Central nuclear de Trillo (Guadalajara)
Qué pasa ahora que el Congreso ha rechazado la prórroga del cierre de las nucleares
La enmienda se ha desestimado con votos a favor de PP, Vox y UPN) y en contra de PSOE, Sumar, ERC, PNV y la mayoría del grupo mixto
El pleno del Congreso ha rechazado este martes, gracias a la abstención de Junts, la enmienda que incorporó el PP en el Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la «fecha de cese definitivo» de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.
Esta enmienda no suponía una prórroga autonómica de las instalaciones, y no se conseguía revertir el carácter definitivo del cierre nuclear. Por lo que esta votación no cambia mucho el calendario.
En España se encuentran en funcionamiento siete reactores nucleares (Almaraz I y II, en Cáceres; Ascó I y II, en Tarragona; Cofrentes, en Valencia; Vandellós II, en Tarragona, y Trillo, en Guadalajara).
De acuerdo con los datos de Red Eléctrica, la tecnología nuclear produjo cerca del 20 % de la electricidad del país en 2024. En 2025, su cuota alcanza el 19,1 %.
En 2019, las propietarias de las instalaciones (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) acordaron el cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en el horizonte 2027-2035.
En virtud del calendario pactado, Almaraz I sería la primera en cerrar (1 de noviembre de 2027), seguida de Almaraz II (31 de octubre de 2028). En 2030 se desmantelarán Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II, y en 2035, Vandellós II y Trillo.
Pese a la existencia del calendrio, siempre ha estado abierta la posibilidad de que las eléctricas solicitaran cambios. De hecho, las dueñas de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) han solicitado recientemente poder mantener operativo Almaraz I hasta 2030 (cuando vence la autorización la autorización de explotación que se otorga por periodos de 10 años, igual que ocurre con los otros tres reactores afectados por la enmineda del PP).
La petición debe ser autorizada por el CSN, que tendrá que ver si se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear para concederla y establecer, en su caso, las mejoras o inversores que considere necesario para garantizarlas.
Por su parte, el Gobierno no ha desvelado cuál será su decisión al respecto, pero mantien sus tres líneas rojas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica, que no suponga un mayor coste para consumidores ni contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro.
Hasta el momento, las empresas han condicionado «verbalmente» la prórroga a una rebaja de las cargas fiscales (principalmente para costear el tratamiento de residuos) que soportan las centrales atómicas.
