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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar PuenteEuropa Press

Puente no evita la huelga de maquinistas por las diferencias en seguridad y mantenimiento

El dirigente socialista se ha reunido tres veces en una semana con los sindicatos

Los paros en el ferrocarril español se desarrollan desde este lunes 9 de febrero y lo harán hasta el miércoles 11. La perturbación del servicio habitual se produce después de que un total de 47 personas perdieran la vida como consecuencia de dos accidentes sucedidos en menos de 48 horas en España.

El primero de los siniestros se produjo en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del descarrilamiento de un tren de la operadora de alta velocidad Iryo que circulaba desde Málaga a Madrid. 46 personas fallecieron tras este impacto, mientras que la víctima número 47 de este enero trágico para el ferrocarril nacional llegó después de que un muro cediera e invadiese la vía de cercanías en Gélida (Barcelona).

La sensación de vulnerabilidad invadió al sector ferroviario, que convocó una huelga total para exigir que se recuperen los estándares de seguridad. La huelga está convocada para todo el personal, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. La movilización, convocada por sindicatos mayoritarios del sector ferroviario (Semaf, CCOO y UGT), cuenta también con el respaldo de CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que pese a no estar en las negociaciones, apoyan los paros.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha liderado las acciones para tratar de frenar las protestas. El dirigente socialista, acompañado por los presidentes de Adif, Pedro Marco, y Renfe, Álvaro Fernández Heredia, además de otros altos cargos, se ha reunido tres veces en una semana con los sindicatos. Puente habría tratado de convencer a los maquinistas con mejoras laborales, pero los sindicatos han insistido en que se trata de un conflicto de seguridad, por lo que los esfuerzos del ministro han resultado insuficientes.

Según han indicado fuentes ministeriales a EFE, desde el Gobierno han permanecido «abiertos al diálogo» durante el fin de semana, aunque la última reunión formal entre el Ejecutivo y los sindicatos se produjo el viernes 6 de febrero, cuando los ferroviarios la valoraron como «mejor enfocada», pero lejos de concretarse un entendimiento por las diferencias sobre seguridad y mantenimiento del sistema.

Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en los servicios de alta velocidad y larga distancia (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias); del 75 %, en horario punta y del 50 %, en el resto del día en los de cercanías; del 65 %, en los de media distancia, y del 21 %, en los de mercancías.

Renfe, Ouigo e Iryo han cancelado, en el conjunto de las tres operadoras, la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad. De los 995 trenes de alta velocidad y larga distancia programados por Renfe para los próximos 9, 10 y 11 de febrero, circularán 723 y se suprimen 272. En el caso de Ouigo, de los 110 trenes previstos, circularán 80 y 30 quedan cancelados, en tanto que Iryo operará 90 de un total de 124 programados, sin garantizar la circulación de los 34 restantes.

El último día de huelga coincide con la comparecencia por petición propia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre lo sucedido en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sigue trabajando en la investigación de las causas del descarrilamiento del Iryo, un tren fabricado en la planta italiana de la japonesa Hitachi, del que el ministro Puente descartó fallos en los primeros días.

También excluida la posibilidad de un error humano, las investigaciones se centran sobre todo en la soldadura entre raíles y en chequear si haber soldado aceros antiguos (de vías que llevan en uso desde 1992, año de inauguración de la alta velocidad española) con otros nuevos, de 2023, puede estar en el origen del descarrilamiento.

El Gobierno, a través de Puente, ha defendido en sus dos comparecencias en el Senado y el Congreso que unir esos dos tipos de acero distintos no tiene por qué ser la causa, tesis que también maneja el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón.

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