La secretaria general y candidata del PSN-PSOE, María Chivite, el pasado 1 de abril
El último atropello del Gobierno socialista de Navarra a dos colegios que no acatan la ley Celaá
El Defensor del Pueblo ahora acusa a los centros Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, que ya estaban en el punto de mira del Ejecutivo por separar a los alumnos por sexo, de inflar las notas de bachillerato
El Defensor del Pueblo de Navarra ha acusado a dos centros educativos de la comunidad foral de inflar los resultados de bachillerato.
A raíz de una misteriosa queja recibida en dicha institución, recomienda al departamento de Educación del Ejecutivo autonómico que «vele porque las calificaciones otorgadas» allí «no comprometan los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen en el acceso a la universidad».
Los dos colegios en los que se han detectado «indicios» de «sobrevaloración» son el Miravalles-El Redín e Izaga-Irabia. Ambos ya fueron advertidos por el Gobierno foral que se enfrentaban a la extinción de sus conciertos educativos por, según este, incumplir los requisitos para poder concertar, ya que en su sistema educativo mantienen al alumnado separado por razón de su sexo.
Las dos instituciones educativas alegaron, pero el departamento de Educación contesto que incumplían la disposición adicional 25ª de la LOMLOE, conocida como ley Celaá, que entraba en vigor. Miravalles-El Redín y el Izaga-Irabia han cuestionado el informe del Defensor del Pueblo y la metodología empleada, defendiendo la profesionalidad de sus profesores.
Escarmiento del Defensor del Pueblo
«Nos parece que el método de análisis que se ha seguido en la elaboración del citado informe es discutible. Por ejemplo, correlaciona la media de 17 asignaturas del expediente de bachillerato (9 en el primer curso y 8 en el segundo) con las 4 materias de la fase general de la EvAU. Es obvio que no son aspectos comparables para poder extraer este tipo de conclusiones», se ha defendido uno de los centros.
Y es que el Defensor del Pueblo había realizado un informe tras una supuesta queja para concluir que «a la vista de los resultados registrados, que presentan indicios de sobrevaloración», es preciso recomendar a Educación que «entre a supervisar lo actuado por los colegios a los que se ha hecho referencia».
Para la institución, el departamento de Educación «debería entrar a valorar en profundidad la problemática de fondo que suscita la queja, más allá de que la concreta medida que se solicita pueda no ser aceptada y llevada a cabo».
«Lamentamos que este informe se pueda utilizar para intentar desprestigiar a un modelo educativo que funciona bien, con el que están contentas las familias que lo eligen, que ha ayudado a miles de personas en Navarra y que goza de reconocido prestigio en la Comunidad Foral», ha dicho por su parte Miravalles-El Redín.
Extinción del concierto
La polémica se enmarca en un contexto donde ambos centros educativos se han visto señalados por las instituciones públicas tras la entrada en vigor de la LOMLOE.
Y es que la ley Celaá busca acabar de una vez por todas con aquellos colegios que mantienen a sus alumnos separados por razón de su sexo, y las comunidades que controlan los socialistas o sus aliados se han prestado raudos a iniciar los trámites de extinción de los conciertos.
Al comienzo del actual curso escolar, el Servicio de Inspección Educativa constató que la separación del alumnado supone un incumplimiento de la citada disposición de la nueva ley educativa. Presentadas las alegaciones por ambos centros, la Administración se remitió a la extinción del concierto, aunque se demorará hasta el 31 de agosto de 2023 «atendiendo a razones pedagógicas» y para que el alumnado del presente curso no se vea afectado.
Y es que la ley Celaá busca acabar de una vez por todas con aquellos colegios que mantienen a sus alumnos separados por razón de su sexo, y las comunidades que controlan los socialistas o sus aliados se han prestado raudos a iniciar los trámites de extinción de los conciertos.
Al comienzo del actual curso escolar, el Servicio de Inspección Educativa constató que la separación del alumnado supone un incumplimiento de la citada disposición de la nueva ley educativa. Presentadas las alegaciones por ambos centros, la Administración se remitió a la extinción del concierto, aunque se demorará hasta el 31 de agosto de 2023 «atendiendo a razones pedagógicas» y para que el alumnado del presente curso no se vea afectado.
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