De trabajar desde los 14 años a perder el 24 % de la pensión: «Nos obligaron a jubilarnos y ahora nos castigan de por vida»

Cotizó durante 47 años, empezó a trabajar con 14 y, sin embargo, su pensión arrastra una penalización permanente del 24 %. Santiago Menchero, portavoz de Asjubi40, es la cara visible de un colectivo que lleva años denunciando la aplicación de coeficientes reductores a quienes superaron ampliamente los años exigidos para cobrar el 100 % de la prestación.

La asociación cifra en 900.000 las personas afectadas por estas jubilaciones anticipadas, muchas de ellas producidas tras un despido o una situación de desempleo en la recta final de la vida laboral. El Congreso aprobó una moción sin votos en contra instando a revisar el sistema, pero el Gobierno no ha desarrollado ninguna norma para eliminar las penalizaciones.

Menchero reclama ahora un decreto ley «urgente» y advierte de que detrás del debate técnico sobre sostenibilidad hay miles de familias con pensiones de 800 o 900 euros mensuales que, sostiene, «ya pagaron de sobra su jubilación».

–Hace unos meses me contaba su caso, que es el de muchas personas de la asociación: tiene 73 años, empezó a trabajar muy joven y, con sesenta y pocos, se vio forzado a jubilarse. ¿En qué se tradujo eso en su pensión?

–Se traduce en un castigo que nosotros llamamos «cadena perpetua», porque nos aplican unos coeficientes reductores de por vida. Como bien dice, yo he trabajado desde los 14 años hasta los 61. Estuve en el paro y a los 61 años me tuve que jubilar obligado porque, en aquella época, si tu pensión era un euro más de lo que te pagaban por el desempleo, te obligaban a jubilarte. Por ello, me penalizan con un 24 % después de haber trabajado y cotizado durante 47 años. Creemos que esto es una injusticia. En mi caso estamos 900.000 personas con largas carreras de cotización que empezaron a trabajar muy jóvenes. Son hombres y mujeres que comenzaron a edades, como los 14 años, a las que hoy es imposible empezar para tener tantos años cotizados.

–¿Cómo era aquella España cuando usted y tanta otra gente de 14 o 16 años empezaron a trabajar?

–Aquella España no es como la que conocemos ahora; la actual la hemos forjado quienes estuvimos trabajando desde los 14 años. Era una época muy dura, con jornadas de diez horas de lunes a sábado; era lo que había. Los que podían, estudiaban por la noche para sacar unos estudios adelante y tener una vida mejor. Yo entré a trabajar como botones en una empresa y allí hice prácticamente toda mi carrera laboral. Ahora tenemos una España donde nuestros hijos pueden disfrutar de cosas que nosotros no tuvimos.

–El Estado establece 38 años y 3 meses de cotización como máximo para alcanzar la jubilación íntegra. Sin embargo, se penaliza a quienes han cotizado, como en su caso, 40, 45 o 47 años por jubilarse anticipadamente. ¿Cómo se explica que una persona con estos años de cotización sufra un recorte en su pensión?

–Esas explicaciones se las hemos pedido a los diferentes gobiernos, reclamando que se acaben los coeficientes reductores. No entendemos que alguien que empezó a trabajar con 14 años cargue con una mochila de cuarenta y tantos años trabajados. Hoy en día no hay personas que puedan llegar a cotizar tanto tiempo porque empiezan muy tarde a trabajar. Es totalmente injusto que, habiendo cotizado lo suficiente para tener derecho al 100 % de nuestra pensión, se nos penalice. Incluso se dan casos de personas que se jubilan con 26 años trabajados y tienen el mismo porcentaje de pensión que yo, un 74 %, tras haber cotizado 47 años.

No pedimos retroactividad, sino que en el momento en que salga la ley se nos eliminen los coeficientes reductores

En Europa se tiene en cuenta a quienes empezaron a trabajar a los 14, 15 o 16 años para no penalizarles. En España llevo 12 años pidiendo que desaparezcan los coeficientes reductores porque hemos pagado de sobra nuestra pensión para cobrarla al completo. De alguna forma, se ha reconocido que personas con largas cotizaciones tengan derecho a jubilarse anticipadamente a los 65 años con el 100 %, pero en nuestro caso no nos lo reconocen. Estamos pidiendo que se desarrolle una ley o un decreto ley para que esto se subsane, basándonos en una moción aprobada en el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra. El propio presidente del Gobierno y la ministra Elma Saiz dijeron querer solucionar problemas sociales sin tener que llevarlos a votación en el pleno, y lo nuestro ya se ha votado. Lo lógico es que se acabe con este castigo. No pedimos retroactividad, sino que en el momento en que salga la ley se nos eliminen los coeficientes reductores.

