El magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España Ricardo de Prada, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados
El juez de Prada, una grieta de esperanza para los etarras
El magistrado «progresista» fue quien inició la aplicación de una doctrina europea para absolver al terrorista Gadafi
«En un espacio de restricción agravada de derechos fundamentales pudieron darse posibles torturas, como medidas conducentes a doblegar su voluntad y ser fuente útil de información en contra de sí mismos o de terceros». De esta manera justificaba el juez Ricardo de Prada prescindir de las declaraciones de dos terroristas que apuntaban a Gorka Palacios como autor de la colocación de un coche bomba en Madrid en 2001, aunque añadía que «por supuesto, que ello no tiene por qué ser así, ni ser el presente caso, pero existe un indudable riesgo de que lo pueda ser». Gracias a esa afirmación, Palacios fue absuelto en el juicio que se celebró el pasado mes de marzo y en el que la Fiscalía pedía más de 300 años de cárcel.
De Prada es el mismo magistrado que con una coletilla en una sentencia de la Gürtel dio el pretexto a Pedro Sánchez para presentar la moción de censura contra Rajoy en junio de 2019.
La decisión de prescindir de las declaraciones de dos terroristas que incriminaban a Gorka Palacios no fue puntual. Apenas dos meses después, el mismo juez redactaba una sentencia de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional en la que absolvía a otro terrorista, si cabe más sanguinario que el primero, Juan Carlos Iglesias Chouzas 'Gadafi', del asesinato del ex guardia civil Francisco Díaz de Cerio, cometido en 1991. En esta ocasión, de Prada no necesitaba hacer una valoración propia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le había dado una argumentación, la que recoge la llamada 'doctrina Atristain', según la cual los terroristas ven conculcados sus derechos al no poder contactar con sus abogados de confianza durante el periodo de incomunicación.
El caso Atristain
La sentencia de Estrasburgo hace alusión al caso Atristain, juzgado en 2013, y según la cual el tribunal no justificó de manera precisa el motivo del mantenimiento de la incomunicación y, por lo tanto, no estaba justificada. Ateniéndose a esa 'doctrina Atristain' ahora la Sala Segunda de la Audiencia Nacional establece que «carecemos, pues, de constancia de la razón, en interés de la justicia, por la que los detenidos permanecieran incomunicados durante dicho interrogatorio judicial, sin posibilidad de ser defendidos por sus letrados de confianza, designados por ellos mismos, y sin poder comunicarse con ellos».
Con esta excusa, el tribunal no tuvo en cuenta la confesión del resto de etarras durante su periodo de incomunicación que culpaban a Gadafi del asesinato del ex guardia civil Francisco Díaz de Cerio y optó por exculparle de cualquier culpa en aquel atentado.
El polémico De Prada
De esta forma, todo hace indicar que los abogados de los etarras tienen en la sala donde trabaja el polémico juez De Prada un resquicio en el que buscar la absolución de sus clientes y por la que pueden salir de prisión numerosos terroristas. Es la misma vía a la que se aferra Sortu para pedir la excarcelación masiva de presos.
Porque estas no son las únicas polémicas en las que se ha visto envuelto el juez de Prada en relación al terrorismo. Ya en abril del año 2016, este juez afirmó que «la tortura se ha producido de manera clara y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho». Lo dijo en una charla que impartió en el Ayuntamiento de Tolosa, y que provocó que fuera recusado en diferentes causas, incluso con el apoyo de la Fiscalía. Aunque estas recusaciones no fueron admitidas por la Audiencia Nacional.
Moción de censura a Rajoy
También ha generado polémicas más allá de los temas terroristas. Desde el Partido Popular ha sido recusado en varias ocasiones. De hecho, le acusan de propiciar la moción de censura que permitió subir al Gobierno a Pedro Sánchez al propiciar que se llamara como testigo al juicio al expresidente del Gobierno y después por dar por probada la existencia de una caja B en el partido cuando ese asunto se juzgaba en otro procedimiento, según denunciaron en el Partido Popular.
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