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28 de febrero de 2024

Dos alumnos estudiando de un libro de texto

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Educación

Los libros de texto y la ideologización: España edita miles de manuales que escapan a cualquier supervisión

En España se editan miles de estos manuales cuyos contenidos deciden las editoriales siguiendo las directrices generales de los Gobiernos centrales y los desarrollos curriculares de las autonomías

Tras el escándalo que supuso la publicación, por parte de El Debate, de que un libro de texto de primaria en Andalucía aseguraba que la II República española fue auxiliada por la URSS de Stalin durante la Guerra Civil por compartir su «ideología liberal», la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso aprovechó la inauguración del curso escolar en la región para anunciar que revisará los libros escolares madrileños para que no sean «ideológicos».
Con el objetivo de evitar que entre sus páginas haya «ingeniería social» que adoctrinen a los alumnos de Madrid, la presidenta autonómica ha insistido en que su región firmará convenios con «la Real Academia Española, de Historia, Bellas Artes y Ciencias Exactas» para que les ayuden «recomendando y preparando materiales y actividades acordes a cada edad, para que alumnos, docentes y padres los tengan a su disposición».
Esta nueva propuesta, insistía Ayuso, tiene la prioridad de «velar por la libertad, la pluralidad y la calidad».
Una preocupación, la de Ayuso, que viene de lejos, o al menos, desde la entrada en vigor de la LOMLOE. En 2022, la presidenta madrileña volvió a referirse a esta cuestión en una respuesta parlamentaria al grupo autonómico de Unidas Podemos. «Es la inspección educativa, con funcionarios a la cabeza, los que han de revisar los libros de texto, que mientras yo sea presidenta, estarán libres del adoctrinamiento sectario que ustedes quieren someter a la juventud madrileña y especialmente a las mujeres, a las que quieran someter como un rebaño».

Miles de libros editados

Pero, ¿cómo es posible que aún así haya manuales que permitan que a los ojos de los jóvenes estudiantes lleguen contenidos incorrectos o muy sesgados? Lo cierto es que en España se editan miles y miles de libros de texto y aunque solo unos cuantos son los seleccionados para ser el manual de referencia en un determinado curso académico, parece que entre esta gran cantidad de ejemplares los hay que escapan del control institucional, cuya responsabilidad tampoco parece clara.
Vamos a los números. Según un estudio titulado ‘Evolución anual del número de libros de texto editados en España desde 2006 a 2019’, que apareció en 2020, ese último año que fue objeto de la investigación se editaron hasta 5.776 ejemplares, lo que supuso un incremento de 590 ejemplares respecto al año anterior. (5.185).
Y sin embargo, los años anteriores el asunto era mucho más problemático. En 2009 se alcanzó el cénit de la producción de libros de texto, con 20.998, considerando todos aquellos manuales que se utilizan en las enseñanzas existentes en España como infantil, primaria, secundaria, bachillerato…
En total, miles y miles de manuales publicados con escasa esperanza de vida pero que muchos de ellos continúan en circulación.

Los libros de texto y las comunidades

Llegados a este punto, surgen muchas dudas, ¿a qué organismo público corresponde el control de lo que se publica en los libros de texto?
Desde la llegada de la democracia, la Constitución de 1978 estableció las bases del Estado autonómico y la descentralización, que otorgó a las comunidades las competencias de áreas como la educación.
Tal y como recuerda Miguel Beas Miranda en ‘Los libros de texto y las comunidades autónomas: una pesada Torre de Babel’, las reformas políticas y educativas que vinieron después no modificaron el concepto de supervisión previa y autorización de los libros de texto.
«Este concepto de supervisión previa lleva implícito la previa autorización de los libros de texto y no ha sido regulado de la misma forma por el Ministerio y cada una de las comunidades con competencias en la materia e incluso, puede contravenir algunos principios constitucionales como de la libertad de expresión y la libertad de cátedra». Primer problema: lo que sucede en unas autonomías, no necesariamente es el modus operandi de otras.
Este autor considera que la «dispar interpretación de la supervisión», que implica «un control sobre los libros de texto», ejerce en la práctica «una serie de repercusiones sobre los administrados –profesorado y alumnado– y sobre los autores y editores». En España, es el Gobierno central el que marca las líneas generales con sus leyes educativas, que posteriormente las autonomías desarrollan en los currículos –a los que añaden un 40 % de su cosecha– y con todo ello, las editoriales elaboran los manuales.
Es decir, son las editoriales las que en teoría fijan los contenidos pero siempre en función de las líneas que les marcan desde las administraciones, aunque algunos apartadas claramente erróneos o sesgados escapan del control de la Administración. «Desde el Ministerio de Educación no elegimos ni decidimos el contenido de ningún libro de texto, que son elegidos de una manera colegiada en los propios claustros de profesores», aseguraba Pilar Alegría, responsable del ramo, el pasado mes de mayo.
La supervisión de la gran cantidad de libros de texto que se editan es una cuestión compleja que traslada cada cierto tiempo a la casilla de salida.

Si un libro es aprobado, editado, supervisado y llega a las aulas, la última palabra corresponde al profesorado, por ser la máxima autoridad dentro de la clase.

Sin embargo, incluso este escenario no está exento de dificultades, interviniendo otros elementos como la posible no coincidencia del año de implantación en un centro con el de la aprobación del texto; el cambio del profesorado, con criterios diferentes a sus antecesores que habían elegido los textos; o una elección errónea, cuya modificación queda imposibilitada por la norma de vigencia, establecida en cuatro años.

Un difícil juego de equilibrio donde diferentes intereses mueven el péndulo que oscila entre garantizar el respeto a la libertad de autores y editores y salvaguardar la coherencia de los planteamientos curriculares del Ejecutivo central y las autonomías.

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