Manifestación en recuerdo de la figura de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, asesinado por ETA
Audiencia Nacional
El juez García-Castellón citará a los «cerebros» etarras tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco
El magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado a la policía varias diligencias de investigación orientadas a identificar a los «autores mediatos» del asesinato del concejal del PP en Ermua
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, citará a declarar a los «cerebros» de ETA que, presuntamente, ordenaron el asesinato del exconcejal popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, una vez disponga de las conclusiones policiales orientadas a esclarecer la «autoría mediata» de la ejecución terrorista. El juez ha decretado, por el momento, la apertura de diligencias policiales orientadas a determinar, en base a un pormenorizado análisis de los «papeles franceses» de la banda terrorista, la identidad de los exjefes de ETA que fueron los «presuntos autores detrás del autor» material de los disparos que acabaron con la vida del joven político.
En un auto firmado este jueves, al que ha tenido acceso El Debate, García-Castellón ordena a los agentes rastrear la vinculación orgánica de históricos dirigentes de la organización terrorista -como Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren, 'Kantauri'; María Soledad Iparaguirre, 'Anboto'; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi'; Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea Barandiaran, alias 'Willy'; Jokin Echevarría y Carlos Ibarguren Aguirre 'Nervios'- con el secuestro y la posterior ejecución de Blanco.
La causa se enmarca en una series de querellas interpuestas en la Audiencia Nacional por la Asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia para reabrir las investigaciones sobre varios de los últimos atentados perpetrados por el grupo armado, una vez aplicada la política de la «socialización del dolor» que decretó su cúpula. Entre ellos, el asesinato del también exconcejal del PP en el País Vasco, Gregorio Ordóñez, competencia del magistrado Alejandro Abascal; el coche bomba contra el juez Querol, en manos del juez Santiago Pedraz; el atentado contra la T4 del aeropuerto de Barajas, que puso fin a la tregua de la banda armada; el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola; el de la comisaría de la Ertzaintza en Ondadrroa; o, el del propio Miguel Ángel Blanco, para tratar de desentrañar quiénes fueron sus autores intelectuales.
Miguel Ángel Blanco fue asesinado el 13 de julio de 1997 por dos terroristas etarras —Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', e Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia'— condenados por estos hechos en el año 2006. Ahora, la Audiencia Nacional quiere indagar sobre la identidad de sus jefes en ETA para determinar cuándo y en qué términos ordenaron su ejecución y si la muerte del concejal popular es penalmente atribuible a la cúpula etarra. Esto es, si los miembros del «Zuba» etarra en el momento de cometerse los hechos dieron la orden de asesinar al concejal o bien si son responsables por omisión porque hubieran podido impedir, de algún modo, su asesinato durante las 48 horas en que permaneció secuestrado.
Comisión por omisión
García Castellón ha acordado requerir un informe pericial de inteligencia a la Guardia Civil en el que se plasmen todos los elementos documentales sobre el grado y la participación de los querellados en el Comité Ejecutivo de ETA, o Zuba, en la época investigada. Los agentes tendrá que detallar en su informe si se considera factible que ese comité y sus integrantes pudieron participar en la toma de decisiones sobre la concreta acción terrorista o si pudieron haber impedido la misma y no lo hicieron.
El informe también deberá incluir otros elementos documentales relacionados con otras acciones terroristas contemporáneas al atentado para estudiar el modus operandi utilizado por ETA y sus órganos de dirección.
Además, el magistrado ha explicado en su auto que la interposición de la querellade Dignidad y Justicia resulta coherente con la investigación realizada en su juzgado hasta el momento para esclarecer el círculo de partícipes e intervinientes en la comisión de los hechos y determinar, en su caso, la posible responsabilidad penal que pudiera corresponder a cada uno de ellos en el asesinato del concejal popular.
En relación con la posible comisión por omisión, el juez señala que en pocos casos como en este atentado, puede perfilarse con más nitidez esta figura penal, «pues quienes ejercían el liderazgo de la organización terrorista, el llamado Comité Ejecutivo, dispusieron de, al menos, cuarenta y ocho horas para detener la acción, pudiendo disponer en todo este tiempo, presuntamente, un dominio directo del hecho, en el marco de la organización, que permite, desde este momento procesal, iniciar una investigación para delimitar el alcance de sus responsabilidades».
Se trataría, por lo tanto, a juicio del magistrado, «no sólo de concretar la existencia cualquier documento o prueba en la que aparezcan indicios de las personas que, no habiendo participado en la ejecución material de los hechos, hubieran dado instrucciones para el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco», sino de determinar si, quienes pudiendo haberlo detenido en cualquier momento, teniendo conocimiento de la acción, no lo hicieron.
El atentado de Santa Pola
Por su parte, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6, Joaquín Gadea incoaba, el pasado viernes, diligencias previas para identificar a los autores intelectuales del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) que la banda terrorista ETA perpetró el 4 de agosto de 2002.
En su auto, el magistrado indicó cómo, si bien los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos, ni las personas que en ellos han intervenido», procede instruir diligencias previas y practicar las «esenciales» para dicha determinación.
Todo ello a raíz de la querella de 138 páginas presentada por la Asociación Dignidad y Justicia contra los seis jefes de la banda terrorista que, presuntamente, componían el máximo órgano de dirección -el «Zuba»- de la banda armada, en el momento del asesinato y al considerarlos «autores mediatos» penalmente responsables.
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