Yolanda Díaz, una segunda dimisión en fijo-discontinuo para rematar una legislatura fracasada
La ministra de Trabajo ha descoyuntado el diálogo social mientras ha regado a los sindicatos con cifras récord de dinero público
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
El yolandismo se va, pero aún se quedará unos meses más, hasta que la extravagante legislatura que empezó en julio del 23 acabe tomando conciencia, ya por las bravas, de que nació muerta. Otro me-voy-pero-me-quedo de quien ya anunciara en 2024 que dejaba la dirección de Sumar sin renunciar a ninguno de sus cargos en el Gobierno.
En esta legislatura, Yolanda Díaz (Fene, La Coruña, 1971) ha contado sus iniciativas por fracasos. No logró sacar adelante la reducción de jornada en la que empeñó su capital político. Ni siquiera ha sido capaz de que su socio de Gobierno acepte endurecer el registro horario, la herramienta con la que amenazó a los empresarios, con los que ha roto todos los puentes, llegando incluso a la confrontación personal con el líder de CEOE, Antonio Garamendi.
En cambio, ha otorgado a los sindicatos un papel preponderante en el diálogo social, y de paso los ha regado con cifras récord de dinero público, multiplicándoles por cuatro las subvenciones.
En el haber de Díaz, queda eso sí la subida del salario mínimo, que el Gobierno solo tiene que aprobar consigo mismo por Real Decreto. Un incremento que cuesta anualmente a las empresas 1.660 millones; que ha destruido más de 200.000 empleos desde 2018 en el campo y el hogar, los sectores más directamente impactados, y que perjudica a los trabajadores cualificados, como admiten incluso los expertos del Ministerio de Trabajo.
Díaz sí puede presumir de que la reforma laboral de 2022 lleve su firma. Aquella salió adelante por un único voto, el equívoco del diputado popular Alberto Casero, que evitó que Díaz tuviera que cumplir su promesa de dimitir tan solo dos años después de llegar al cargo.
Pero su aprobación también permitió constatar que aquello tan cacareado de «derogaremos la reforma laboral de Rajoy» apenas quedó en una suerte de contrarreforma light. Ni elevó las indemnizaciones por despido ni cambió aspectos troncales de las relaciones laborales, más allá de potenciar la figura del fijo-discontinuo hasta desquiciar en buena medida las estadísticas. Un ejemplo: en enero había más gente cobrando del paro que parados en diez provincias, y si no me creen, lo pueden consultar ustedes mismos en las estadísticas de Trabajo. Empleados, eso sí, que pueden presumir de tener un contrato indefinido.
Queda, pues, la Ley Rider, que quedó sin aplicación práctica hasta que el Gobierno introdujo en el Código Penal un castigo a los dueños de las plataformas para amenazarlos con la cárcel. Entonces ya sí, la norma funcionó, pero el sector regulado se hundió: ahora faltan riders, los que quedan cobran menos y los restaurantes tienen problemas para cubrir la demanda en las horas pico. Todo un sector destruido a golpe de Ley, un ejemplo de seis años de hacer las cosas con guante de seda pero puño de hierro.
