Este es Alberto Casero, el diputado del PP que hizo posible la reforma laboral de Yolanda Díaz

Alberto Casero es oriundo de Trujillo, Cáceres, y nace en 1978. Está soltero, es de familia trabajadora y tiene una única hermana. Sus estudios superiores constituyen una licenciatura en Derecho por la Universidad de Extremadura.

Su carrera política comienza con la mayoría de edad, a los 18 años, en las Nuevas Generaciones del Partido Popular, de las que fue elegido en 2001 presidente cacereño hasta 2006. Durante este periodo juvenil llegó a formar parte de la Ejecutiva Nacional de Nuevas Generaciones.

A nivel de representación pública, entra en 2003 en el Parlamento de Extremadura, convirtiéndose en el diputado más joven en la historia de la Comunidad. Al mismo tiempo, escala posiciones con rapidez dentro del partido. En la provincia de Cáceres ocupa el cargo de vicesecretario general y, a nivel regional, entra en la Junta Directiva del Partido Popular extremeño. Fue cesado de su cargo como vicesecretario general por, según fuentes del PP, «ser una persona muy desorganizada».

Dos mayorías absolutas

En 2011 se convierte en alcalde de su ciudad natal, Trujillo, donde logra una mayoría absoluta. Ese mismo año es elegido senador. En las elecciones de 2015 revalida el cargo de alcalde con una segunda mayoría absoluta. El cargo de representación pública que actualmente detenta, desde 2019, es el de diputado nacional por la provincia de Cáceres, por lo que cobra un sueldo aproximado de 70.100 euros anuales.

«No se presentó para repetir como alcalde porque era incompatible con su candidatura como diputado nacional. En sus dos legislaturas como alcalde levantó el nombre de la ciudad y redujo su deuda pública, pero poco a poco se fue desencantando con la ciudad », señalan fuentes del Congreso conocedoras de su trayectoria.

«Ahora vive en Madrid, en un céntrico ático, en una de las mejores zonas de la capital. Le gusta la lectura, los museos».

En noviembre de 2021, el Juzgado número 2 de Trujillo inicia una investigación a Casero por un presunto delito de prevaricación. Al parecer, el procedimiento está abierto por pasar una factura como contrato menor, cuyo límite es el importe de 19.000 euros, cuando la factura que presentó en su época de alcalde tenía un importe de 25.000 euros.