Aragonés con Echenique y Asens, de Unidas Podemos, en el Congreso
Otro cisma entre socios
El PSOE pierde el control del 'catalangate' y queda en manos de Feijóo y su ayuda
La alianza entre Unidas Podemos y el independentismo para registrar la petición de una comisión de investigación en el Congreso ha dejado a los socialistas a expensas del PP
El independentismo a veces aprieta, pero nunca ahoga a Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, descartó este jueves la ruptura de relaciones con el Gobierno de España por el presunto espionaje a más de 60 independentistas con el programa Pegasus. No obstante, según Aragonès, a día de hoy la confianza es «cero».
Esa fue la buena noticia del día para el PSOE, la única. Porque la mala es que el catalangate, como ya se conoce, ha escapado del control de los socialistas, que han quedado irremediablemente en manos del PP. Tan confiados como estaban ellos en poder solventar el caso a puerta cerrada, en la comisión parlamentaria de control de los créditos destinados a gastos reservados.
Sánchez se encontró este jueves con que Unidas Podemos se alió con el independentismo catalán, vasco y gallego para registrar conjuntamente la solicitud de creación de una comisión de investigación por la que desfilen políticos y altos mandos del CNI. Comisión que Aragonès puso como condición sine qua non para mantener los puentes con el Gobierno de Sánchez.
En concreto, la solicitud llevaba la firma de los portavoces de Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PdeCAT, Bildu, la CUP, PNV, Más País, Compromís y el BNG. Es decir, todos los socios habituales de Sánchez e incluso más.
Aragonés reunido con los independentistas en el Congreso
Los morados firmaron después de reunirse con el presidente de la Generalitat y de pedirle que no rompa con el Ejecutivo central porque eso es lo que querrían las «cloacas del Estado». «El caso Pegasus revela un espionaje masivo por motivos ideológicos que es incompatible con la democracia. Si se hizo ilegalmente, hay que investigar a fondo y tienen que rodar cabezas. Si se hizo con cobertura legal, hay que pedir perdón y garantizar que nunca vuelva a ocurrir», señaló a la salida su portavoz, Pablo Echenique. Su postura es casi de funambulista, porque afirman que Pegasus es herencia del PP. Aun cuando la mayoría de los casos datan de los años 2019 y 2020, ya con Sánchez en La Moncloa.
El PP tiene al PSOE en sus manos
La cuestión es que, con este amplio frente en contra, el PSOE ha pasado a depender del PP. El voto de los de Alberto Núñez Feijóo será decisivo para que la comisión de investigación prospere. Los populares no tienen una decisión tomada de momento. Están esperando a que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, mueva ficha a comienzos de la semana que viene. No obstante, su secretaria general, Cuca Gamarra, pidió el miércoles «transparencia» y que el Gobierno dé explicaciones «en los ámbitos correspondientes».
El próximo martes, la petición de creación de una comisión de investigación llegará a la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara Baja. Allí, el PSOE tiene tres puestos, Unidas Podemos otros tres, el PP dos y Vox, uno. El PSOE puede intentar tumbar la solicitud allí mismo –para lo que necesitaría a los populares– o calificarla y dejar que pase a la siguiente pantalla: la Junta de Portavoces.
Hecha la ley, hecha la trampa
Teóricamente, los motivos para que la Mesa inadmita una solicitud de creación de una comisión de investigación son muy limitados, puesto que el Reglamento del Congreso estipula que «cualquier asunto de interés público» puede ser objeto de una. Pero, en la práctica, se hace. Y más tratándose de asuntos relacionados con la seguridad nacional y los secretos oficiales. «En la Mesa ha pasado de todo», resumen fuentes de la misma a El Debate.
En esta legislatura, socialistas y populares se han aliado en la Mesa del Congreso para tumbar todas las relativas a Juan Carlos I, y han sido una quincena. También votaron juntos para frenar una sobre la relación entre los gobiernos de Felipe González y los GAL, y eso que esta última contaba con el visto bueno de los letrados del Congreso para su tramitación. Así que hecha la ley, hecha la trampa.
Si la Mesa del Congreso diera luz verde a la comisión de investigación con los cinco votos de Unidas Podemos y del PP, la solicitud llegaría a la Junta de Portavoces. Y, de ahí, al Pleno, donde se votaría definitivamente su creación entre mayo y junio. Si pasa de la Mesa porque Feijóo así lo decide es de prever que pase el resto de trámites.
De momento, la pelota está en el tejado del PSOE, que es el que tiene que dar el paso de llamar a la puerta del PP. Los socialistas pretendían que el catalangate fuera a la comisión parlamentaria de control de los créditos destinados a gastos reservados, que se celebra a puerta cerrada y es la que tradicionalmente despacha lo relativo al CNI.
El problema es que esa comisión ni siquiera se ha constituido en esta legislatura porque sus miembros deben ser elegidos por mayoría de tres quintos del Congreso. Es decir, por 210 votos, una suma que solo alcanzan socialistas y populares juntos. Y el PP no quiere que en esa comisión haya diputados de ERC o Bildu porque serían, dicen, como poner al zorro a cuidar de las gallinas; al independentismo a cuidar de los secretos del Estado.
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