Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
Tribunales
La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación sobre el contrato del hermano de Díaz Ayuso
El Ministerio Público ha decretado la apertura de actuaciones sobre la documentación aportada por la presidenta madrileña en el marco de la polémica que ha dinamitado al Partido Popular
La Fiscalía ha tomado una decisión. En pleno escándalo sobre el presunto «espionaje» de Génova a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -al hilo de un contrato «de urgencia» suscrito entre la Administración regional y la empresa Priviet Sportive SL, de la que es proveedor Tomás, el hermano mayor de la mandataria madrileña- el Ministerio Público ha decretado la apertura de una investigación. Anticorrupción será el área encargada de depurar las presuntas irregularidades que hayan podido cometerse en la adjudicación de la compra del material sanitario, en marzo de 2020.
El contrato de Tomás Díaz Ayuso, a examen
Fuentes próximas a la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón, han confirmado a El Debate que se reclamará el contrato por importe de 1,5 millones de euros bajo sospecha de la oposición política, y del propio Partido Popular, para concluir si existen indicios de delito, tanto en la tramitación del mismo como en la contraprestación, por importe de 55.850 euros, percibida por Tomás Díaz Ayuso como resultado de sus gestiones en China para la adquisición y la logística de entrega de la mercancía, un total de 250.000 mascarillas FPP2-3. No en vano, los socialistas madrileños, Unidas Podemos y Mas Madrid presentaban a comienzos de esta misma semana una denuncia ante el Departamento de Dolores Delgado señalando tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos en la actuación de la líder del Ejecutivo.
Sin embargo, las mismas fuentes de la Fiscalía han señalado que las «mínimas» pesquisas se centrarán en determinar «quiénes fueron los protagonistas del contrato» que permitió la adquisición de las mascarillas. Esto es, en aclarar los «términos de la intervención» de las partes serán un dato especialmente relevante e, incluso, decisivo para decidir si existen indicios suficientes para impulsar una querella de oficio o todo queda archivado, sin más.
Crisis en el Partido Popular
Ayuso ganó todas las causas judiciales contra presuntos tratos de favor a su familia
Tan sólo veinticuatro horas después de que se hiciese público el escándalo, y de la comparecencia ante los medios de la propia Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña daba cuentas de los detalles de la transacción, en un comunicado en el que se explicaba cómo su hermano había facturado un total de 55.850 euros por su trabajo habitual, desde hace veintiséis años, en el contrato que ahora será fiscalizado.
Según la nota oficial, el documento fechado el 30 de junio de 2020 vino derivado de las gestiones de su hermano Tomás para la compra de mascarillas en China, que fueron vendidas a la Comunidad de Madrid a 5,00 euros la unidad, cuando los precios en origen se fijaban por el método de la subasta, y en un momento en el que otros proveedores las colocaron en el ente autonómico a 10,50 euros.
La Comunidad de Madrid avanzó ayer, a mediodía, que entregaría voluntariamente a la Fiscalía, y sin esperar a ser requeridos, toda la documentación relativa al contrato de la polémica. La miusma ya obra en poder del Ministerio Público desde las 13.00 horas de este lunes: oferta con documentación de las características técnicas del producto; albaranes de entrega, factura y certificado de conformidad de la misma; documento contable ADOK aprobado y diligencia de toma de razón de contabilidad del mismo; memoria justificativa para la adquisición centralizada de material de protección, mascarillas, para el pabellón 10 del IFEMA del Servicio Madrileño de Salud; anexo a la memoria; hoja de pedido del 1 de abril de 2020; documento contable RC (retención de crédito); diligencia de toma de razón de contabilidad del documento RC; resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y resolución de 14 de mayo de 2020, de la misma Viceconsejería, de corrección de errores materiales de la anterior resolución; certificado del secretario general del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2020; y, finalmente, informe del Viceconsejero de Asuntos Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2022.
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