La bancada del PSOE, durante una intervención de Sánchez
El decreto anticrisis
Sánchez afronta otra votación al límite por su empeño en no hacer concesiones al PP
Pegasus ha vuelto a poner al presidente ante su dura realidad: la de un presidente dependiente de sus socios independentistas que vive en el alambre
El gesto que este miércoles tuvo Pedro Sánchez fue más elocuente que mil palabras. Y eso que en el Congreso se habló, y mucho. A primera hora de la tarde, el Gobierno comunicó el aplazamiento del viaje del presidente a Moldavia y Polonia, previsto para este jueves y viernes.
La explicación tiene todo que ver con el endiablado callejón parlamentario en el que el Ejecutivo se ha ido metiendo en los últimos días, a propósito de la convalidación del decreto anticrisis que el Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo.
Si Sánchez volaba a Moldavia con el Pleno en marcha en el Congreso, como estaba previsto, no podía votar al final del mismo (el voto telemático está restringido a enfermedad o baja de maternidad o paternidad). Lo que equivalía a desperdiciar un voto. Que, sumado a los dos que ha perdido por el camino de la legislatura Unidas Podemos (uno por negarse a sustituir al diputado canario Alberto Rodríguez, otro por el paso al Grupo Mixto de la diputada Meri Pita), son tres menos. Y la coalición gubernamental no está para tirar votos, sino para contarlos uno a uno. Tiene 153 en una Cámara de 350.
Pegasus ha vuelto a poner a Sánchez ante su dura realidad: la de un presidente absolutamente dependiente de sus socios independentistas que vive de forma permanente en el alambre, al límite. Y, aun así, empeñado en no negociar y pactar con el principal partido de la oposición.
Todo lo más que ofreció a última hora de este miércoles el presidente al PP y al resto de partidos –lo habían solicitado los populares y varios más– fue tramitar el decreto de ley como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan hacer sus «aportaciones» tras la convalidación. Que no quiere decir que acaben incorporadas.
«Tanto va el cántaro a la fuente que, al final, se acaba rompiendo», advertía en los pasillos del Congreso un diputado del PP, refiriéndose a la ajustada votación de este jueves. Otra más, como la de la reforma laboral. Y ésta se suponía que iba a ser tranquila, hasta que el presunto espionaje a los independentistas se cruzó en el camino del decreto anticrisis del Gobierno y ERC vio el hueco.
Aragonès sube la apuesta
El remate vino cuando, a última hora de la mañana de este miércoles, Pere Aragonès subió la apuesta y pidió la dimisión de Margarita Robles por estar «incapacitada políticamente». En el Congreso, Gabriel Rufián no había ido tan lejos, sino que había pedido la apertura de una comisión de investigación a cambio del voto de los 13 diputados de Esquerra. O, al menos, de su abstención.
Margarita Robles este miércoles en el Congreso
Por los pasillos de la Cámara, diputados de otros partidos afines al Gobierno afeaban a ERC, sotto voce, que no sea capaz de separar el espionaje de un decreto ley con medidas para paliar la crisis energética. Pero es que el grupo parlamentario de Esquerra también en este caso está bajo la presión de Junts, que siempre tira de él contra el Gobierno central.
Los números
A la espera de que este jueves los portavoces de los distintos partidos clarifiquen su posición, el Ejecutivo tenía el miércoles asegurados únicamente 163 votos a favor: 120 del PSOE, 33 de Unidas Podemos, seis del PNV, dos de Más País, uno de Compromís y uno del PRC. Y 13 confirmados en contra: nueve de Ciudadanos y cuatro de Junts per Catalunya. Ni siquiera Vox quiso enseñar sus cartas tan pronto, lo que por momentos trajo a la memoria aquel decreto ley del Gobierno sobre el reparto de los fondos europeos que los de Santiago Abascal salvaron con su abstención en enero de 2021.
«Este Gobierno siempre hace lo mismo. No busca apoyos durante la redacción de la norma, nunca busca el consenso antes. Publica el decreto ley, entra en vigor y después busca adhesiones incondicionales. Y te dice 'no te atreverás a votarme que no'. Pues no vamos a caer ni una vez más en este chantaje del Gobierno», se quejó el portavoz de Cs, Edmundo Bal, después de haber estado reunido con el ministro de la Presidencia.
Félix Bolaños intentó hacer, una vez más, de apagafuegos de Sánchez. Se reunió con Cs y también con ERC, aunque Rufián salió de su despacho igual que entró: insatisfecho. El diputado se pasó el día intentando hacer ver a la prensa que esto no es «otra movida del independentismo», sino un «caso gravísimo» de espionaje del Estado a sus ciudadanos.
En paralelo, la ministra de Hacienda contactó con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, aunque para pedirle el voto sin nada a cambio. A media tarde de este miércoles, Bravo envió una carta a María Jesús Montero para ofrecer al Gobierno ya no la abstención del PP, sino su voto a favor. Pero con condiciones que Sánchez jamás aceptaría.
La votación, en el aire
La llamada de Montero al vicesecretario de Economía del PP que acabó en fiasco
En concreto, cuatro: que incorpore una rebaja de impuestos a las rentas medias y bajas, una bajada en el IVA para la electricidad de acuerdo con las normas comunitarias, una gestión eficiente de los fondos europeos y una reducción en el gasto burocrático y político del actual Gobierno. Es decir, lo que pidió Alberto Núñez Feijóo por escrito a Sánchez el pasado viernes.
Ceder ante ERC o pactar con el PP, ahí andaba la cuestión. O una tercera opción: la de una derrota parlamentaria que casi nadie contempla. Este jueves se sabrá si el cántaro sobrevive un viaje más a la fuente.
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