La ministra de Universidades, Diana Morant, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón
Sindicatos rechazan la calendarización de la LOSU: «Perjudicará a los docentes»
Universidades, CC.AA. y CRUE pactaron poner en marcha la ley desde el curso que viene y hasta el 2027-2028
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y UGT han criticado la calendarización de la aplicación Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) desde el curso que viene y hasta el curso 2027-2028 acordada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las comunidades autónomas y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
En concreto, CSIF se opone a la propuesta del Gobierno de «retrasar 3,5 años la estabilización de los Profesores Asociados y el nuevo Régimen de Dedicación del Personal Docente e Investigador (PDI)», por lo que ha manifestado su oposición en la reunión celebrada este jueves del grupo de trabajo creado por el Ministerio.
El acuerdo para la calendarización de la LOSU se ha alcanzado este jueves entre Ministerio, comunidades autónomas y la CRUE durante la segunda reunión de la Comisión de Trabajo, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Diana Morant.
Para CSIF, el nuevo calendario propuesto «perjudicará a los docentes con contratos más precarios al alargar la fecha límite para mejorar sus contratos». «De esta manera, el Ministerio de Universidades echa por tierra su medida estrella para luchar contra la precariedad estabilizando de forma indefinida a los profesores asociados», advierte.
Esta normativa (Disposición Transitoria Novena bis), según señala, supone la posibilidad de retrasar hasta 3,5 años los procesos de estabilización de las plazas de Profesores Asociados «haciéndoles contratos indefinidos mucho más tarde de la fecha inicial fijada para el 31 de diciembre de 2024».
También se aplazan los procesos de estabilización para favorecer el paso de Profesor Asociado de más de 120 horas con título de Doctor a la figura de Profesor Ayudante Doctor, que estaban establecidos a 31 de diciembre de 2024.
Las universidades podrán modificar, con la decisión de sus respectivos órganos de gobierno, los acuerdos que en materia laboral hubieran alcanzado en contemplación de los plazos señalados para los procesos que hacen referencia a las disposiciones transitorias séptima y decimosegunda de la LOSU con la finalidad de adecuarlos a los nuevos plazos que establece esta disposición transitoria.
Además, el sindicato critica que esta medida «limitará» la mejora de la calidad de la plantilla y mantendrá altas tasas de temporalidad en el Personal Docente Investigador (PDI), de tal manera que no se logrará cumplir el compromiso con Europa para reducir del 40 % al 8 % a finales de año el número máximo de contrataciones temporales.
CSIF considera que retrasar la aplicación del nuevo régimen de dedicación «perjudica claramente» a las plantillas universitarias, empezando por el PDI permanente. «La iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para facilitar la implementación de la LOSU en el ámbito del PDI incluye una incorporación normativa como propuesta adicional a la LOSU que supone establecer junio de 2028 como período máximo de implementación de las medidas contempladas en las disposiciones transitorias séptima y decimosegunda de la LOSU», puntualiza.
El sindicato insiste en que estas modificaciones «son claramente perjudiciales para miles de profesores asociados, que tardarán años en tener contratos indefinidos o en poder pasar a la figura de Ayudante Doctor». «Aunque sigan precarios y como mano de obra barata, de esta medida podrían beneficiarse profesores asociados que actualmente tienen más de 120 horas y podrían renovar sus contratos con esa dedicación», añade.
También se pregunta qué va a suceder con las universidades que ya han avanzado la transformación/promoción de sus asociados. Asimismo, recalca que «tampoco se plantea nada de otras figuras distintas de asociado que también verán reducida su dedicación».
Programa Integra, «claramente insuficiente»
La otra propuesta del ministerio que dirige Diana Morant es poner en marcha el Programa INTEGRA que supone la incorporación en cuatro años de 4.200 nuevos Profesores Ayudantes Doctores. CSIF indica que, según la ministra, son plazas extra, más allá de los de Oferta Pública de Empleo habitual, y que las sufragarán en corresponsabilidad presupuestaria, el Estado (32 %) y las Comunidades Autónomas (67 %). El objetivo de estas plazas es compensar los cambios en la dedicación docente del profesorado asociado y de los nuevos profesores Ayudantes Doctores.
«Diana Morant propone dos fórmulas de posible desarrollo temporal del Programa INTEGRA que, seguro, generará problemas con Universidades y Comunidades Autónomas. El número de plazas de Ayudante Doctor es claramente insuficiente: dudamos de la existencia de fondos para materializarse y no conseguirá solventar el grave problema que la aplicación de la LOSU ha creado en las plantillas del PDI de las universidades públicas», añade.
Resultados «muy insuficientes» del grupo de trabajo
Por su parte, UGT lamenta que las reuniones del grupo de trabajo del Ministerio con CCAA sindicatos y rectores haya obtenido unos resultados «muy insuficientes» tras haber generado «expectativas muy altas».
«En primer lugar, marcar 2030 como horizonte temporal para alcanzar el 1 % de PIB en inversión en nuestro sistema universitario, es poco ambicioso y excede la duración de una legislatura, práctica que no compartimos», ha explicado en declaraciones a Europa Press la responsable de Educación de UGT, Maribel Loranca.
La moratoria en la aplicación de las disposiciones que contempla la LOSU (nueva calendarización) surge de las necesidades de las CC.AA. y Universidades y, a juicio del sindicato, «no favorece los intereses del profesorado» de las universidades públicas, «sometidas en su mayoría a porcentajes de precariedad verdaderamente insoportables».
«De especial gravedad consideramos que se habilite a las universidades para dejar en suspenso los acuerdos que se están alcanzando en materia laboral para cumplir los plazos en los procesos de estabilización contemplados en la ley. Cuestión ésta que consideramos inadmisible», apunta Loranca, quien espera que, dada la heterogénea situación de las universidades públicas, «el esfuerzo presupuestario, hecho por algunas CC.AA. y Universidades, no suponga discriminación en la implantación del programa INTEGRA».
El sindicato también avisa de que, «desafortunadamente», otras figuras con contratos en precario «ni siquiera se mencionan» en la propuesta del Ministerio y a algunas cuestiones, también de carácter urgente (como la contratación de sustitutos/as), «no se les da solución por el momento». UGT califica el programa INTEGRA de «un primer paso claramente insuficiente», por lo que reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas que incrementen la financiación de las universidades públicas.
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