La subida del SMI deja a las empresas un coste adicional de más de 1.660 millones al año

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta semana el real decreto que incluye el incremento del 3,1 % en el salario mínimo interprofesional (SMI), que se sitúa en 2026 en los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Este año volverá a estar exento de tributación para los trabajadores, pero no así para las empresas, a quienes supondrá una factura adicional de unos 1.660 millones de euros al año.

En términos brutos, la subida supone unos 504 euros por empleado. Sin embargo, el coste real para las empresas es superior, ya que, además del salario, deben abonar las cotizaciones sociales correspondientes. Solo en contingencias comunes, la empresa aporta un 23,6 %, a lo que se suman desempleo, formación profesional y la cotización por accidentes de trabajo, que varía según la actividad –no es lo mismo una mina que una oficina–. Los expertos sitúan la media de cotización que paga la empresa entre el 30 % y el 32 % del bruto anual.

Aplicado al SMI, esos 504 euros adicionales generan entre 150 y 160 euros aproximadamente en cotizaciones. El resultado es un coste total adicional de entre 655,2 y 665,3 euros por trabajador. En términos mensuales, una subida de 37 euros netos para el empleado implica para la empresa un desembolso que ronda los 55-60 euros, dependiendo del sector.

UGT cifra en más de 2,5 millones los trabajadores directamente beneficiados por la medida, lo que representa el 12,9 % del total de asalariados. Si se multiplica el coste adicional estimado –665 euros anuales– por ese volumen, la factura supera los 1.663 millones de euros al año.

La cifra, no obstante, podría quedarse corta. La Agencia Tributaria reconoce en su análisis de las estadísticas salariales que el modelo 190, del que se extraen los datos, «no tiene una marca que permita identificar con exactitud» a los perceptores del SMI. Además, las distribuciones se elaboran tomando como referencia el salario mínimo anual a jornada completa, lo que dificulta ubicar a trabajadores con jornada parcial.

A ello se suma un tercer asunto. Los empleados que cobran el SMI pueden percibir complementos adicionales –nocturnidad, peligrosidad o turnicidad– que los desplazan en la distribución salarial por encima del umbral exacto del mínimo legal. En la práctica, pueden depender del SMI, pero estadísticamente no figuran como tales.

Agrupamiento salarial

«El SMI ya rige el salario de gran parte de los trabajadores en España», explica José Plaza, responsable de Product Compliance de Payfit. El problema surge cuando el aumento del «suelo» salarial no va acompañado de subidas proporcionales en categorías superiores. «Se está reduciendo la diferencia salarial entre categorías», añade.

En algunos sectores, explica, puede ocurrir que un peón industrial cobre el SMI por ser superior al salario fijado en su convenio provincial, mientras que su encargado o un técnico administrativo perciba una cuantía muy similar si la empresa no ajusta las escalas. «Si sube tanto el suelo salarial, pero no las categorías superiores en el mismo porcentaje, alguien con menor impacto en el negocio acaba teniendo una diferencia mínima respecto a perfiles cualificados», comenta Plaza.

El propio comité de expertos del Ministerio de Trabajo ya alertó en su último informe de que la proporción de trabajadores concentrados en torno al salario mínimo es cada vez mayor, un fenómeno conocido como bunching o agrupamiento salarial. También destacó que «una parte significativa de los convenios colectivos fija salarios mínimos inferiores al SMI legal», convirtiendo al Estado, de facto, en el regulador de las rentas.

Productividad estancada

El debate no es nuevo. Desde 2018, el SMI ha pasado de 735 euros mensuales a 1.221 euros, un incremento acumulado superior al 66 %, y los expertos de Trabajo reconocen que ese crecimiento se ha situado «claramente por encima» del avance de la productividad aparente del trabajo.

Su impacto, además, no es homogéneo. Las grandes compañías con mayor margen pueden absorber mejor el incremento, mientras que para las pequeñas y medianas empresas, el ajuste es más complejo.

«El problema no lo tiene la gran corporación, lo tienen las pymes», sostiene Plaza. Las empresas de menos de 50 o 100 trabajadores, que conforman la inmensa mayoría del tejido productivo, son las que concentran buena parte del empleo en los tramos salariales más bajos. «La pequeña empresa está cada vez más ahogada por los costes laborales», concluye.