Olga Ballester, presidenta de PLIS Educación
Entrevista
Olga Ballester, profesora: «La inmersión obligatoria en catalán merma el desarrollo académico en Baleares»
La presidenta de la asociación Profesores Libres de Ingeniería Social habla para este medio de la situación de la educación en Baleares: «Obligar a estudiar en catalán es un criterio político e ideológico, no pedagógico»
El curso educativo en las Islas Baleares vive un año convulso. Esta comunidad autónoma no ha salido bien parada en el último informe PISA, demostrando que, si bien no ha alcanzado las dramáticas cifras de Cataluña, las políticas de inmersión lingüística han supuesto un torpedo en la línea de flotación. Además, el esperado cambio político que protagonizaron PP y Vox tras las elecciones autonómicas está tardando en dar sus frutos por las diferencias entre ambos partidos a la hora de aplicar el modelo de libertad de elección de lengua.
Mientras, la izquierda nacionalista se ha organizado ante lo que consideran una amenaza de «segregación lingüística» y un atentado contra el dominio del catalán en la escuela de las islas. Los claustros de profesores independentistas se han movilizado para dar la batalla pese a que ni PP ni Vox parecen ponerse del todo de acuerdo.
En un contexto donde lo pedagógico ha dejado paso a otros protagonistas, devaluando las figuras del profesor y del alumno que dejan paso al territorio, la bandera y la lengua, surgió en 2014 PLIS Educación (Profesores Libres de Ingeniería Social), donde un conjunto de docentes pretenden reconducir la escuela pública a los parámetros estrictamente educativos. Olga Ballester, profesora de biología en un instituto público, es su presidenta y habla para El Debate.
–¿En qué situación se encuentra la escuela balear?
–La educación en Baleares hace aguas. Ya lo sabíamos desde hacía tiempo, pero la evaluación de PISA permite compararnos con otras comunidades y poner negro sobre blanco. Según esos datos, alumnos excelentes hay cada vez menos. Y a pesar de tener el mismo nivel socioeconómico que Madrid, y porcentajes parecidos de inmigración, estamos casi 20 puntos por debajo, lo que significa un curso entero de diferencia.
–¿Hasta qué punto influye la imposición lingüística?
–Nuestros problemas son variados. Es indudable e innegable que la inmersión obligatoria en catalán merma el desarrollo académico de los alumnos. Madrid y Baleares tienen un porcentaje similar de inmigración, pero la diferencia es que en Madrid, el 90 % del alumnado puede estudiar en su lengua materna, aquí en cambio solo el 40 % lo hace, porque el 55 % se ve obligada a aprender en un idioma que desconoce. De ahí la diferencia de 20 puntos, es decir, un curso escolar.
Aparte de la ilegalidad que supone no estudiar en la lengua materna, provocada por la propia Administración, hay fallos en el propio sistema. Desde la Logse empezamos a experimentar la pérdida de la cultura del esfuerzo y la Lomloe ha barrido el conocimiento. Las competencias sin conocimientos es un absurdo. Por otra parte, es clave la implicación de las familias. Los padres deben preguntar, motivar y valorar, ya que todo eso se refleja en el aula. Hay una gran falta de disciplina debido a la falta de preocupación de muchos de ellos. Un director de un colegio japonés comentaba que la forma de enseñar no es tan diferente en Japón y en España, pero allí la disciplina del alumnado es mayor.
Criterios ideológicos, no pedagógicos
–A raíz de los movimientos de protesta para defenderse de esa propuesta de la libertad de lengua, da la sensación desde fuera que la escuela pública está muy ideologizada…
–Por el mero hecho de obligar a estudiar en catalán por parte de las directivas de los centros, un criterio no pedagógico, que se tomó por tintes ideológicos, ya habla de cómo está de politizada la educación en Baleares. Solo se hace por motivaciones políticas, porque esos profesores y directores independentistas se han encargado de señalarlo cuando alguien ha protestado. La lengua para ellos es el instrumento para crear identidades.
–¿Cómo es el día a día de aquellos profesores que defendéis los criterios pedagógicos frente a la pancarta y la protesta?
–Las personas que tenemos claro que estamos en una democracia, asistimos a cómo desde un centro educativo te pueden obligar de manera ilegal a quitarle el derecho a un alumno de estudiar en su lengua materna, la que domina. Ello nos genera zozobra. Y si pretendemos cumplir la ley, somos señalados. Aquí dentro somos conscientes que vivimos en un marco ilegal, pero cada profesor lo gestiona como buenamente puede. Los que no tenemos miedo, lo decimos en voz alta, a pesar del silencio absoluto declarado. Espero que el Gobierno actual haya aprendido de aquel año 2014 y todo el ruido que se montó y también espero que cualquier profesor, sea de la ideología que sea, aprenda a respetar al que opina diferente por el bien de la educación.
PP y Vox alcanzaron un acuerdo recientemente para poner fin a la imposición lingüística en Baleares, que recogía la propuesta de las asociaciones constitucionalistas de poder elegir la lengua de las asignaturas troncales y la primera enseñanza en lengua materna.
Quienes se oponen a esta libertad de elección, no han dudado en calificarlo como ‘segregación’. El pacto entre los dos partidos de la derecha incluía más dotación material y humana para compensar el gasto que se derive.
Y ahí aparecen las diferencias. El PP se ha abstenido en la votación en comisión de la enmienda de Vox que solicitaba 20 millones para financiar la libre elección, aunque los populares sí apoyaron otra enmienda para destinar 200.000 euros a reforzar la plantilla de inspectores en educación «para preservar la enseñanza y la ausencia de intromisiones ideológicas».
Quienes se oponen a esta libertad de elección, no han dudado en calificarlo como ‘segregación’. El pacto entre los dos partidos de la derecha incluía más dotación material y humana para compensar el gasto que se derive.
Y ahí aparecen las diferencias. El PP se ha abstenido en la votación en comisión de la enmienda de Vox que solicitaba 20 millones para financiar la libre elección, aunque los populares sí apoyaron otra enmienda para destinar 200.000 euros a reforzar la plantilla de inspectores en educación «para preservar la enseñanza y la ausencia de intromisiones ideológicas».
Comentarios
