400.000 requerimientos policiales y el riesgo a otro caso Servinabar, en juego por la ley antiblanqueo de Bolaños

Así como el blanqueo es la base de la corrupción, el entramado societario es la base del blanqueo. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la información de los titulares y movimientos de las sociedades limitadas es clave en las investigaciones por lavado de capitales. Pero ahora, la Ley de Integridad Pública que prepara el Gobierno amenaza con dejar a ciegas a estos investigadores en su trabajo diario contra el blanqueo.

La clave de la reforma que prepara el Ejecutivo es que cambia la forma de oficializar la compraventa de las pequeñas y medianas empresas, que representan prácticamente el 99 % del tejido empresarial de nuestro país. Actualmente, se puede abordar la venta de una empresa a través de un contrato privado, pero el ordenamiento en el ordenamiento jurídico, las participaciones no se inscriben individualmente en el Registro Mercantil. Y aquí es donde se agarra el Gobierno para justificar el cambio.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo señala que el actual sistema, la propiedad de las participaciones se refleja en el libro registro de socios, custodiado por la propia sociedad, sin publicidad registral. Esta situación –continúa la exposición de motivos del texto– genera problemas de falta de transparencia; dificultad para embargar o pignorar participaciones por deudas del socio; y obstáculos para verificar la propiedad efectiva de las participaciones, esto es, de la titularidad real de la sociedad. Esta tesis está apoyada por los registradores, que aseguran que multitud de estas transmisiones quedan hoy en la sombra.

La inmensa mayoría de las compraventas terminan pasando por la notaría porque los empresarios necesitan esa escritura pública para blindarse ante terceros y poder operar con normalidad. La mayoría de estos movimientos societarios se realizan ante notario, que nutre con esa información el Índice Único Informatizado Notarial. Esta gigantesca base de datos es analizada por el Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales (OCP), una institución creada por Pedro Solbes en 2005 en el seno del Consejo General del Notariado.

Además del Índice Único, esta institución se apoya en la identificación del titular real, que permite a las autoridades saber quiénes se ocultan tras una sociedad, incluso en estructuras complejas. También cuenta con una base de datos de Personas con Responsabilidad Pública que incluye, además de los cargos públicos, información sobre familiares o allegados con relación empresarial. En caso de operaciones con indicios de sospecha, es la OCP la encargada –en nombre del notario– de comunicárselo al órgano que corresponda.

Con la nueva medida, al permitir que las empresas se transmitan mediante documentos privados electrónicos enviados de forma directa al Registro Mercantil, esas transacciones dejarán de pasar por las notarías. En consecuencia, el Índice Único se verá 'vaciado' de datos societarios y el OCP se quedará completamente ciego, desactivando uno de los sistemas de control más eficaces de España.

400.000 requerimientos

De acuerdo con los datos del Consejo General del Notario, el OCP ha atendido unos 400.000 requerimientos de jueces, fiscales, policías y otros organismos públicos desde su creación, mientras que las consultas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han pasado de apenas 881 en 2020 a 3.100 en 2024. A esto se suman las miles de consultas del Sepblac –de las que el 80 % acaba judicializándose–, la Agencia Tributaria y las más de 21.000 realizadas por la propia unidad de Análisis del OCP. Si las participaciones comienzan a transmitirse al margen del notario, este flujo vital de información se verá paralizado.

La calidad de esta base de datos fue puesta en valor en 2014 por el Grupo de Acción de Financiera Internacional (GAFI), que incluso reclamó que las sociedades anónimas no cotizadas –más opacas– se sometieran a los mismos controles notariales que las limitadas. Como curiosidad, tras la filtración de este informe, la transformación de sociedades de responsabilidad limitada en sociedades anónima se disparó un 74 %.

Modelos similares

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes –departamento dirigido por Félix Bolaños que ha impulsado el anteproyecto junto a Hacienda– se justifica la eliminación de la escritura pública por la necesidad de adoptar el sistema a modelos similares a países como Reino Unido, Francia, Bélgica o Italia a pesar de que el caso español ha sido puesto como ejemplo en la lucha contra el blanqueo. De hecho, una delegación del Consejo del Notariado italiano viajó recientemente a Madrid para estudiar el modelo español con la intención de importarlo a raíz de las duras críticas recibidas en el informe de la GAFI de 2026.

Desde Interior, Ministerio que se verá más afectado, se han mostrado comprensivos con el problema que supondrá para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esta problemática, pero no se han pronunciado todavía en ninguna dirección. Tampoco ha trascendido ninguna medida, por el momento, entre las formaciones políticas.

«Paraíso para el fraude»

El Colegio de Registradores, por su parte, señala que las críticas de que la ley convertirá a España en un paraíso para el fraude ignoran la incómoda realidad de que nuestro país «ya lo es». Con una economía sumergida que estima entre el 15 % y el 20 % del PIB y nuestra posición como puerta de entrada del narcotráfico, los registradores defienden que la nueva norma reducirá el blanqueo de capitales.

La decana del Colegio, Rosario Jiménez advierte de que el Índice Único Notarial solo registra los actos mediante escritura pública, pero la inmensa mayoría de las compraventas se realizan hoy mediante acuerdos privados opacos que permiten ocultar a los verdaderos titulares tras testaferros. Defiende que los registros son servicios públicos completamente abiertos a las autoridades, y asegura que solo el año pasado canalizaron 60 millones de consultas institucionales, principalmente de Hacienda y la UCO.

Además, recuerda que el documento electrónico propuesto cumple escrupulosamente con el reglamento europeo eIDAS 2, y señala lo «paradójico» que resulta que el notariado defienda el uso de videollamadas para otorgar documentos públicos mientras critica la seguridad del registro online.

Santos Cerdán y Servinabar

Más allá del conflicto entre registradores y notarios, la modificación que plantea la ley llega a un momento en el que la Justicia investiga el uso de un contrato privado por parte del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para convertirse en el propietario del 45 % de Servinabar, empresa que habría canalizado los beneficios de las corruptelas del caso Koldo. Al no haberse elevado nunca a escritura pública, el acuerdo se mantuvo oculto.

El caso Servinabar ha sido utilizado por los registradores como ejemplo de los problemas de opacidad que puede generar el sistema actual. Los notarios, sin embargo, sostienen que situaciones de este tipo podrían corregirse mediante modificaciones puntuales de la Ley de Sociedades de Capital sin necesidad de una reforma de gran alcance que afecta a 18 leyes.