Pedro Sánchez
Fiscalización del Gasto Público
Varapalo del Tribunal de Cuentas al Gobierno por los 85.350 millones de euros de déficit estructural de la Seguridad Social
El dictamen del órgano fiscalizador, en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado, ejercicio 2020, muestra la preocupación por el «elevadísimo» nivel de endeudamiento de la Tesorería General
El endeudamiento de la Seguridad Social frente al Estado, a 31 de diciembre de 2020, era de 85.350,90 millones de euros. Un 7,61 % del PIB. Esta es la desorbitada cifra que maneja el Tribunal de Cuentas en relación con el balance de la caja pública de pensiones y prestaciones, según la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del pasado ejercicio 2020. El diagnóstico del ente fiscalizador, que se reúne en Pleno esta misma semana para emitir sus conclusiones sobre la situación del gasto del conjunto de las Administraciones Públicas españolas, será demoledor para el Gobierno.
La insostenibilidad del actual sistema de pensiones subyace las recomendaciones que el TC hará al Gobierno en los próximos días
No en vano, según ha podido saber El Debate en primicia, el TC considera que «la solución adoptada para la cobertura de los gastos ordinarios sigue siendo el otorgamiento de préstamos por parte del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social» que en dicho período ascendieron a los 30.330,10 millones de euros. Además, la Seguridad Social, en 2020, recibió transferencias corrientes por valor de 21.335,50 millones. Una situación de «déficit estructural» imputable, en su mayor parte, «al pago de las pensiones» que «es necesario equilibrar», apuntan las mismas fuentes.
La Sección de Fiscalización –órgano del Tribunal de Cuentas al que corresponden las funciones de verificación de la contabilidad de los entes del sector público, de examen y comprobación de las cuentas que se someten a la fiscalización y de examen de los procedimientos fiscalizadores tramitados en los distintos Departamentos– propondrá al Pleno los resultados de su último trabajo para la aprobación del informe definitivo que se elevará a las Cortes Generales con una propuesta firme: estabilizar y controlar la situación financiera de la cuenta patrimonial del Sector Público.
Subir las pensiones según la inflación
El dictamen del Tribunal de Cuentas, por lo tanto, se desmarcará de las felices promesas del Gobierno en materia de pensiones. Era el propio ministro José Luis Escrivá –titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones– el encargado de asegurar que «los pensionistas tienen que saber que está asegurado su poder adquisitivo de forma indefinida con la nueva ley, en vigor desde el 1 de enero. Una vez al año, con la inflación media acumulada a noviembre, se actualizarán sus pensiones, sea cual sea la evolución de los precios». Una afirmación que llegaba el pasado mes de marzo, pese a que la inflación sigue disparada mes tras mes y provoca que los asalariados no dejan de perder poder adquisitivo.
Reforma de las pensiones
Hacienda desoye a Bruselas y al Banco de España y subirá las pensiones con el IPC
Al TC le «preocupa» mucho que la cifra de gasto del Estado para financiar el día a día de la Tesorería General de la Seguridad Social «siga aumentando» al ritmo en el que lo viene haciendo, sin perspectiva de mejora, en los últimos años. Un déficit que choca con los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez para la revalorización de las pensiones, el mecanismo que se incluyó en la primera fase de la reforma del actual sistema público –consumada a finales de 2021– para vincularlas al IPC real. Esto supone que las pensiones subirán anualmente conforme a la inflación de diciembre del año anterior.
«Sea la que sea la inflación, su poder adquisitivo va a estar protegido» aseguraba el ministro Escrivá, aunque también matizó que «no podemos estar reevaluando cada mes, o cada tres meses. Se hará una vez el año y será en noviembre de este año. Con la inflación media acumulada se actualizarán las pensiones de todos».
La norma diseñada para permitirlo, «concentra un excesivo poder sobre los planes de pensiones de promoción pública de dos comisiones dominadas por el Gobierno y con un mandato poco claro en materia de criterios de inversión». «Podría dar lugar a un cierto intervencionismo político en la asignación de un componente potencialmente importante de los flujos de ahorro que sería muy poco recomendable», advierten los expertos.
Una larga serie de informes críticos
Hace menos de un mes, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó una nota de Miguel Ángel García (Universidad Rey Juan Carlos, URJC) en la que se cuantificaba el posible impacto de la actualización de las pensiones sobre el gasto público total en esta materia y sobre las cuentas del componente contributivo de la Seguridad Social en 2023. Los cálculos se basan en hipótesis prudentes sobre la evolución de los precios, salarios y PIB a la luz de la nueva situación creada por la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha elevado la inflación hasta el 9,8 % en tasa interanual en marzo.
Bajo estas premisas, el gasto público total en pensiones superaría el año que viene los 188.500 millones de euros –el 14 % del PIB– con lo que habría aumentado en 1,7 puntos de PIB sobre el nivel existente en 2019, momento en el cual estaba situado en la media de los países de la zona euro. Una inflación superior al 6 % empeoraría la situación, dado que cada punto adicional de IPC aumentaría el gasto total en pensiones en torno a 1.700 millones de euros (0,12 puntos del PIB). El Banco de España estima que la inflación media de este año puede ser del 7,5 %.
Así las cosas, el déficit del componente contributivo de la Seguridad Social en 2023 se situaría en el 1,2 % del PIB en 2023 –unos 15.200 millones de euros– después de inyectar 18.396 millones de euros desde la Administración General del Estado en concepto de gastos impropios. Si se excluye este concepto, el saldo negativo del sistema aumentaría hasta el 2,6 % del PIB (-33.600 millones de euros). De cumplirse este escenario, el sistema de pensiones mostraría un fuerte desequilibrio justo antes de iniciarse la entrada en edad de jubilación de la generación del baby boom, con el consiguiente aumento del ritmo de crecimiento del gasto. Una situación que, a la luz de las últimas cifras oficiales fiscalizadas, el Tribunal de Cuentas instará al Gobierno a atajar cuanto antes.
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