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24 de abril de 2024

Isabel Celaá en su etapa como ministra

Isabel Celaá en su etapa como ministraEuropaPress

Sánchez propone a la exministra Celaá como embajadora ante la Santa Sede

Su paso por el Ministerio de Educación, con nueva ley incluida, estuvo marcado por los ataques a la concertada católica

El Gobierno ha propuesto a la exministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, bilbaína de 72 años, como nueva embajadora ante la Santa Sede, un cargo para el que el Vaticano debe dar el plácet antes de acceder al mismo. Celaá sustituiría así a Carmen de la Peña Corcuera, que desde noviembre de 2018 ocupa este cargo diplomático.
La exministra salió del Ejecutivo en la última remodelación de Sánchez y dejó la cartera de Educación y Formación Profesional a Pilar Alegría. También fue portavoz del Gobierno en la primera legislatura, un puesto que cedió a la actual titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Contra la educación concertada

Durante su etapa al frente del Ministerio de Educación, Isabel Celaá llevó a cabo el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), conocida como ley Celaá por sus marcadas implicaciones ideológicas.
La nueva ley de Educación atenta directamente contra la educación concertada católica. El texto elimina el concepto de «demanda social» a la hora de establecer las plazas en estos centros y deja la toma de decisión en manos de las administraciones públicas. Literalmente serán estas las que regulen «la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados».

No podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padresIsabel Celaá, exministra de Educación

Los defensores de la libertad de enseñanza y la educación católica han mostrado sus críticas frente a la ley Celaá. La propia exministra defendió la Lomloe con polémicas declaraciones:
Durante el congreso de Escuelas Católicas de 2019, Celaá aseguró que «de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza».
Meses más tarde, enfrascados en el debate sobre el «pin parental», la entonces ministra aseguró durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres». 

Contra la asignatura de Religión

Además de su actitud contra la educación concertada, en su mayoría dependiente de instituciones católicas, la que puede ser nueva embajadora ante el Vaticano también ha legislado contra la religión en los colegios.
La ley Celaá elimina por completo el valor de la asignatura de Religión en el currículum académico. La nota de esta materia no contará a la hora de elaborar el expediente o acceder a becas y cursarla será «de carácter voluntario para los alumnos». El texto de la Lomloe también plantea establecer una «enseñanza no confesional de cultura de las religiones».

Formación católica «en la intimidad»

A pesar de su acoso a la educación concertada y católica, la exministra Celaá, posible representante española ante la Santa Sede, cuenta con una formación cristiana.
El colegio en el que estudió Isabel Celaá, el Sagrado Corazón de Bilbao, es concertado y católico. Además, la que fuera responsable de la cartera de Educación ha optado por este tipo de centro para la formación de sus hijas, en concreto, Las Irlandesas de Leioa.
Ex diplomáticos españoles conocedores de las relaciones con el Vaticano han explicado a El Debate que el intento del Gobierno de situar a Celaá como embajadora cerca de la Santa Sede puede ser una maniobra de gran calado político. Si finalmente el Vaticano diese su plácet a la polémica ex ministra de Educación, el Gobierno lo vendería al público español como un ejemplo de que se han apaciguado las diferencias con los católicos que provocó el acoso del Ejecutivo a la concertada. Podría ponerse en marcha una intensa operación de intoxicación mediática, subrayando la condición de católica de Celaá, justificada en que estudió en centros católicos, para esgrimir que hay creyentes con el Gobierno y así amortizar, legitimar y hacer olvidar la controvertida Ley de Educación. La norma se sacó adelante sin escuchar ni uno solo de los puntos de vista y demandas del amplio sector de nuestra sociedad que no comparte el ideario «progresista».
La Conferencia Episcopal Española, en declaraciones a Europa Press, ha expresado su perplejidad ante el hecho de que el Gobierno haya confirmado el nombramiento antes de contar con el preceptivo plácet del Vaticano. 
Los partidos en teoría más próximos a la defensa de los intereses de los católicos españoles, PP y Vox, no han hecho hasta ahora ninguna consideración al respecto de este asunto de calado, tal vez porque sus principales portavoces están de puente.
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