Noruega lleva años aplicando un sistema muy flexible
El modelo de pensiones de Noruega que España debería copiar cuanto antes
El país escandinavo ha blindado su bienestar futuro mediante una arquitectura mixta de tres pilares que diversifica el riesgo
Mientras el sistema español de la Seguridad Social afronta una tensión financiera creciente, con un gasto que ya oscila en torno al 12 % del PIB y proyecciones que apuntan a un encarecimiento progresivo por el envejecimiento poblacional, los expertos internacionales vuelven a señalar a Noruega como el paradigma de la sostenibilidad.
A diferencia de España, que fía la solvencia de las jubilaciones casi exclusivamente al modelo de reparto (las cotizaciones de los trabajadores activos pagan las nóminas de los pasivos), el país escandinavo ha blindado su bienestar futuro mediante una arquitectura mixta de tres pilares que diversifica el riesgo.
La gran diferencia estructural radica en que Oslo no depende únicamente de la recaudación mensual para sostener a sus mayores. El modelo noruego combina una pensión pública básica —que actúa como red de seguridad estatal— con un sistema obligatorio de capitalización empresarial.
Allí, los planes de pensiones privados no son un producto de lujo o voluntario, sino una imposición legal a las empresas, garantizando que cada trabajador acumule una bolsa de ahorro propia gestionada profesionalmente, al margen de los vaivenes políticos o presupuestarios.
A esto se suma el célebre Fondo Soberano, una herramienta de inversión global que inyecta los excedentes del petróleo en los mercados internacionales para generar rendimientos a largo plazo, prohibiendo por ley el uso del capital principal para cubrir déficits coyunturales.
La clave de su éxito
Sin embargo, más allá de la ingeniería financiera, la clave del éxito noruego reside en su flexibilidad laboral. Mientras España mantiene trabas burocráticas y penalizaciones para compatibilizar salario y jubilación, Noruega permite cobrar el 100 % de la pensión y seguir trabajando sin recortes.
Esta política de incentivos ha disparado la tasa de empleo entre los 55 y los 64 años por encima del 70 % —frente al 47 % español—, logrando una tasa de sustitución elevada (el jubilado mantiene cerca del 66 % de su poder adquisitivo previo) y aliviando la carga sobre las arcas públicas al mantener a los séniors como contribuyentes activos y no solo como receptores de rentas.
