Juana Rivas en imagen de archivo
Tribunales
La Sala del Supremo que revisará el indulto de Juana Rivas baraja reunirse en Pleno
La Sección Quinta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal no descarta convocar a todos sus magistrados para decidir sobre el recurso contra la medida de gracia concedida por el Gobierno a la madre malagueña
El Tribunal Supremo cerrará 2020 con algunos de los recursos más comprometidos sin resolver. Entre los varios que acumula la Sala Tercera, la encargada de revisar los indultos, avanzan lentos pero firmes las causas contra las medidas de gracia concedidas por el Gobierno de Pedro Sánchez a los presos del 'procés' y a la madre malagueña condenada por secuestrar a sus dos hijos para separarlos de su padre. En este último caso, el de Juana Rivas, la Sección Quinta espera a que Justicia le entregue el expediente administrativo completo en base al que el Ejecutivo le otorgó al libertad. Sin embargo, fuentes próximas al Alto Tribunal han apuntado a El Debate que «aunque algo prematuro» la Sala estaría barajando convocar al Pleno para resolver un tema de tanto calado político como social, sea cual sea la sentencia que redactará el magistrado Wenceslao Olea.
Las mismas fuentes insisten en que antes habrá que superar los trámites en curso: que el Ministerio de Justicia, tal y como le reclamó el tribunal una vez recibido y admitido el recurso planteado por Arcuri, aporte a la Sala, en un plazo máximo de 20 días, el expediente íntegro que manejó el Gobierno para conceder la libertad a Juana, tras comnutarle parcialmente la pena de prisión al rebajarla de dos años y medio a la mitad.
No en vano, el Departamento que dirige Pilar Llop ha guardado silencio hasta la fecha sobre las informaciones que apuntan a que, tal y como reveló El Debate, se ocultaron al Supremo los datos relativos a los presuntos abusos sexuales que sufrió el hijo menor de la expareja, cuando se encontraba bajo su cuidado. Habrá que esperar a que Justicia aporte el dossier al Alto Tribunal para conocer el contenido del mismo.
Así lo ponía de manifiesto el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, el juez Manuel Piñar, en el auto en el que denegó la ejecución práctica del indulto a Rivas, pese al decreto emitido por el Consejo de Ministros. Piñar se lamentó porque no sabía «cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y por supuesto del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor».
Además, dejaba entrever que informó, por varias vías, de lo ocurrido en 2017 con el hijo menor de Juana Rivas, para que se incorporase al expediente que sobre el caso elaboraba el Ministerio de Justicia de Pilar Llop. Lo cierto es que en el Supremo no hay ni rastro del mismo. La Sala de lo Penal no manejó «en ningún momento» documentación sobre los presuntos abusos al menor.
El precedente de Dolores Delgado
La ocasión más mediática y más reciente en la que la Sala Tercera se reunió para revisar un recurso de calado, los interpuestos por PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado, fue el pasado mes de octubre. En aquella ocasión, la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo declinó convocar al Pleno de la Sala para deliberar sobre el polémico nombramiento de la fiscal general del Estado, que renunció a la cartera de Justicia, en el Gobierno de Pedro Sánchez, para incorporarse a su nuevo cargo. Nueve magistrados del Supremo pidieron, en un escrito dirigido al presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, que el examen a la idoneidad de la titular del Ministerio Público fuese enfocado en Pleno por todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Los jueces del Alto Tribunal aludieron a motivos de «deferencia institucional» hacia la Fiscalía para elevar su solicitud y recordaron que en 1994, en el único precedente conocido, el fiscal Eligio Hernández, fue destituido de su cargo al entender el pleno de la Sala Tercera que no se cumplían los requisitos encomendados a su misión.
La ley actual reserva la decisión de elevar los asuntos de la Sala Tercera al Pleno, al presidente de la misma, el magistrado César Tolosa. Aunque fuentes del entorno de la causa han remarcado que la ley contempla otra vía: que así lo solicite la mitad de los magistrados. A día de hoy la Sala Tercera está conformada una treintena de magistrados. En caso de rechazo, el asunto estaría en manos de la Sección Cuarta, compuesta únicamente por seis.
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