La verdad del apagón: el Gobierno buscaba hacerse la foto política con la energía solar y la eólica

La electricidad tiene una virtud incómoda: no admite ideologías. Por eso el apagón no fue solo un fallo técnico. Fue, sobre todo, un recordatorio de que la política energética no se puede construir sobre relatos, sino sobre física.

Durante meses, el debate público ha oscilado entre la búsqueda de culpables y la simplificación interesada. Un año después, ya tenemos el diagnóstico técnico definitivo de ENTSO-E, la red europea de operadores eléctricos. Lo que seguimos esperando es la responsabilidad política que ese diagnóstico exige. El informe de los 49 expertos europeos es demoledor por lo que dice y, sobre todo, por lo que desmiente. El apagón no fue una «fatalidad inevitable» ni el «sabotaje» que el Gobierno llegó a sugerir. Fue el resultado de un sistema operando con márgenes de seguridad insuficientes, que acumuló señales de alerta durante horas sin que los mecanismos regulatorios y operativos estuvieran a la altura. El colapso se debió a una desconexión en cascada por deficiencias en el control de tensión y potencia reactiva. En definitiva: el sistema estaba al límite.

Ese matiz es clave. El problema no son las renovables, sino el desprecio por la regulación técnica. Mientras España presumía de récords de instalación, nadie actualizó las «reglas de tráfico» de la red. En 2020, Red Eléctrica solicitó revisar los procedimientos, pero el Ministerio tardó cinco años en aprobarlos, con una puntualidad llamativa: justo después del apagón. El sistema fue incorporando generación no síncrona sin exigirle plenamente las obligaciones técnicas necesarias para sostener la red. Una negligencia regulatoria que priorizó la instalación rápida y barata de energía solar y eólica para la foto política. Al final, lo barato nos ha salido carísimo.

La negligencia regulatoria priorizó la instalación rápida y barata de energía solar y eólica para la foto política

Y la consecuencia más irónica es que la gestión de este Gobierno ha terminado quemando más gas en 2025. Ante la inestabilidad del sistema, Red Eléctrica tuvo que recurrir a los ciclos combinados para aportar la firmeza que las renovables no daban. Cuando la tensión oscila y la red pierde estabilidad, no hay ideología que valga: entran en juego las tecnologías que garantizan inercia y control.

El diseño de un sistema eléctrico responde a decisiones estratégicas: qué tecnologías se priorizan, qué respaldo se mantiene, qué riesgos se aceptan. Y en ese terreno, España ha seguido en los últimos años una hoja de ruta que hoy merece una revisión crítica. Porque no se trata solo de instalar capacidad, sino de integrarla sin comprometer la estabilidad.

El PNIEC apostó por una rápida penetración de renovables sin resolver al mismo ritmo los problemas de respaldo, almacenamiento y estabilidad. El resultado es un sistema más limpio, sí, pero también más frágil en determinados momentos. Un sistema donde la velocidad de despliegue ha ido por delante de la capacidad de integración.

Los datos tras el apagón lo confirman. Entre mayo y octubre de 2025, la producción de gas se disparó un 50% respecto al año anterior. Esto no solo ha incrementado las emisiones de CO2 (un 11% en el sector eléctrico), sino que ha encarecido la factura de los españoles. Es la paradoja de una transición mal acompasada: más renovables instaladas que nunca, pero más dependientes de los combustibles fósiles cuando el sistema pierde estabilidad.

Y aquí se evidencia el descompás de nuestro Gobierno en Europa. Mientras en España se mantiene el calendario de cierre nuclear —una tecnología que aporta en torno al 20% de la generación y estabilidad al sistema—, la Comisión Europea reconoce que marginar la energía nuclear fue un «error estratégico». Teresa Ribera sigue instalada en una contradicción difícil de justificar: defiende en Bruselas lo que desmantela en casa. Una incoherencia que es a la vez política y técnica, pues cerrar capacidad firme sin alternativa equivalente aumenta la vulnerabilidad del sistema. Sustituir energía limpia por ciclos combinados de gas es, sencillamente, un retroceso ambiental y económico.

A esto hay que sumarle una distorsión relevante: España tiene uno de los precios mayoristas más competitivos de Europa gracias a su sol y viento. Sin embargo, el consumidor no lo nota. ¿La razón? La voracidad fiscal. Durante casi todo 2025, el IVA de la luz se mantuvo al 21% y el impuesto especial al 5,11%. Mantener esta presión fiscal hasta marzo de 2026 -cuando se ha reducido al 10%- ha sido un error competitivo de primer orden. A esto se suma el recargo antiapagón que Red Eléctrica oculta bajo unos servicios de ajuste de 23€/MWh. La competitividad energética no se mide solo en el mercado mayorista, sino en la factura final. Y nuestra industria no puede competir si paga más impuestos por su electricidad que sus rivales en Alemania o Francia.

Por eso el próximo paso no es frenar la transición energética, sino hacerla con la cabeza en la física y no con el ojo en las encuestas. El apagón nos ha enseñado que la velocidad de despliegue no puede superar a la capacidad de integración. Sin almacenamiento a gran escala, sin redes reforzadas y sin tecnologías firmes, los gigavatios verdes no son una fortaleza, sino una fragilidad.

Un año después, la pregunta no es qué ocurrió aquel 28 de abril. Eso ya lo sabemos. La pregunta es si hemos aprendido lo suficiente como para que no vuelva a ocurrir. Y ahí, la respuesta aún está por escribirse.