–La ministra de Seguridad Social está abriendo la mano con trabajos considerados «especialmente duros en los últimos años de vida laboral». También se benefician de esta situación los funcionarios de las clases pasivas. ¿Por qué esa persistencia contra su colectivo?

–Sobre la dureza en el trabajo, creo que no hay nada más duro que haber empezado a los 14 años y cotizado más de 40 o 47 años. No entendemos la discriminación respecto a las clases pasivas, que pueden jubilarse a los 60 años con 35 años cotizados. Además, hay otros colectivos como toreros, artistas o conductores de tren que pueden acogerse al 100 % de la pensión jubilándose anticipadamente con menos años cotizados. En una reunión con Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social, se lo planteamos. Él mismo pertenece a las clases pasivas y reconoció que teníamos razón. Pues si tenemos razón, que se aplique el cuento.

No entendemos por qué quienes deben defender a los pensionistas perjudicados no se prestan a ello

Queremos que esto se solucione antes de que acabe el año o el verano, porque mucha gente está muriendo mientras espera. Llevo 12 años luchando por esta justicia y hemos entregado dosieres que demuestran el agravio con los 900.000 afectados. Nos duele que sindicatos como UGT, que al principio nos apoyaba, hayan dejado de hacerlo, y que Comisiones Obreras tampoco quiera saber nada. No entendemos por qué quienes deben defender a los pensionistas perjudicados no se prestan a ello. Estamos hablando de personas con pensiones de 800 o 900 euros para las que eliminar estos coeficientes sería una gran ayuda para subsistir.

–Europa ha exigido a España que tome medidas y usted mencionaba la moción en el Congreso, pero sigue sin haber movimientos. ¿Es un problema económico por la cuantía de la eliminación de esos coeficientes o es desinterés político hacia un colectivo que, al no pertenecer a un sector concreto, se ve penalizado?

–En las reuniones, el secretario de Estado y otros políticos siempre usan el comodín de que «no hay dinero» o que es muy caro. No entendemos que se ponga precio a corregir una injusticia. He propuesto una posibilidad muy fácil: hemos presentado proposiciones no de ley en las 17 comunidades autónomas y se han aprobado en 16 de ellas. Si de los Presupuestos Generales del Estado se destinara una cantidad, que sería insignificante repartida entre las comunidades, se solucionaría este problema. Además, somos un colectivo en extinción; pronto habrá poca gente con 40 años cotizados. Los políticos han sido elegidos para solucionar los problemas de la sociedad, no para poner pegas. Lo nuestro es cuestión de voluntad política.

La única forma de agilizar esto es mediante un decreto ley, que es lo más sencillo

En Europa se le han sacado los colores al Gobierno de España. Le han pedido información ante las quejas de casi 2.000 personas que presentamos una demanda por la aplicación injusta de estos coeficientes. Europa ha llamado la atención al Gobierno y le ha pedido explicaciones. El problema es que todo va muy lento. La única forma de agilizar esto es mediante un decreto ley, que es lo más sencillo y lo que el propio Pedro Sánchez ha sugerido para temas sociales. ¿Qué hay más social que algo que afecta a 900.000 familias con derecho a voto?

–¿La Seguridad Social ha cuantificado cuánto costaría regularizar su situación?

–Ellos dicen que no lo saben y se limitan a decir que cuesta mucho para justificarse. Nosotros sí lo hemos cuantificado y les hemos demostrado que, en muy pocos años, ese coste desaparecería. No se debe cuantificar el coste de acabar con una «cadena perpetua» impuesta tras haber cotizado más de 45 años. Ya hemos pagado de sobra nuestras pensiones. Queremos un trato igualitario; no pedimos que se les quite nada a otros colectivos, sino tener el mismo derecho que ellos tienen con menos años cotizados.

Yo habría trabajado hasta los 65 años, pero estando en el paro era imposible, como para otras 900.000 personas. Pedimos esto para las jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias, ya que muchas «voluntarias» se producen por problemas médicos o de la empresa y no deberían considerarse así. El propio Partido Socialista votó a favor de la moción, por lo que no entendemos por qué no desarrolla ya la ley.

–Si el Gobierno no da pasos hacia ese decreto ley que piden, ¿se plantean algún tipo de movilización?

–Siempre contemplamos las movilizaciones y concentraciones frente al Congreso de los Diputados. Nuestra hoja de ruta es volver a insistir a todos los partidos políticos para que se desarrolle lo ya aprobado; esto podría solucionarse en una semana. Si no se lleva a cabo, informaremos sobre qué partidos nos apoyan y cuáles no de cara a las próximas elecciones, ya sean autonómicas o nacionales. El voto de 900.000 familias es muy importante. No es una amenaza, es que nos obligan.