Carles Puigdemont, reunido con su equipo a primeros de mayo de 2018
Puigdemont diseñó una hoja de ruta para desestabilizar las bases de la UE
La estrategia se articulaba entorno a un documento conjunto asumido por movimientos sociales y partidos políticos independentistas de varios países que se reunieron bajo el nombre de G9
El director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, (Barcelona 1966) organizó un encuentro al que diversos informes de inteligencia europeos aluden como G9 en el que confluyeron distintos movimientos territoriales y regionales con ambiciones compartidas sobre autogobierno y autodeterminación. El evento convocado por Alay, que perseguía aunar esfuerzos y servir de altavoz internacional en la reclamación de la independencia catalana, fue concebido por Carles Puigdemont como una hoja de ruta que, posteriormente, ha sido dinamizada por diferentes políticos del País Vasco y Cataluña para desestabilizar las bases de la Unión Europea (UE) desde el interior.
El documento en cuestión fue presentado en el G9 bajo el título Conferencia de Naciones sin Estado. Entre los asistentes a la cita se encontraban miembros de las fuerzas soberanistas vascas y catalanas, el Sinn Fein irlandés, los nacionalistas corsos, los independentistas flamencos, los nacionalistas escoceses, el Frente Socialista de Liberación Canaco, los autonomistas de las Islas Feroe y los independentistas de Quebec. Y se planteó, en esencia, como la receta para forzar a Europa a asumir sus reivindicaciones separatistas a través de una directiva que sería aplicable a los países miembros de la Unión (UE).
Profesor, historiador y excomisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, Josep Alay, el promotor del encuentro en el que Puigdemont lanzó su hoja de ruta europea, era una de las personas que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018. El Debate ha revelado en exclusiva cómo la expedición de Junts pel Cat (JxC) que visitó en varias ocasiones a Puigdemont en el país germano dos meses después, a principios de mayo, se gastó 900 euros en servicios de prostitución, en el Club Gemma de Berlín, con cargo a varias cuentas relacionadas con la Casa de la República, la mansión donde reside el expresidente catalán, y prófugo de la Justicia española, en Waterloo.
El Debate accede a informes de inteligencia europeos
Una cuenta asociada a Puigdemont recoge 900 euros de gasto en un prostíbulo de Berlín
El propio Alay ha sido detenido e investigado por su proximidad al activismo independentista por encubrimiento y sendos delitos de malversación continuada y prevaricación administrativa tras su viaje a Nueva Caledonia en 2018, con ocasión del referéndum celebrado en ese país.
Los integrantes del G9 -se autodenominan «naciones sin estado» o «regiones nacionales»- sostendrían que las crisis generadas por los movimientos separatistas e independentistas europeos en los estados que las padecen son, a su vez, crisis europeas. En el germen del grupo tendrían cabida desde quienes reivindican más autogobierno hasta los que plantean la independencia y así lo hace constar el manifiesto fundacional diseñado por Puigdemont e impulsado por eurodiputados actualmente con escaño en el Parlamento Europeo y antiguos miembros de la euro cámara que defienden que «los pueblos de estas comunidades puedan ejercer libre y democráticamente su derecho a la autodeterminación de una manera legalmente reconocida».
Directiva de claridad
El grupo de trabajo concebido desde el entorno independentista catalán, con el beneplácito de Puigdemont, aseguraba coincidir en los mecanismos de solución a aplicar para el desbloqueo de los «conflictos territoriales cuando se enconan».
Hasta la fecha, y con posterioridad a la creación del G9 y sus posteriores avances, la sede del parlamento europeo en Bruselas ha acogido al menos, una presentación del manifiesto fundacional de este grupo que asegura llevar años trabajando en la idea de confeccionar una «directiva de claridad» articulada entorno al «acta de claridad», recogida en el Manifiesto de Estrasburgo que el Intergrupo de Minorías del Parlamento Europeo en abril de 2014.
Dicha directiva consta igualmente en la aportación que el Gobierno Vasco, gestado bajo el mandato del lehendakari Urkullu, presentó ante la Comisión Europea para preparar un eventual debate sobre el futuro de Europa.
El grupo que lo promueve se declara abierto a todos los que «defienden el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, las sociedades iguales e inclusivas y comparten los valores de la UE sobre democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales». Y exigen que dichas realidades se reflejen -tal y como invita la doctrina de las Naciones unidas sobre el derecho a la libre determinación- «en el concepto de diversidad que figura en el lema de la Unión Europea». Una modificación que ataca a las bases mismas de su constitución.
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