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29 de marzo de 2024

Las tres vicepresidentas durante la rueda de prensa

Las tres vicepresidentas durante la rueda de prensaEFE

El Gobierno presenta su plan

Calviño pide su apoyo al PP después de negarle la bajada de impuestos que Sánchez prometió

«A ver si el señor Feijóo aprovecha esta oportunidad para mostrar un cambio de orientación del PP», señala la vicepresidenta primera a propósito del paquete de medidas «ambiciosas y eficaces»

Y por fin, el día 29. El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto ley que ha bautizado con el sobrenombre de «España responde» y que, según la vicepresidenta Nadia Calviño, contiene una «batería de medidas sin precedentes, ambiciosas y eficaces» por valor de 16.000 euros (de los que 10.000 millones son créditos ICO).
La responsable del área económica compareció flanqueada por las otras dos vicepresidentas, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, para desgranar un plan que el Ejecutivo podía haber aprobado hace semanas, puesto que nada tiene que ver con el resultado del Consejo Europeo de la semana pasada. De hecho, este plan doméstico queda al margen del proyecto sobre la «isla energética» que España y Portugal tienen que presentar a la Comisión Europea a lo largo de esta semana para topar el gas. Y que Bruselas aprobará no antes de tres o cuatro semanas (ésa es la previsión del Gobierno).
Calviño defendió esa bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, pese a que contraviene los principios de la progresividad que pregona el PSOE. «Esta medida beneficia sobre todo a las clases medias. No podemos pedirle al gasolinero que a la persona que va a repostar enseñe su nómina o su IRPF», sostuvo la vicepresidenta económica, que aclaró que la medida entrará en vigor el 1 de abril.
Nadia Calviño durante la rueda de prensa

Nadia Calviño durante la rueda de prensaEFE

Calviño pidió al PP su apoyo al real decreto ley, del que los populares conocieron el contenido el lunes a través del acto de Pedro Sánchez. La noche antes, el ministro Félix Bolaños telefoneó a la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, pero no le dio detalles.
«A ver si el señor Feijóo aprovecha esta oportunidad para mostrar un cambio de orientación del PP», le sugirió la vicepresidenta primera. El futuro líder de la oposición se ha mostrado abierto a negociar, siempre y cuando el Gobierno esté dispuesto a eliminar más carga impositiva de los carburantes.
Y es ahí donde el Ejecutivo no está dispuesto a transigir, pese a que el propio Sánchez se comprometió en la Conferencia de Presidentes de La Palma a bajar más esos impuestos, aunque sin concretar.
La explicación que dio Calviño -y en la que también incidió después la Secretaría de Estado de Comunicación- es que dan por cumplido ese compromiso prorrogando hasta junio las rebajas de impuestos que ya aplicaron en verano: el IVA de la electricidad al 10%, el impuesto especial sobre la electricidad en el 0,5% y el impuesto del Valor de la Producción Energética suspendido.
Según la número dos del Gobierno, ya han dejado de recaudar entre 10.000 y 12.000 millones de euros por ello. Es más. Calviño añadió que en su ronda de contactos con los afectados hay «sectores que explícitamente nos han pedido que no bajáramos impuestos porque no les era útil», y aludió en concreto a los transportistas.
Lo que sí habrá es, como quería Unidas Podemos, un tijeretazo a los beneficios de las eléctricas cuando superen el umbral de los 67-70 euros por megavatio hora. Los llamados «beneficios caídos del cielo».
A su lado, Yolanda Díaz se felicitó de que esta crisis la aborde, también, un Gobierno progresista: «Lo vamos a volver a hacer, y de esta crisis vamos a salir juntos», sostuvo.
Dos de las medidas peleadas y ganadas por la vicepresidenta segunda al ala socialista son la prohibición de subir los alquileres por encima del 2% hasta junio para todos los arrendadores (grandes tenedores y pequeños) y la prohibición de despedir en dos supuestos: cuando la empresa ha recibido algún tipo de ayuda pública (bien directas o vía ERTE) o en el caso de aducir pérdidas por las subidas de la luz y los carburantes.
En este sentido, la vicepresidenta segunda mandó dos mensajes. El primero a los empresarios, a los que advirtió: «En la crisis no hay que despedir (…). No es necesario despedir. Tienen ustedes los recursos públicos para impedirlo». Y, el otro, a los propietarios con viviendas en alquiler: «El Gobierno de España tiene el mandato de proteger a las personas que viven de alquiler», continuó.
Por lo que respecta al proyecto sobre la «isla energética» en el que trabajan España y Portugal, la vicepresidenta Teresa Ribera garantizó que el precio va a ser «considerablemente más bajo», aunque señaló que los equipos de ambos países siguen trabajando por la «complejidad técnica».
La duda está en el tope que se fijará para el gas. El Periódico de Catalunya adelantó el domingo que el Gobierno está estudiando que ronde los 50 euros para la Península y luego se venda a Francia al precio normal (para no afectar al resto del mercado europeo, que es el compromiso adquirido por ambos países y el miedo de Alemania y Holanda).
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