 120 millones de euros y una nueva línea de avales de 500 millones de euros.

La ferroviaria española comunicó a principios de octubre un ebitda -beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones- negativo de 16,5 millones de euros en los seis primeros meses del año; unos ingresos de 270 millones de euros en el mismo periodo, un 22 % menos que en los seis primeros meses de 2024, y un crecimiento de la deuda financiera hasta los 467 millones de euros, por encima de los 404 millones que tenía a cierre de 2024. Como se ve, el panorama que hay por delante es complejo, y requiere que alguien lo gestione bien.