El Gobierno ultima una norma que obliga a las entidades a devolver los fondos europeos que no han utilizado

El Gobierno busca crear un marco normativo que obligue tanto a las empresas privadas como a las administraciones públicas que no hayan gastado los fondos europeos, o que estén mal justificados, a devolverlos. Una iniciativa, adelantada por El Economista, que está siendo capitaneada por el Ministerio de Hacienda.

La cartera dirigida por María Jesús Montero sacó el pasado 31 de enero a audiencia el borrador de la orden por la que «se regulan las causas y especialidades del procedimiento de reintegro de los fondos recibidos». El objetivo de esta regulación es garantizar «la oportuna transparencia de los procedimientos y la protección de los intereses del erario».

Hacienda recuerda que los fondos que se integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «solo podrán ejecutarse con la finalidad de financiar actuaciones que resulten elegibles conforme a su marco regulatorio». Es por ello que, «en caso de no realizarse el gasto» o «en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos» se deberán reintegrar las cantidades recibidas.

La norma contempla las razones por las que se podrá exigir el reintegro, de manera total o parcial, de las cantidades entregadas. Entre ellas se encuentra la «no realización de un proyecto, un subproyecto, un subproyecto instrumental o una línea de acción determinada». También se deberá devolver el dinero cuando se haya producido «un incumplimiento total o parcial de los hitos y objetivos previstos».

La administración que haya iniciado el procedimiento de concesión de los fondos, será la encargada de iniciar el «procedimiento administrativo de reintegro». Aunque también lo podrá abrir, «la persona titular de la Subsecretaría del departamento ministerial responsable del Componente en el que se encuadre el proyecto; la persona titular de la Secretaría General de Fondos Europeos; y la persona titular de la Intervención General de la Administración del Estado».

La entidad a la que le corresponda ejecutar el reintegro deberá entregar los fondos percibidos al Tesoro Público.

Todos los interesados podrán presentar alegaciones hasta el 10 de febrero. Una vez que termine este plazo y se apruebe, se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Al día siguiente de su publicación, esta orden entrará en vigor.

La mitad sin ejecutarse

A pocos meses de que finalice el programa NextGenerationEU, casi la mitad de los fondos europeos siguen sin utilizarse. En concreto, el 42 % de los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) permanece pendiente de ejecución, lo que equivale a más de 270.000 millones de euros por desembolsar hasta finales de 2026, según el último análisis de la aseguradora de crédito Coface.

Aunque países como Grecia, Croacia, Italia o Portugal han avanzado con mayor rapidez en los desembolsos, su impacto se está viendo limitado por los cuellos de botella administrativos y la capacidad de ejecución de muchos Estados miembros. A ello se suman los cambios de contexto derivados de la guerra en Ucrania, la crisis energética y el repunte de la inflación, que han ralentizado la puesta en marcha de proyectos.

En el caso de España, el informe destaca que el Gobierno ha anunciado que renunciará a 67.000 millones de euros de los 83.000 millones disponibles al considerar que su mejora del perfil crediticio le permite financiarse en los mercados en condiciones más favorables. Esta decisión reduce el volumen total de recursos europeos que finalmente se canalizarán hacia la economía española.