Exteriores del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Un tercio de los préstamos ICO-Covid presenta problemas de pago
La AIReF identifica 7.500 millones de euros en operaciones en mora dentro de los cerca de 24.000 millones de financiación avalada por el Estado que seguían vivos al cierre de 2025
Los préstamos avalados por el Estado durante la pandemia continúan siendo una fuente de riesgo para las cuentas públicas varios años después del estallido de la crisis sanitaria. Así lo advierte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su segunda Opinión sobre Riesgos Fiscales, en la que identifica unos 7.500 millones de euros en operaciones en situación de mora dentro de una cartera de financiación que todavía mantiene un saldo vivo cercano a los 24.000 millones.
El organismo presidido por Inés Olóndriz incluye los avales ICO-Covid entre los principales riesgos fiscales a los que se enfrentan las Administraciones Públicas, junto a factores como las perturbaciones macroeconómicas, los desastres naturales, los litigios judiciales o la situación de determinadas empresas públicas.
La medida fue una de las principales herramientas del Gobierno para sostener la liquidez de empresas y autónomos durante la pandemia. Según el Tribunal de Cuentas, a través de las distintas líneas gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial se formalizaron cerca de 1,2 millones de operaciones en favor de más de 675.000 empresas y autónomos, movilizando más de 140.000 millones de euros en financiación.
Sin embargo, una parte relevante de esos préstamos sigue generando incertidumbre. La AIReF destaca que aproximadamente un tercio del saldo vivo pendiente corresponde ya a operaciones con problemas de pago, lo que mantiene abierta la posibilidad de futuras ejecuciones de avales por parte del Estado.
El organismo recuerda que las garantías públicas constituyen un pasivo contingente. Es decir, no generan gasto presupuestario en el momento de su concesión, pero pueden terminar teniendo un impacto sobre las cuentas públicas si los beneficiarios incumplen sus obligaciones de pago y el aval debe hacerse efectivo. Por ello, la institución considera necesario mantener un seguimiento continuo de su evolución.
El Tribunal de Cuentas constató en su reciente informe de fiscalización que el ICO había desembolsado 2.774 millones de euros por la ejecución de avales hasta junio de 2025. Además, estimó que, si se mantienen las actuales condiciones de ingresos, recuperaciones e impagos, el importe total de los avales abonados podría alcanzar los 6.795 millones de euros.
En ese escenario, el coste final de la medida para las arcas públicas podría situarse en torno a los 3.800 millones de euros, una vez descontados los recursos acumulados en el fondo constituido para hacer frente a estas obligaciones. La AIReF considera que esta exposición justifica mantener los avales entre los principales riesgos fiscales que afrontan actualmente las Administraciones Públicas.
