Pedro Sánchez se apunta al «que inventen ellos»
En España las finanzas de las universidades parece que van a tener una legislatura dura. La única mención que hizo Pedro Sánchez en su discurso de investidura a la educación fue para asegurar que las tasas universitarias iban a seguir bajando: el gobierno se apunta al «que inventen ellos» de Unamuno
Resulta curioso que uno de los iconos académicos progresistas del Siglo XX hispano, don Miguel de Unamuno, pronunciase una de las frases más retrógradas de toda la tradición patria. El mismo que ha quedado para la historia del imaginario nacional a través de su supuesto enfrentamiento con el fundador de la Legión, Millán Astray, por defender la autonomía universitaria, también escribió el 30 de mayo de 1906 el famoso «Que inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás convencido, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó».
Tanto revuelo produjo ya en su época la famosa frase, que don Miguel se vio obligado a puntualizarla en su libro de 1913 «Del sentimiento trágico de la vida,» reclamando que España no puede contentarse con un «papel pasivo» en la ciencia. De la misma forma sostenía que debemos aprovecharnos de las invenciones que se producen en el extranjero para seguir fomentando nuestro desarrollo, reclamando el papel de Don Quijote como ejemplo a seguir. Aun así, detrás de la famosa digresión se demuestra que existe una reticencia endémica en España a creer en la ciencia y el desarrollo tecnológico de nuestro país, que se ha visto traducida en la última legislatura en dos leyes que no fomentan nuestro sistema de ciencia y tecnología: la actualización de la Ley de la Ciencia (Ley 17/2022 de 5 de septiembre) y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo).
Estas normativas, desde luego, no van a permitir desarrollar nuestras universidades para permitirlas competir directamente con sus homólogas extranjeras. La causa más esgrimida, no sin razón, por los rectores españoles es la de la financiación. Para sustentar sus afirmaciones a finales del año pasado la CRUE publicó un informe sobre la necesidad de financiación de las universidades españolas. El documento titulado, «Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario » contiene un detallado análisis y crítica del impacto económico de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) sobre las universidades españolas. El informe elaborado pone de manifiesto las necesidades adicionales de financiación exigidas por la norma, que ascienden a 844 millones de euros, y los 3.135 millones de euros relacionados con el incremento del 1 % del PIB incluido en la ley. Esta publicación representa la primera crítica abierta de la CRUE a la nueva ley del Gobierno, centrándose en el aumento de gastos no contabilizados y en las cargas financieras que recaen sobre las universidades y las comunidades autónomas.
El informe refleja la postura de todos los que nos opusimos a la ley elaborada por Castells y rematada por Subirats, criticando que no contempla la financiación de los incrementos de gasto de personal que generará y se señala que, una vez más, el gobierno de Sánchez ha adoptado un enfoque de «yo invito y tú pagas». Las universidades estiman que este déficit financiero es de los señalados 844 millones de euros. Además, el texto critica duramente cómo la LOSU no calcula los costes reales de sus medidas, dejando la carga financiera a las universidades y a las comunidades autónomas, a pesar de no ser su responsabilidad directa, cómo hemos señalado reiteradamente en estas mismas páginas.
El informe destaca que el aumento del gasto en educación universitaria hasta el 1 % del PIB contemplado en la ley, que inicialmente era obligatorio, pasó en la tramitación general, y a instancias de ERC, a potestativo. Los rectores solicitan en este concepto 3.135 millones de euros para asegurar la sostenibilidad y excelencia del sistema universitario. De esta cantidad, 942 millones se destinarían a becas y casi 2.000 millones a gastos generales y mejoras en la financiación. El resto, 213,8 millones, se dedicaría a programas de calidad. El incremento hasta el 1 % se distribuiría entre el ministerio de ciencia y tecnología (2.400) y las comunidades autónomas.
Las españolas no son las únicas universidades con problemas financieros en Europa. Por ejemplo, en el año 2023 el gobierno danés realizó una profunda revisión de su sistema universitario a través de un acuerdo político llamado «Más y mejor enseñanza superior en toda Dinamarca». El acuerdo pretende aumentar el número de plazas de estudio fuera de las ciudades más grandes de Dinamarca para evitar la concentración de jóvenes en núcleos urbanos y el consiguiente abandono de las zonas periféricas.
También hay una importante discusión en este momento en el Reino Unido vinculada a la financiación de las universidades. Cuando en 2006 el Gobierno de Tony Blair decidió que aquellos que se benefician de los estudios pagasen por los mismos a través de un sistema de préstamos contingentes, los británicos se diferenciaron de forma significativa del resto de Europa. El mantenimiento desde 2012 de un techo de las matrículas para los ciudadanos de las islas de 9.000 libras (elevado a 9.250 en 2017) se ha demostrado insuficiente para garantizar la estabilidad económica de uno de los sistemas públicos más prestigiosos del mundo. Como corolario, muchas universidades inglesas han preferido admitir a estudiantes internacionales (fundamentalmente asiáticos) que pagan un precio más alto de matrícula frente a los autóctonos, que no compensan financieramente.
Tanto tories como laboristas están intentando llegar a un consenso sobre cómo se debe repartir la financiación de la educación superior. Las posibilidades pasan por una mayor participación del estado en las cuentas las universidades o la creación de un impuesto a los egresados con mayores ingresos para financiar el sistema universitario. En cualquier caso, existe un acuerdo en que el sistema tiene que cambiar y que este cambio tiene que ser rápido, lo que implica que la próxima legislatura británica, que en este momento parece tener color laborista, se verá abocada a realizar una reforma profunda similar en impacto a la del 2006.
En España las finanzas de las universidades parece que van a tener una legislatura dura. La única mención que hizo Pedro Sánchez en su discurso de investidura a la educación fue para asegurar que las tasas universitarias iban a seguir bajando. Pero su nueva Ministra de Ciencia, Tecnología y Universidades todavía no ha aclarado cómo van a pagar esa reducción de las matrículas. De momento parece poco probable que pueda conseguir el visto bueno, como hicieron sus antecesores, de las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria para esta medida. Además, tal y como están las finanzas patrias, parece más difícil todavía que el Ministerio pueda sacar fondos de Hacienda para cubrir las necesidades y las demandas de los rectores. Dicho de otra forma, el gobierno se apunta al «que inventen ellos» de Unamuno.
