Arderá Troya
Una cuestión que sin duda merece nuestra reflexión –o, al menos, debería merecerla– es la ineficacia, esa sí bastante estable a pesar de las reformas continuas, de nuestro sistema educativo
De pocos temas se habla tanto como de educación en periódicos y tertulias –ya sabemos que de esto, como de fútbol, todo el mundo cree saber– y de pocos de forma tan frívola. El debate suele centrarse, de manera superficial, en la crítica a la incapacidad de las fuerzas políticas mayoritarias para alcanzar un mínimo consenso que dote al sistema de estabilidad y termine por fin con la infinita sucesión de reformas educativas, cada cual más efímera que la anterior, cuya corta vida impide incluso evaluar su eficacia. Pero olvida, casi siempre, valorar otros aspectos más relevantes.
Una cuestión que sin duda merece nuestra reflexión –o, al menos, debería merecerla– es la ineficacia, esa sí bastante estable a pesar de las reformas continuas, de nuestro sistema educativo. No hablo ahora de ineficacia académica, que es notable y más que evidente a la luz de la competencia acreditada por nuestros egresados del bachillerato y los grados universitarios. Doy por hecho que habrá que esperar a que comiencen a derrumbarse los puentes recién construidos y los médicos no sepan cómo tratar un simple catarro para que nuestros políticos den en preocuparse de verdad del asunto, porque los errores gramaticales y las simples faltas de ortografía proliferan ya en la prensa y nadie se escandaliza por ello. Hablo de ineficacia en otro sentido muy distinto. Me refiero al contenido ideológico implícito en la educación.
La cuestión fundamental que aquí se dirime, sin despreciar los efectos negativos que un sistema educativo poco eficaz tiene sobre la cualificación de la mano de obra y, a la larga, sobre la competitividad de la economía y la sostenibilidad de su crecimiento, no es el mayor o menor acierto de un currículo u otro, ni el lugar preciso donde colocar el fiel de la balanza que debe determinar el equilibro entre excelencia y compensación de las desigualdades, ambas irrenunciables. Todo esto es importante, por supuesto, pero su relevancia palidece ante la evidencia del perjuicio que causa a nuestros alumnos el imparable auge del progresismo buenista.
De esta actitud, que envuelve en nuestros días cualquier reflexión seria como una persistente neblina que oscurece nuestro entendimiento, se deriva un curioso paradigma pedagógico que abraza como dogma de fe la idea de que valores como el compromiso, el esfuerzo, la constancia y la excelencia han periclitado, pues todos los alumnos aprenden si se les enseña bien, sin que a ellos les quepa responsabilidad alguna en su aprendizaje, y toda exigencia es en realidad reaccionaria porque discrimina a los más pobres. Parece haberse olvidado que solo un sistema educativo exigente, que contemple, además, medidas de compensación efectivas, no cosméticas como las actuales, para los más desfavorecidos, puede operar como ascensor social, función que, no por casualidad, el nuestro ha dejado de desempeñar en las últimas décadas.
Pero, si esto es grave, lo son mucho más sus consecuencias políticas. Un sistema educativo buenista, tan enemigo de sí mismo que considera reaccionario el esfuerzo y la exigencia, produce como indefectible resultado una ciudadanía apenas capaz de entender lo que lee y de mantener su atención en ello más allá de unos minutos; una ciudadanía a la que no se ha enseñado a ejercer el pensamiento crítico –nunca se ha hablado más de él y nunca se ha fomentado menos–, y que, en fin, desconoce la historia de su propio país más allá de unas pocas anécdotas irrelevantes, e incluso ha aprendido a avergonzarse de ella, porque se le ha presentado, contra toda evidencia, como epítome universal del fanatismo, la intolerancia, e incluso el genocidio.
Una ciudadanía así formada, aunque sería más preciso decir deformada, sin duda se convierte en la antítesis de la ciudadanía democrática. Se transforma en un rebaño sumiso, extremadamente fácil de manipular por políticos sin escrúpulos capaces de manejar con acreditada soltura los terribles resortes que pone a su disposición la era de la posverdad. Y esta evidencia, que resultaría en extremo preocupante en cualquier nación occidental, pues dispara con demoledores efectos sobre la misma línea de flotación de la democracia, lo es aún más en España. Solo aquí los nacionalismos periféricos han convertido las aulas en auténticas industrias de adoctrinamiento masivo en el odio a todo lo que nos une como país. Y solo aquí el desconocimiento de la historia común y la total pérdida de relevancia de las ideas fuertes, como la nación, la democracia y la libertad, permite predecir una reacción muy débil en su defensa si, llegado el momento, estas resultan amenazadas, algo que ya está sucediendo con fuerza nada despreciable.
¿Es tiempo, todavía, de hacer algo? Desde luego. Pero exige voluntad de hacerlo por parte de la clase política, o al menos de una parte de ella, y voluntad de exigírselo por parte de la ciudadanía. Pero ni una cosa ni la otra existen en este instante. Que el futuro que nos espera es todo menos halagüeño no es una conclusión pesimista. Pero si lo es, tampoco me preocupa demasiado. Hace tiempo que me acostumbré a pasar por agorero. No sé, quizá sufro el síndrome de Casandra. Lo que sí sé es que, si no reaccionamos, Troya caerá… ¿o debería decir arderá?
Luis E. Íñigo es historiador e inspector de educación