El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá
Escrivá vigilará la lucha antiblanqueo de los bancos en pleno ahogo de la unidad que depende del Banco de España
Encarga a la Dirección General de Conducta Financiera que evalúe por primera vez a las entidades
El Tribunal de Cuentas advirtió recientemente de la necesidad «urgente» de reforzar los recursos del Sepblac
El Banco de España se prepara para estrechar la vigilancia sobre las actuaciones antiblanqueo de los bancos. Un encargo que recaerá sobre la Dirección General de Conducta Financiera del regulador, que hasta la fecha no había evaluado nunca las actuaciones del sector financiero a este respecto.
El gobernador, José Luis Escrivá, considera que «no hay un buen equilibrio entre la protección del consumidor y la protección de sus derechos». Y acusa a las entidades de utilizar «procedimientos de brocha gorda», lo que acaba generando «cierto conflicto». La prioridad del regulador es que las entidades «apliquen el procedimiento de proporcionalidad» en sus actuaciones.
El papel de la AMLA
Las entidades ya se están preparando para un incremento de las exigencias regulatorias y sancionadoras en materia antiblanqueo, derivado de la entrada en funcionamiento de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA). La nueva agencia, con sede en Fráncfort –carrera en la que se impuso ante Madrid– empezará a operar en julio de 2027, y estará a toda máquina en 2028.
Según PwC, las entidades han sufrido en torno a 45.000 millones en sanciones por asuntos antiblanqueo, incluyendo la pérdida de licencia y la resolución de al menos siete entidades por blanqueo de capitales o por no contar con la suficiente infraestructura para combatirlo. En su informe Unión Bancaria, entre la geopolítica y la simplificación, presentado este martes, la consultora sitúa la agenda antiblanqueo como uno de los principales riesgos no financieros que afrontan las entidades.
La nueva prioridad de Escrivá choca no obstante con la situación del Sepblac, el servicio antiblanqueo que depende del Banco de España y del Ministerio de Economía. En un informe publicado el 29 de mayo, el Tribunal de Cuentas resaltó la necesidad «urgente» de reforzar los recursos financieros, humanos y tecnológicos de la unidad.
Según el órgano fiscalizador, aunque el servicio ha visto incrementarse un 28 % el gasto en personal y un 15 % el número de efectivos, la evolución de su actividad se ha situado «muy por encima de la evolución de los recursos». En paralelo, su actividad es cada vez más compleja por la proliferación de criptoactivos, la mayor sofisticación tecnológica y los nuevos requerimientos europeos.
El organismo cuenta con una plantilla de cerca de 150 empleados para supervisar a 1.242 entidades del sector financiero y 26.403 sujetos no financieros. Regulado por una Ley de 2010, el Sepblac integra las funciones de autoridad de supervisión y de inteligencia financiera.
Su régimen económico, presupuestario y de contratación corresponden al Banco de España, aunque depende de la Secretaría de Estado de Economía. También pueden participar la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, además de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
El organismo ha solicitado «reiteradamente desde 2019 la necesidad de incrementar su dotación de recursos humanos (...) pero solo se materializaron 22 de las 36 plazas solicitadas en 2023 y 2024», resalta el Tribunal de Cuentas.
