Montaje de 'Pasaporte COVID' y el presidente de Vox, Santiago Abascal.
Lucha contra la COVID-19
Abascal denuncia el ‘pasaporte apartheid’
La mayoría de los españoles están de acuerdo, con matices, con el pasaporte; frente a una clase política en la que existen profundas divergencias.
el Derecho penal español exige que a mayor gravedad de un delito, mayor pena. Ahora bien, las circunstancias del hecho delictivo y de la persona influyen en la graduación. Esta ‘discriminación positiva’ persigue la igualdad. ¿Se extrapola esta garantía de igualdad entre españoles a las medidas sanitarias para combatir la COVID-19? El Debate ha analizado la diferencia de trato recibida por los ciudadanos según su residencia y su permisividad para compartir sus datos biológicos. También, la posición de cada formación política y de los primeros afectados: los ciudadanos.
El presidente de Vox dio un paso más en pleno fin de semana navideño. El líder de la formación conservadora comparó la situación de los «miles y miles de extranjeros que entran ilegalmente» en el territorio nacional con «los españoles». En opinión de Abascal, a los primeros, el Gobierno «no pide ni el pasaporte»; mientras que, a los segundos, se les «pretende imponer», siendo cómplices los «gobiernos autonómicos» el pasaporte covid.
Segregación por residencia
La atrevida denominación de ‘Pasaporte apartheid’ alude al sistema de segregación racial de Sudáfrica aplicado a principios de los años 90. Entonces, el color de la piel determinaba dónde estudiar, qué puestos de trabajo ocupar o incluso dónde compartir los momentos de recreo.
En pleno siglo XXI, los españoles ven condicionadas sus libertades individuales y colectivas por la lucha contra la COVID-19. La región de residencia del ciudadano se erige como el factor determinante sobre cuan restrictivas resultan las medidas aplicables.
Diferencias por comunidades
Siguiendo el mapa de restricciones sanitarias realizado por este medio, el ciudadano más libre es el que reside en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha o La Rioja. En estas regiones solo se exige la mascarilla en exteriores. Los mayores de seis años deben llevarla si se encuentran en un espacio al aire libre de uso público o abierto al público. También en los medios de transporte, incluso los privados, si los ocupantes no son convivientes.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ataviada con mascarilla.
En el extremo opuesto se encuentra Cataluña. En la región condal, además de la mascarilla en exteriores y del toque de queda de una a seis de la mañana en municipios de menos de 10.000 habitantes, con incidencia acumulada superior a 250, se aplican más restricciones. Por ejemplo, el cierre del ocio nocturno o una reducción del aforo del 50% en interiores de restauración o del 70% para comercio, gimnasios, ceremonias civiles y religiosas o centros culturales.
Con pasaporte covid, quedarían las doce restantes regiones. Dentro de ellas, en Canarias, Murcia, Cantabria y el Principado de Asturias enarbolan aun más restricciones.
La clase política
Vox ha enarbolado como propia la lucha contra el pasaporte covid. La formación conservadora presentó la semana pasada el primer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Como la propia Macarena Olona ha subrayado en una entrevista concedida a este medio, «este certificado se ha aprobado por la Unión Europea para una finalidad exclusiva, facilitar la movilidad entre los Estados miembros».
Además, la abogada del Estado de Vox recordaba cómo «este pasado verano, cuando hacíamos frente a la quinta ola y se planteaba adoptar medidas más contundentes, (el pasaporte) se rechazó por la ministra Darias». Los de Abascal lo tienen claro, llegarán hasta el Tribunal Constitucional si hace falta, como ya hicieron con los estados de alarma en 2020.
Macarena Olona, durante una para El Debate.
Por su parte, el presidente del PP ha venido solicitando desde hace tiempo no sólo el ‘Pasaporte Covid’, sino también la existencia de una Ley de pandemias. «Para que la legislación no depende de cada presidente de comunidad autónoma o de cada Tribunal Superior de Justicia», ha defendido Pablo Casado, dentro y fuera del Parlamento. Ciudadanos demanda «el acceso en igualdad de condiciones» a los españoles al pasaporte covid.
Del otro lado del Parlamento, el presidente del Gobierno ha defendido que la recuperación del sector turístico «no puede detenerse», aportando tanto por el acceso universal a las vacunas, como por el pasaporte. Así lo reclamó a principios de mes en la 24º Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Pedro Sanchez pidió a la comunidad internacional redefinir una «movilidad segura».
Pedro Sánchez tras la Conferencia de presidentes sobre las medidas COVID prenavideñas.
La vuelta de rosca de Unidas Podemos llegó hasta el Congreso. La formación morada pidió la implantación del pasaporte en las dependencias de la Cámara Baja, medida que no salió adelante. Pablo Echenique concluyó que quizá el tiempo les acabe «dando la razón» y al final el Congreso exija, bien el pasaporte, bien un test para entrar en los restaurantes. Gabriel Rufián, el portavoz de ERC crítico con la presidenta de la Comunidad de Madrid, agregó: «Hay margen para que el Congreso no se rija por las normas de la señora Díaz Ayuso».
Qué piensan los españoles
Siguiendo una encuesta conjunta del instituto de investigación IMOP y la agencia de comunicación farmacéutica Berbés, el 80% de los españoles sí están a favor de instaurar el pasaporte covid para entrar en establecimientos. De ese porcentaje, el 57 % aboga por que se pida «siempre» y el 23 %, que se exija solo cuando no se puedan garantizar las condiciones de seguridad.
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