El comisario jubilado José Manuel Villarejo compareciendo en la Comisión del Congreso que investiga el 'caso Kitchen'
'Caso Tándem'
Anticorrupción analiza nuevos documentos sobre el presunto blanqueo de capitales de Villarejo
La Fiscalía ha recibido información procedente de la comisión rogatoria librada desde la Audiencia Nacional a la República Dominicana en el marco de la pieza 31 del 'caso Tándem'
Sobre la mesa de los fiscales, nuevos documentos aportados por la República Dominicana. En el origen, un extenso informe policial que, según avanzaron a El Debate fuentes próximas al caso, fue entregado por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos que –desde 2019, y bajo la atenta mirada de Anticorrupción– rastrean las pistas de una derivada de la macrocausa Tándem que apunta a un presunto blanqueo de capitales del excomisario José Manuel Villarejo del que su socio mayoritario en la trama, Rafael Redondo, habría obtenido 'tajada'. La misión del Ministerio Público se centra, ya, según han apuntado las mismas fuentes, en analizar el contenido de los papeles recibidos de las autoridades del país caribeño en contestación a una comisión rogatoria librada desde la Audiencia Nacional, el pasado mes de marzo.
Las investigaciones preliminares desvelaron cómo, en el año 2006, la mercantil Valle Luna Consultores SA, cuyo apoderado final era Redondo, adquirió unos terrenos en el complejo turístico de La Barraca de La Romana, en República Dominicana, que en realidad terminaron en manos del empresario catalán José María Clemente. Clemente pagó, supuestamente, una compensación al comprador inicial que, de éste modo, le habría permitido 'lavar' en España cerca de un millón de euros de los tres a los que realmente ascendió la operación inmobiliaria.
Por ello, y tras más de tres años de pesquisas policiales, el Juzgado de Instrucción Central número 6 decretó la apertura de una nueva pieza separada, la número treinta y uno, que investiga de forma individual y pormenorizada los supuestos negocios irregulares de José Manuel Villarejo en el Caribe. Contratos privados y movimientos bancarios, procedentes de Dominicana, serán revisados con lupa por los fiscales Anticorrupción.
El material incautado a Redondo
El 16 de julio de 2018, los agentes responsables del caso en curso identificaron la punta de la madeja, «Scorpy» –un archivo almacenado dentro de otra carpeta, denominada «Partners» con información, a su vez, relativa a los datos intervenidos dentro de «Taja», con listados clasificados de las bases de datos de los confidentes policiales y los pagos efectuados a los mismos– entre los documentos informáticos incautados en el domicilio madrileño del socio principal de Villarejo, Rafael Redondo, en Galapagar.
Los efectos interceptados a Redondo pusieron a los policías sobre la pista de un presunto blanqueo de capitales –presuntamente intermediado por Villarejo– cometido en el marco de la compraventa de dos parcelas en el Caribe. Los policías conectaron «Scorpy» con el nombre en inglés de «Escorpión», uno de los alias que el excomisario usaba para referirse a un empresario catalán, José María Clemente Marcet, último propietario de los terrenos.
A partir de los papeles aportados por la República Dominicana a requerimiento de la Audiencia Nacional, la Fiscalía ahora tendrá que acreditar si, como han revelado las pesquisas policiales al juez, la matriz del grupo empresarial de Villarejo, Cenyt, cuya administradora societaria es la mujer del comisario jubilado, Gemma Alcalá, se benefició, en 2008, entre otras transacciones, de una cesión de crédito por valor de más de 1,2 millones de euros, cuyo acreedor era Cenyt Parking, SL, siendo el deudor la mercantil Mombasa Inversiones SL, ligada societariamente a José María Clemente, el beneficiario final de la operación.
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