29 de junio de 2022

Corrupcion psoe

La corrupción puede convertirse en un factor de desestabilización de la DemocraciaPaula Andrade

Siete años de tramas, investigaciones y condenas

Archipiélago PSOE: todos los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez

  • Un reguero de tramas corruptas –algunas probadas; otras en trámite de investigación– afecta al conjunto del país y tocan todos los niveles de la Administración del Estado: municipal, autonómica y nacional

  • Los casos implican a múltiples políticos socialistas y han salido a la luz pública durante los últimos siete años; los que coinciden con la etapa de Pedro Sánchez al frente del PSOE

  • El CIS andaluz deja a Moreno a solo seis escaños de la mayoría absoluta

Pedro Sánchez llegó en 2018 a la Moncloa, vía moción de censura, con la promesa de que la corrupción en la vida pública de los ciudadanos pasaría a formar parte del pasado. Trascurridos cuatro años, puede comprobarse que no ha sido así.
En todo ese tiempo, su partido, el PSOE, se está viendo implicado en múltiples tramas repartidas por el conjunto del territorio español. Algunas han comenzado a investigarse en los últimos meses; a otros casos, en cambio, Policía y Guardia Civil les sigue el rastro desde hace años. Sin ánimo de exhaustividad, enumeramos a continuación los principales casos de corrupción socialista.
José Luis Sánchez

José Luis Sánchez Teruel, diputado autonómico del PSOE-AJosé Luis Sánchez

Sevilla, 40 millones de euros

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que indaga el presunto desvío de aproximadamente 40 millones de euros de fondos europeos destinados a proyectos de modernización de las marismas del Bajo Guadalquivir, ha ordenado este mismo año en curso de investigar al diputado autonómico del PSOE por Almería y, por ende, aforado, José Luis Sánchez Teruel, por su anterior papel como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía en la fecha de los hechos indagados.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el congreso del PSOE-A

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el congreso del PSOE-AEFE

Caso Isofotón, tres ministros de Sánchez

En el llamado caso Isofotón, la Fiscalía Anticorrupción salpica a tres ministros del PSOE: María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera, dado que reclama un acta de la Comisión de Asuntos Económicos por el préstamo a Isofotón, finalmente declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada. El préstamo fue concedido a la empresa energética con informes negativos que reflejaban incidencias.

En el llamado caso Isofotón, la Fiscalía Anticorrupción salpica a tres ministros del PSOE: María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera

Los actuales ministros de Hacienda y de Agricultura, María Jesús Montero y Luis Planas, formaran parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que autorizó el día 3 de julio de 2012 conceder ese préstamo de 8,3 millones de euros a la empresa. Además, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, también ocupó un puesto de responsabilidad en esa empresa entre septiembre de 2012 y mayo de 2013.

Alcorcón, socialismo e insolvencia

Natalia de Andrés

Natalia de Andrés, alcaldesa del PSOE en Alcorcón, MadridPSOE Alcorcón

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha condenado en 2022 a la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, del PSOE, a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada al considerarla responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, Emgiasa.

La actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, del PSOE, ya ha sido condenada a cinco años de inhabilitación

En la misma causa, además de la actual regidora, también fueron condenados a 10 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada el exalcalde socialista, Enrique Cascallana y otras siete personas que formaban parte del Consejo de Administración de Emgiasa.
Los hechos se remontan a la etapa de Cascallana al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, durante la cual, la actual alcaldesa, como edil de Urbanismo, formaba parte del consejo de administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda del municipio, que actualmente está en concurso de acreedores.
Salvador Illa.

