El exembajador de Venezuela Raúl Morodo
Trama PDVSA
La Audiencia Nacional reactiva el caso Morodo con una decena de nuevas declaraciones
El Juzgado Central de Instrucción Número 1 ya interrogó, entre otros, al ex viceministro del régimen chavista Nervis Villalobos en calidad de testigo
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, instructor del caso Morodo, dará comienzo este semana a la toma de declaración de los primeros testigos enmarcados en la investigación de la trama presuntamente urdida por el ex embajador español en Caracas Raúl Morodo, y su entorno, para recibir pagos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Las comparecencias comenzarán este próximo miércoles 13 de octubre con Oscar Tejerina Echeverría, Francisco Navarro y Ángel Serrano. Tejerina está citado para aclarar la información de que dispone en relación con las sociedades Club Santo Domingo S.L. y Consultoría Internacional Murga. Por su parte, Navarro aparece como firmante en contratos de arrendamientos de servicios–junto a Gabriel Vila Matas, José María Vila Soler y Emilio Díez Expósito– existentes entre Indra Sistema S.A. y Asme Gabinete de Servicios Empresariales, S.L.
El jueves 14 de octubre, Abascal interrogará a Richard Gende Lorenzo y María del Carmen Fraga Ramos quienes deberán explicar varias transferencias detalladas en uno de los informes de la Agencia Tributaria (AEAT), orientados a identificar la utilización de sociedades interpuestas en las operaciones de la trama.
Por el mismo motivo que los anteriores, está llamada Alicia Rodal Bernárdez, el viernes 15 y último día de esta primera serie de declaraciones de las que algunas de las inicialmente previstas han sido suspendidas por causas justificadas y otras tendrán que abordarse más adelante, al no haber podido ser notificados los interesados en tiempo y forma.
El magistrado aceptó, el pasado mes de julio, las diligencias propuestas por la Fiscalía para esclarecer de manera definitiva los hechos que podrían ser constitutivos de delito de cara a un futuro y eventual escrito de apertura del juicio oral e identificar a los presuntos culpables de cada uno de ellos. No en vano, en relación con las personas jurídicas investigadas, a raíz de una detallada querella interpuesta por Anticorrupción, la fiscal encargada del caso apuntaba cómo de las pesquisas practicadas pusieron en evidencia que «se trata de sociedades en la que su voluntad se solapa con la de su gestor, no existiendo una diversidad de intereses propia de los entes corporativos».
Por ello, el Ministerio Público, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía General del Estado planteó al magistrado Abascal la posibilidad de «imputar solo a la persona física y evitar, así, una doble incriminación».
La Fiscalía pidió, además, una prórroga de seis meses para la investigación, argumentando la «imposibilidad» de concluir las averiguaciones «en el plazo citado», dado que muchas de las derivadas de la trama principal están pendientes de respuesta de varias comisiones rogatorias enviadas, entre otros países a EE.UU., Suiza y Andorra, así como una orden europea de investigación (OEI) librada a Portugal.
Los otros nombres propios
En relación con las personas físicas investigadas, la fiscal interesó la toma de declaraciones a todos aquellos que no habían declarado en una primera ocasión –la exmujer del propio Raúl Morodo, Cristina Cañeque de Sola y la mujer de su hijo Alejo, Ana Catarina Varandas de Loureiro– así como a los imputados que ya habían sido interrogados en fechas próximas a la incoación de la causa, pero que con el avance de las pesquisas debían ser llamados de nuevo para garantizar, al máximo, su derecho de defensa. Entre estos últimos el exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, su hijo Alejo, Carlos Adolfo Prada Gómez, Marisol Valera y Ana Korina Ulloa.
El ex viceministro de Energía del Gobierno venezolano de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, quien fue detenido en Madrid en el año 2017 a petición de Estados Unidos por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a PDVSA, y actualmente en libertad, fue uno de los testigos principales que ya ha acudido a declarar. Lo hizo asistido de su abogado para no interferir en su condición de investigado en otro Juzgado de la propia Audiencia Nacional por hechos distintos que, sin embargo, podrían llegar a relacionarse con el objeto de la causa del número 1.
A lo largo del mes, el juez Alejandro Abascal también tomará declaración a Francisco Javier Prada Gómez, Dolores Muñoz López (secretaria de Raúl Morodo), José Luis Rivas Rey, Guillermo Muñoz López, Juan Márquez Vila, Carmen Cabrera Ramos, Anny Cisette Ciliberto y Jonathan Neuman, todas como testigos, entre los que estará el propio Guillermo Morodo, hermano del exembajador.
Una trama de 4,5 millones euros
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz fue el encargado de autorizar a la Policía Judicial, en un auto emitido el 1 de febrero de 2019, la primera entrada en el madrileño domicilio familiar de Raúl Morodo –embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– para registrarlo en busca de pruebas tras recibir una pormenorizada querella de la Fiscalía Anticorrupción y antes de arrancar la operación en la que fueron detenidos el exdiplomático, su hijo, las mujeres de estos y dos de sus socios, en una presunta trama de pagos ilegales que habrían estado recibiendo, entre 2012 y 2015, de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 1 buscaba salvar todos los documentos, ordenadores, dispositivos y discos duros que los implicados pudiesen almacenar en sus casas, las sedes de sus empresas y el despacho de abogados que fueron inspeccionados. La fiscal anticorrupción Ana Cuenca le había puesto sobre la pista de cómo durante 3 años, en los que Morodo y su entorno se habría nutrido, presuntamente, de importantes cantidades de dinero procedentes del régimen chavista y justificadas contra facturas de honorarios profesionales de asesoramiento a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, que no se habrían prestado realmente.
Para la repatriación de dichos fondos, los implicados diseñaron un complejo entramado societario y bancario localizado de forma calculada en paraísos fiscales como Panamá y Suiza.
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