Críticas en el seno del Gobierno ante la inminente aprobación de su decreto de universidades: «Debe reformularse»

El Gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades por el cual se «reforzará la exigencia de calidad» para todas las universidades y servicios que «mejorarán los mecanismos de supervisión y control», según anunció la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

La ministra de Ciencia explicó que con este reglamento aseguran que «todas» las universidades, tanto públicas como privadas, «cumplan con una función esencial: ofrecer una docencia solvente, sostener una investigación de calidad y prestar un servicio a la sociedad».

Sin embargo, y a pesar de la insistencia de la ministra Morant en la aprobación de este real decreto, la realidad es que la norma ha recibido varias críticas tanto dentro como fuera del seno del Ejecutivo central. En primer lugar, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que lidera Carlos Cuerpo, señala que algunas de las novedades que se introducen en el régimen jurídico de las universidades, como el requisito de 4.500 alumnos matriculados o la exigencia de tres ramas del conocimiento, son «requisitos que no necesariamente están vinculados con la calidad de la enseñanza o formación impartida», según consta en el informe sobre la norma elaborado por el Consejo de Estado.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz afirma que el nuevo reglamento de universidades de su Gobierno «cuestiona la idoneidad» de la exigencia de que en las universidades con docencia exclusiva o mayoritaria no presencial el 75 % del personal docente e investigador resida en España o en la UE. En concreto, Trabajo considera que este hecho «podría contravenir las libertades de circulación y residencia de los trabajadores europeos».

Asimismo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderado por el también socialista Óscar López, deniega la aprobación previa del Proyecto, ya que considera que «debe reformularse la valoración de las cargas administrativas que contiene la memoria analizada». Entre otros extremos, el informe elaborado por esta cartera indica, en relación con la introducción de informes vinculantes para la apertura de nuevas universidades, que «existe una reserva de ley para la introducción de este tipo de informes en los procedimientos, debiendo indicarse en qué norma legal se ampara la novedad del Proyecto».

Crítica de Comisiones Obreras

Comisiones Obreras (CCOO), sindicato generalmente asociado a la izquierda, ha acusado al Gobierno y al Ministerio de Innovación y Universidades de «ocultar» a la comunidad universitaria su reforma sobre la creación de universidades. Según el sindicato, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha llevado al Consejo de Ministros el decreto sobre creación, reconocimiento y autorización y acreditación de universidades privadas «sin que la comunidad universitaria tenga conocimiento del texto final, a pesar de que se le ha reclamado por diversas vías».

El informe del Consejo de Estado

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2025, emitió un informe en el que cuestiona algunos puntos del nuevo reglamento de universidades que está preparando el Ministerio de Universidades.

Después de recopilar documentos de diferentes organismos, el Consejo de Estado critica, en primer lugar, que a pesar de haberse celebrado el trámite de audiencia e información pública, el decreto no ha pasado por consulta pública previa. Asimismo, afea que la alternativa normativa adecuada habría sido «la elaboración de un nuevo real decreto» en vez de modificar uno ya existente.

El informe prosigue criticando la memoria de la norma, de la que destaca que «carece de una valoración específica de impacto presupuestario que tendrá en las universidades, las comunidades autónomas y el propio Estado». En línea con esto anterior, el Consejo de Estado asegura que la valoración presupuestaria es «parca y, desde luego, insuficiente», por lo que instan al Ejecutivo a «analizar el impacto económico de forma más precisa».

Asimismo, respecto a que se exija a los promotores de nuevas universidades experiencia previa en este campo, el Consejo de Estado considera que «es desproporcionada la exigencia de la acreditación de esa experiencia a las personas físicas o jurídicas que promueven la universidad, requisito que solo se impone a universidades privadas», afea. A renglón seguido, estima que la experiencia previa de los promotores «no guarda necesariamente relación con la calidad del proyecto universitario», finalidad última de la norma defendida por el Gobierno.