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29 de marzo de 2024

Policía Nacional en las protestas independentistas de Barcelona en 2017

Agentes de la Policía Nacional, en las protestas independentistas de Barcelona, en 2017GTRES

El espionaje de los Mossos a constitucionalistas

En octubre de 2017 agentes de la Policía Nacional interceptaron furgonetas de los Mossos con documentación que pretendían destruir en la incineradora de Sant Adrià. La justicia sobreseyó el caso aunque reconoció que hubo seguimientos

El separatismo exige transparencia y responsabilidades por el presunto caso de espionaje a personas del ámbito independentista con un programa israelí, Pegasus. Sin ir más lejos, ayer mismo la presidenta del Parlament, Laura borràs, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. También han anunciado una batería de acciones judiciales para «llegar hasta el final» y aclarar este caso y se pide desde la Generalitat una investigación interna para zanjar el asunto.
Airada reacción que contrasta con el perfil bajo que se le dio a otro caso, también de espionaje, que lleva a la época álgida del procés, al 26 de octubre de 2017. Aquel día se vivieron varias horas de muchísima tensión, después de que agentes de la Policía Nacional, con arma larga en mano, bloquearan varias furgonetas sin logotipar de los Mossos de Esquadra. El destino era la incineradora de Sant Adrià del Besòs. Mandos del CNP consiguieron la autorización de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, para intervenir esta documentación. La Policía tenía sospechas de que los Mossos intentaban destruir documentos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Los agentes requisaron 36 cajas. Efectivamente había documentación que tenía que ver con el referéndum, pero también se hallaron informes «sobre actividades o seguimientos de objetivos de interés no policial ni judicial, sino de tipo político. El denominador común es que se trata de personas, entidades o actividades contrarias al independentismo, muchas veces adjetivadas en los propios informes como españolistas, constitucionalistas, etc.», decía un informe elaborado por la Brigada de Información del CNP.
Documento que insistía en que «queda de manifiesto que no sólo se trata de un simple informe del seguimiento de una manifestación, sino más bien del seguimiento que desde la CGINF de Mossos d'Esquadra, siguiendo presumiblemente órdenes políticas, se ha venido realizando de partidos políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas, entre otros colectivos en Cataluña que son contrarios al proceso independentista desarrollado por el gobierno de la Generalitat desde sus diferentes consejerías. La manifestación a la que se refiere es un acto convocado por Societat Civil Catalana (SCC).
¿Y quienes fueron vigilados? El abogado José María Fuster-Fabra, el expresidente de SCC Josep Ramón Bosch o el secretario general del sindicato policial SPC, David José, entre otros. Varios de los afectados presentaron una querella. De hecho, se abrió una investigación judicial. El juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona sobreseyó el caso, decisión que fue ratificada posteriormente por la Audiencia de Barcelona. Ahora este tema está recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es que en algunos de los expedientes de los espiados también se incluían fotografías y grabaciones.
A pesar de que se sobreseyó el caso, los magistrados no niegan que se produjeran estos seguimientos. Pero, por ejemplo, el titular del juzgado de Instrucción 22 aseguraba que «ninguno de los datos que constan en la documentación y que se refieren a los querellantes y denunciantes, afecta a la vida íntima; se trata de datos que guardan relación con la vida privada o con la misma vida pública, fácilmente obtenibles en la llamada información abierta». También consideraba que no hubo «desviación de poder» porque el propósito de los Mossos era «salvaguardar el interés público». El juez consideraba que el objetivo era «obtener el máximo de información esencial de toda policía sobre la actuación de personas que por su significación sociopolítica pudieran, en un momento especialmente vulnerable, devenir autores o partícipes en incidentes con afectación del orden público o devenir víctimas de estos incidentes».
En la Audiencia de Barcelona, los magistrados dijeron que la situación en la época en la que se llevaron a cabo los seguimientos y se elaboraron los informes era «convulsa» por el procés, pero también consideraron que se hicieron de forma legal y sin afectar la vida íntima de los afectados.
Y a todo ello hay que añadir que el Parlament, la mayoría independentista formada por Junts, ERC y la CUP evitó que prosperara una comisión de investigación sobre este presunto espionaje de los Mossos a constitucionalistas. Una comisión que habían pedido PP, Ciudadanos, PSC y los comunes, para investigar las unidades de información de los Mossos, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat). También se pretendía determinar los casos concretos en los que hubo seguimientos; analizar la documentación interceptada por el CNP y saber si hay «posibles listados o ficheros de carácter personal en poder de los Mossos». Los grupos independentistas decían que se tenía que investigar a todos los cuerpos policiales y lamentaban que se intentara criminalizar a la policía autonómica.
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