Salvador Illa fue ministro de Sanidad durante la pandemia.Efe

Illa, incidencias en el 22 % de contratos

El 22 % de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria, INGESA, en los primeros meses de la pandemia con el entonces ministro socialista Salvador Illa al frente presentaron «incidencias». En su mayor parte, el dinero salió del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros habilitados a este efecto en el Ministerio de Sanidad el 12 de marzo de 2020, nada más declararse la pandemia.
El resumen del tribunal estima que un 22,44 % de los contratos fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, coincidentes con el inicio de la crisis sanitaria derivada de la covid, se produjeron distintas incidencias en su ejecución.
Nuria

Núria Marín, alcaldesa del PSC de Hospitalet de LlobregatEl Debate

Hospitalet y Cornellá, posibles delitos

El Juzgado de Instrucción 4 de Cornellá ordenó en 2021 a la Policía Nacional la entrada y registro de varias dependencias del Ayuntamiento de Cornellá y del Consejo Comarcal de Deportes del Bajo Llobregat para buscar documentación sobre contratos presuntamente irregulares relacionados con el ámbito deportivo. Investigan delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública. Los agentes se llevaron a cinco técnicos detenidos y siguen buscando documentación.

En Cornellá y Hospitalet se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública

El procedimiento deriva de la causa que se instruye en el juzgado de instrucción número 2 de Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña, por presunto desvío de subvenciones del Consejo Deportivo de Hospitalet.
Mari Luz Lastras

Mari Luz Lastras, exalcaldesa del PSOE en San Martín de Valdeiglesias, MadridEl Debate

San Juan, de pantano a ciénaga

La Guardia Civil detuvo en 2021 a 17 personas en una operación contra la corrupción urbanística en el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, entre las que se encontraba la exalcaldesa socialista de la localidad de San Martín de Valdeiglesias, Mariluz Lastra, y dos de sus concejales en la antigua corporación.

La Guardia Civil detuvo a 17 personas en una operación contra la corrupción urbanística en el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, entre las que se encontraba la exalcaldesa socialista de la localidad de San Martín de Valdeiglesias

Entre los arrestados también había al menos tres exediles socialistas que ya no forman parte del ayuntamiento y algunos de sus familiares, que recibían ayudas municipales. En la denominada operación Pantano, junto a la exalcaldesa, fueron arrestados el ex teniente de alcalde socialista de la corporación, Luis Haro, y el exconcejal socialista de Festejos, Pablo Luis Lastras, acusados de delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
Carmen López, la diputada del PSOE-M, en un pleno de la Asamblea

Carmen López, diputada del PSOE-MEuropa Press

UGT Madrid, corrupción sindical

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, dimitió a finales de 2021 de su cargo después de denunciar a la Policía una presunta trama de corrupción en el sindicato. López Reillo dimitió por «responsabilidad política y dignidad personal», según manifestó en su cuenta de Twitter.

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, dimitió a finales de 2021 de su cargo después de denunciar a la Policía una presunta trama de corrupción en el sindicato

López Reillo había denunciado ante la Policía Nacional un posible caso de corrupción en el sindicato, que podría haber desviado al menos un millón de euros del Fondo de Garantía Salarial, FOGASA. Según dichas informaciones periodísticas, en la trama corrupta estaría presuntamente implicada una administrativa del sindicato, hija de la parlamentaria del PSOE de la Asamblea de Madrid, Carmen López, y entidades bancarias que gestionaban los fondos de dinero público destinados a empleados despedidos.
Velez asdas

José Vélez es delegado del Gobierno en la Región de MurciaEl Debate

Caso Plaza de Toros en Murcia

La judicatura está investigando un supuesto delito de prevaricación y malversación en la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de Calasparra, en la Región de Murcia, donde antes era alcalde el delegado del Gobierno, para la celebración de unos festejos taurinos.
Los investigados son el actual delegado del Gobierno en la Región de Murcia y ex alcalde de Calasparra, José Vélez, y los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Calasparra Antonio José Merino y Jordi Arce, que es además el actual gerente del PSOE de la Región de Murcia.
Bartolomeu

Bartomeu Muñoz, exalcalde por el PSC en Santa Coloma de GramenetEFE

Santa Coloma, comisiones millonarias

El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), ingresó a finales de 2021 en la cárcel de Cuatro Caminos, de La Roca del Vallès, en el Vallès Oriental, provincia de Barcelona, para cumplir la pena de cinco años y ocho meses de cárcel que se le impuso por la trama de corrupción urbanística del caso Pretoria.

