El Parlament veta debatir los privilegios de sus expresidentes, pero no la memoria histórica de las brujas

El pleno del Parlament de Cataluña debatirá la próxima semana una propuesta de resolución en la que se insta al Govern a «reparar la memoria histórica, dignificar y reivindicar, promoviendo acciones de desagravio, todas las mujeres, injustamente condenadas, ejecutadas y reprimidas a lo largo de la historia por brujería». La propuesta, que impulsan los grupos independentistas, Junts, ERC, la CUP y también los Comunes, propone también «impulsar estudios académicos con perspectiva de género sobre la cacería de brujas y sus causas, incorporando este hecho al currículo académico».

Entre otras cosas, en la exposición de motivos se dice que Cataluña es uno de los lugares de Europa donde más mujeres fueron acusadas de brujería. Una caza de brujas, dice el texto, que se remonta a 1471. Y esto, según la propuesta, es «un claro ejemplo de la violencia y la discriminación a las que las mujeres han sido sometidas a lo largo de la historia». También se explica que, en la edad moderna, esta caza fue más extensa en las zonas de montaña, mientras que en las ciudades los episodios eran de baja intensidad. Esto, y que las condenaban en base a mentiras y torturas.

Así lo ha denunciado el grupo parlamentario de Vox. Su portavoz, Juan Garriga, dice que la iniciativa les ha dejado sin palabras. Y no solo porque se pueda debatir algo así en el Parlament, sino porque la Mesa, en cambio, no ha permitido el debate de una proposición de ley de Vox en la que se pedía «eliminar los privilegios de carácter retributivo de los expresidentes de la Generalitat y también de los expresidentes del Parlament». En este caso han impedido su tramitación los votos de independentistas, comunes, pero también del PSC. 

Para Garriga, es sorprendente que se debata sobre brujería, pero no sobre «eliminar unos privilegios que sangran a los ciudadanos». Y se demuestra una vez más, dice, que los «partidos independentistas dan la espalda a los problemas de los catalanes y siguen con sus delirios ideológicos».

Garriga recuerda que esto ha coincidido en una semana en la que los catalanes «han podido comprobar cómo se derrocha dinero desde el parlamento», casi dos millones de euros para pagar a trabajadores de la cámara que no iban a trabajar al Parlament.