Indra busca un precio «socialmente razonable» para justificar la compra de Escribano

La compra de la empresa familiar del presidente de Indra (Escribano) por parte de la propia Indra y por 2.000 millones de euros (cuando hace cuatro años se valoraba en 100 millones) ha sido una de las posibilidades más criticadas de los últimos meses, y sigue sin cerrarse.

Ahora la compañía busca un precio «socialmente razonable», según ha sabido El Debate de fuentes conocedoras, y de ello depende en buena medida que la compra pueda salir adelante. La valoración tendrán que hacerla cinco o seis bancos, y se espera que la aprobación se obtenga como muy tarde en junio, que es cuando se celebra la junta de accionistas de la compañía.

La alternativa a que Indra no compre Escribano podría ser que la comprara una empresa extranjera

Entre los promotores de esta idea se admite que quizá el precio del que se ha estado hablando no se ha explicado bien y no se entiende, puede que con razón, a nivel general, pero también se preguntan cuál es la alternativa a que no se compre Escribano. Escribano es una empresa que fabrica estaciones de armas para buques y blindados que complementaría a Indra, pues es un producto que la multinacional no fabrica, y que encajaría en la que se pretende que sea la empresa referente española en Defensa.

Estiman que, si no se compra Escribano, podría hacerlo otro gigante de la defensa, por ejemplo la alemana Rheinmettal o la italiana Leonardo, y que entonces la inversión en defensa en su terreno se irá para aquellos países.

En cualquier caso, fuentes del sector consideran clave que se decida con claridad y rapidez qué se quiere hacer con Indra, y si se quiere apostar de verdad por el sector de la Defensa, porque los próximos cuatro o cinco años son cruciales para obtener contratos relacionados con este negocio.

Para encarrilar esa decisión, se ve muy importante que haya un consenso no solo con el Gobierno actual, sino también con el PP, que es posible que pase a ocupar el poder el año que viene. Vox está convencido de la necesidad de una empresa española fuerte en el sector de Defensa, según fuentes conocedoras.

Se busca el consenso con el PP para que el futuro de Indra no dependa de quién gobierna

Mientras todo esto ocurre, el negocio de Indra sigue avanzando. Alimentado en buena medida por los contratos del Ministerio de Defensa, en 2025 ha presentado unos resultados muy buenos: 436 millones de beneficio neto, un 57 % más que en 2024; 5.457 millones de facturación, un 13 % más; y 16.083 millones en la cartera de pedidos, nada menos que un 122 % de incremento respecto al año anterior.

Indra vende en más de cien países, en donde se impone por su capacidad de innovación, y trabaja en proyectos tan importantes como el contrato de 1.000 millones para gestionar todo el sistema de billetes de transportes en Londres, que en principio se anunciará de forma definitiva en dos semanas —estaba pendiente de una demanda judicial que no prosperará—, o la renovación de los radares de tráfico aéreo en Estados Unidos.

Indra no nota de momento el enfrentamiento entre Trump y Pedro Sánchez en su negocio en Estados Unidos, en donde trabaja desde hace más de veinte años y tiene una fábrica de radares de tráfico aéreo y sistemas de vigilancia para la Administración Federal de Aviación (FAA).

La compañía tiene problemas en España con los dos recursos que le ha puesto su competidor Santa Bárbara, filial de la estadounidense General Dynamics. El recurso de alzada que le ha impuesto el Ministerio de Defensa contra las adjudicaciones de más de 7.000 millones de euros de los programas de modernización de artillería ATP Ruedas y ATP Cadenas debería decidirse como tarde el 22 de abril, noventa días después de que se planteara. Si Defensa desestima el recurso, los americanos recurrirán ante la Audiencia Nacional.

Además, mantiene un recurso ante el Tribunal Supremo contra los 3.000 millones en créditos que se concedieron a Indra al 0 % de interés para que desarrollaran los nuevos programas de artillería autopropulsada (ATP) sobre ruedas y cadenas para el Ejército de Tierra. Santa Bárbara se queja de que no se les convocara. A diferencia del recurso al Ministerio de Defensa, en este del Supremo no hay fecha para la decisión: decidirá cuando quiera.

En Indra piensan que estos recursos no prosperarán, porque el Ministerio puede adjudicar a quien quiera los contratos de Seguridad y Defensa, de acuerdo con el artículo 346 del Tratamiento de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

En este sentido, en la multinacional están tranquilos, como también lo están con la permanencia de su presidente, Ángel Escribano. Los fondos de inversión accionistas de la compañía le apoyan, y también la fusión por absorción de su empresa familiar. Con ello tiene garantizada, a día de hoy, la mayoría en el consejo de administración y en la junta de accionistas de junio, pero todo puede cambiar, y aquí es donde tendrá que jugar con habilidad el equilibrio con el principal accionista, la SEPI (28 %), y el tercero, Sapa (7,94 %).

Ángel Escribano no tiene intención de cambiar la estructura accionarial, y deja todas las posibilidades abiertas para llegar a un entendimiento. Entre ellas se incluye que él y su hermano Javier, que tienen el 14,3 % de las acciones de Indra, no pasen a ser los primeros accionistas tras la fusión con su empresa familiar, algo que era la principal pega de la SEPI a seguir adelante con la operación.

La situación sigue tensa e incierta en la cúpula de Indra, a pesar del despegue innegable del negocio y de que hasta ahora los accionistas, incluidos la SEPI y Sapa, han aprobado por mayoría todas las decisiones relacionadas con el nombramiento de Ángel Escribano y la fusión con su empresa familiar, algo que podrían no haber hecho. Quizá en el consejo de administración del 25 de marzo se aclare más el futuro, incluido el del consejero delegado, José Vicente de los Mozos, cuya renovación o no será sometida a la votación de la junta de accionistas en junio.