Imagen de archivo de la Selección Española de Fútbol.
Peligro para la selección española de fútbol: podría sufrir embargos por los incumplimientos de España con las renovables
El gobierno sigue sin atender las más de siete condenas que obligan a nuestro país a indemnizar a compañías afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables. Los afectados rastrean las relaciones económicas de La Roja para adoptar medidas compensatorias.
España vuelve a enfrentarse a una escalada judicial internacional por el impago de los laudos de las renovables. Un total de 27 acreedores sigue sin ser resarcido tras la retirada retroactiva de las primas. El conflicto se arrastra desde hace más de una década, y ahora entra en una fase especialmente delicada.
El volumen de la deuda no deja de crecer. Los impagos ascienden ya a 2.306 millones de euros, de los cuales 543 millones corresponden a intereses de demora, costas judiciales y otros recargos derivados precisamente de la negativa del Estado a pagar las indemnizaciones reconocidas por tribunales arbitrales.
En paralelo, la presión judicial en Estados Unidos se intensifica. Los acreedores han logrado ya siete sentencias favorables en tribunales estadounidenses para registrar los laudos, lo que supone que la justicia norteamericana reconoce formalmente a España como deudor. Esto abre la puerta a ejecutar embargos sobre activos vinculados al Estado español en territorio estadounidense.
De hecho, esa fase ya ha comenzado. En el marco del caso que afecta a RREEF (un fondo de inversión alternativa vinculado a Deutsche Bank por el recorte de las primas), con una condena inicial cercana a 40 millones de euros —que se elevan a 74 millones al incluir intereses y costes adicionales—, se han puesto en marcha acciones de rastreo de activos a gran escala.
Estas actuaciones incluyen el envío de decenas de requerimientos judiciales a empresas y entidades con relaciones económicas con España. Según la documentación remitida por los tribunales estadounidenses, se exige información detallada sobre pagos, contratos y vínculos financieros con el Reino de España.
Uno de los entes públicos afectados por esta dinámica es la selección nacional de fútbol y sus distintos organismos asociados. El foco está especialmente en la participación de La Roja en el Mundial de Fútbol de 2026. Los acreedores han dirigido requerimientos judiciales (subpoenas) a compañías como Adidas, cadenas hoteleras como Hilton, operadores logísticos y entidades vinculadas a infraestructuras donde tiene previsto entrenar la selección española, como el complejo Baylor.
El objetivo es identificar flujos económicos susceptibles de embargo. En la práctica, esto significa que los pagos y relaciones comerciales ligados a la participación de España en el Mundial están ahora bajo escrutinio judicial, y podrían ser intervenidos para satisfacer las deudas pendientes.
Los acreedores insisten en que la situación es insostenible y piden una solución negociada que evite un deterioro mayor de la imagen internacional de España. Recuerdan que tribunales superiores de jurisdicciones como Reino Unido, Australia o Singapur ya han fallado en contra del Estado español, consolidando un frente judicial global.
Además, subrayan que los embargos ya son una realidad: la justicia belga mantiene intervenidos 482 millones de euros de activos españoles en procedimientos vinculados a estos mismos impagos.
El conflicto de las renovables, lejos de cerrarse, entra así en una fase de ejecución internacional cada vez más agresiva, con consecuencias que ya alcanzan incluso a la proyección deportiva y reputacional de España en el exterior.
