El fondo soberano, otra cortina de humo para disimular la falta de proyecto de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Spain Investors Day la creación de un supuesto fondo soberano de 10.500 millones de euros con fondos Next Generation. Sin embargo, la naturaleza de su financiación y su dependencia del Ejecutivo chocan con la definición habitual de estos vehículos de gestión de riqueza, concebidos como instrumentos estatales para invertir a largo plazo.

Mientras los grandes fondos soberanos del mundo se nutren del ahorro, el proyecto «España Crece» nace de capital prestado por la Unión Europea, donde España ha destacado hasta ahora por su «ínfimo grado de ejecución».

Técnicamente, un fondo soberano no surge de una línea de crédito ni de deuda sobrevenida. Según Andrew Rozanov, el experto de State Street Global Advisors que popularizó el término, estos vehículos son «un subproducto de los superávit presupuestarios nacionales, acumulados a lo largo de los años debido a posiciones macroeconómicas, comerciales y fiscales favorables, sumadas a una planificación presupuestaria a largo plazo y a la restricción del gasto».

Por su parte, el International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) define a estos fondos como «vehículos de inversión propiedad del Estado que gestionan la riqueza nacional para objetivos a largo plazo», tradicionalmente enfocados en la preservación del patrimonio para generaciones futuras. El 2025 Sovereign Impact Report explica que estos instrumentos fueron «diseñados inicialmente para gestionar el exceso de ingresos procedentes de los recursos naturales o de los superávit comerciales».

Es decir, los fondos soberanos auténticos operan sobre la base del ahorro y la estabilidad macroeconómica, y no sobre la ejecución de préstamos de terceros. Con un déficit estructural desde 2008 y tras tres años se capaz de aprobar unos presupuestos, Sánchez pretende crear un vehículo de inversión con dinero prestado.

Aunque el Gobierno busca encajarlo como un Fondo de Inversión Estratégica (SIF), estos requieren un mandato de double bottom-line que genere, simultáneamente, retornos financieros y desarrollo económico doméstico. Pero incluso en estos casos, la clave es la profesionalidad.

Estos fondos exigen la «clara separación entre la autoridad política y la toma de decisiones de inversión» para ser eficaces. Es decir, deben ser independientes de los gobiernos para evitar que un eventual cambio altere su estrategia, y para generar la confianza necesaria para atraer capital privado.

Gestión del ICO

El anuncio de que la gestión de «España Crece» recaerá en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) compromete esa gobernanza. Los expertos subrayan que los fondos exitosos deben ser «gestionados por un equipo interno de profesionales de la inversión» y que su junta directiva debe operar «independientemente para asegurar la ejecución técnica y estratégica». Poner un supuesto «fondo soberano» bajo la órbita de un organismo público como el ICO lo convierte más en una extensión de la política fiscal del Ejecutivo.

Además, el fondo se nutrirá de recursos Next Generation, que España dejará de recibir este año. Reciclar capital europeo que el Estado no ha sido capaz de ejecutar y rebautizarlo con un nombre pomposo es una operación de marketing que ignora la disciplina necesaria en este sector.

Una gota en el océano

Por otro lado, la cifra de 10.500 millones anunciada por el Ejecutivo es una cuantía marginal. En la actualidad, los activos bajo gestión de los fondos soberanos en todo el mundo superan los 13 billones de dólares.

El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega –el más grande del mundo– gestiona activos por valor de dos billones de dólares, mientras que China cuenta con dos por encima del billón, según el Sovereign Wealth Fund Institute.

Incluso países con un PIB mucho menor que el español cuentan con instrumentos más potentes. Etiopía, por ejemplo, gestiona un fondo soberano de 46.000 millones de dólares.

Apalancamiento

Sánchez pretende que el remanente europeo actúe como un multiplicador milagroso para movilizar 120.000 millones de euros. Sin embargo, sin una base de capital real y propia, esta proyección de apalancamiento de 11 a 1 se antoja más una fantasía política que una realidad de mercado.

Sin superávit presupuestario, con un gestor dependiente del poder político y fondos con fecha de caducidad, «España Crece» corre el riesgo de ser solo una ventanilla de crédito político, muy lejos de la liga de los fondos que realmente administran la riqueza de las naciones.