Sánchez prepara el terreno electoral con subidas a 14 millones de españoles entre funcionarios, pensionistas e ingreso mínimo vital

El Gobierno de Sánchez dio ayer una nueva vuelta de tuerca en su búsqueda de votos y anunció una subida de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El incremento entrará en vigor en 2026, y supone una subida general de las pensiones del 2,7 %. Las mínimas aumentarán un 7 % y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las no contributivas lo harán un 11,4 %.

Con las medidas anunciadas ayer se beneficiarán 14 millones de personas, que son las que suman todos los colectivos favorecidos.

La subida del 2,7 % para 2026 favorece a los 9,4 millones de personas que reciben las más de 10,4 millones de pensiones contributivas y a los 734.000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Según cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7 % para el próximo año supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en cerca de 500 euros anuales.

Un pensionista que perciba una pensión de 1.511,51 al mes (coincidente con la pensión media de jubilación de noviembre de 2025) pasará a recibir en 2026 una pensión de 1.552,32 euros mensuales, un incremento anual de 571,35 euros.

Los empleados públicos, entre quienes también están los funcionarios, son algo más de tres millones que también se ven favorecidos por la subida. Hace unos días se anunció el incremento del 11 % para el periodo de entre 2025 y 2028. Se distribuirá una revalorización pendiente del 2,5 % en 2025 con efectos retroactivos a 1 de enero y otra subida consecutiva del 1,5 % correspondiente a 2026.

Y en cuanto al ingreso mínimo vital, son 2,4 millones, según las últimas cifras del Gobierno.

A estos 14 millones de personas que se han visto favorecidas por esta última subida hay que sumar otros que dependen de las ayudas del Estado, como los 1,7 de beneficiarios de las prestaciones de desempleo. Además, los expertos calculan que hay casi un millón de personas que está de baja por incapacidad y también cobra del Estado.

El Gobierno también ha querido contentar a otros colectivos como los autónomos. Les ha mantenido las cotizaciones sociales mientras se sigue negociando con ellos, después de que se rebelaran ante la subida que se anunció.

Estas medidas electoralistas se añaden a otras que también se aprobaron ayer, como la del abono único para trenes de cercanías y media distancia y autobuses de largo recorrido. Estas dos medidas y la prórroga de todos los descuentos de transporte vigente este año tendrán un coste de 1.371 millones de euros.

Una economía con futuro incierto

El Gobierno trata de satisfacer a todos los colectivos que puede para pescar votos, pero un buen número de economistas ve difícil que este modelo pueda sostenerse. «Así el país no puede ir bien: si a los que no trabajan les va mejor que a los que no trabajan... Una economía no puede funcionar así», señala José Carlos Díez en la entrevista a la que se puede acceder pulsando bajo estas líneas.

«Solo lo que vamos a gastar este año en aumento de pensiones es más que todo lo que gastan el Estado y todas las administraciones en vivienda pública asequible», añade. Por otra parte, «están todos los días con si habrá pensión para los baby boomers -los nacidos aproximadamente entre 1957 y 1977-. Creo que la habrá, pero va a bajar. La pensión recibida sobre el último salario recibido está en torno al 80 % en España. En Francia y Alemania están en el 50 %. Tendremos que bajar al 50 % en los próximos cinco años, con sangre, sudor y lágrimas. Si lo hiciéramos de manera ordenada, sería mejor, pero lo haremos a lo bestia», agrega.

La última reforma de las pensiones que realizó José Luis Escrivá no convenció a nadie, y los expertos ven que solo se están poniendo parches a un sistema de pensiones que necesita una buena reforma para garantizar su continuidad en buenas condiciones.