El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), ya cumple una pena de cinco años y ocho meses de cárcel

Muñoz fue condenado por la Audiencia Nacional por formar parte de una red que se embolsó millones de euros, directamente o a través de intermediarios, en comisiones obtenidas mediante operaciones urbanísticas desarrolladas en las localidades barcelonesas de Santa Coloma de Gramenet, San Andreu de Llavaneres y Badalona.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante un acto del PSOE en Madrid, en 2017

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante un acto del PSOEGTRES

Vigo, golpes bajos al ayuntamiento

La mayoría absoluta del PSOE ha servido para que el pleno extraordinario solicitado por los tres grupos de la oposición para reprobar a la primera teniente de alcalde, la socialista Carmela Silva, por «el mayor caso de la corrupción» en la historia de la corporación municipal, se saldara con el rechazo todas las propuestas. La intención era que casos como el de la familiar de la también presidenta de la Diputación de Pontevedra no se vuelvan a repetir.
Fue necesaria una alianza entre PP, Marea de Vigo y BNG para sumar los siete concejales necesarios y así forzar la celebración del pleno extraordinario, paso al que llegaron las tres formaciones tras pedir explicaciones tanto a Silva como al alcalde de la ciudad, Abel Caballero.
Ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que condena en firme a un funcionario del Ayuntamiento de Vigo por organizar una trama para pagar a la cuñada de Silva más de 108.000 euros repartidos en contratos menores por unos trabajos que nunca realizó.
Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, acude a declarar por presuntas irregularidades en ayudas concedidas a sus empresas

Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat valenciana, acude a declarar por presuntas irregularidades en ayudas concedidas a sus empresasEuropa Press

Francis Puig, el hermanísimo

Francis Puig, hermano del presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, está siendo investigado por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental. La investigación judicial se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del presidente desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón. En la causa constan como investigado, además de Puig y Juan Enrique Adell Bovell, su socio y administrador de Canal Maestrat, el director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Rubén Trenzano.

Francis Puig, hermano del presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, está siendo investigado por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental

El titular del citado juzgado ha pedido información a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, así como a Hacienda, para investigar varios tipos de subvenciones recibidas entre 2015 y 2018 por los citados empresarios. En abril, la Fiscalía Anticorrupción solicitó cuantificar las ayudas recibidas por las empresas de Francis Puig por si superan los 120.000 euros, puesto que en ese caso estos hechos podrían enmarcarse en un delito de subvenciones, castigado con la pena de prisión de uno a cinco años.
Juan-Espadas-y-esposa-Carmen-Ibancos

Carmen Ibanco junto a su marido, Juan Espadas, líder del PSOE-AEl Debate

Doña Carmen, señora de Espadas

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto diligencias previas en relación a la labor que desempeñaba Carmen Ibanco, mujer de Juan Espadas, líder del PSOE-A, en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Faffe.
El juzgado demanda al Servicio Andaluz de Empleo, SAE, que aporte las bases reguladoras para la ocupación de los puestos de trabajo relativos a puestos de Dirección de la Faffe.
El objetivo es a tener en cuenta las candidaturas presentadas por todos los ciudadanos interesados en acceder a dichos puestos. La sospecha, expresada en términos coloquiales, sería que Ibanco entrase a trabajar en la administración pública andaluza gracias a un «enchufe» del PSOE.
Justo

El ex secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez BragaEl Debate

UGT Asturias, el control para el fraude

El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo condenó en 2021 a varios miembros de la antigua cúpula de UGT de Asturias por fraude en las subvenciones destinadas a cursos de formación, entre ellos su ex secretario general Justo Rodríguez Braga, al que se le ha impuesto una pena de dos años y diez meses de prisión y el abono de 586.000 euros en multas.
Rodríguez Braga, condenado como cooperador necesario y coautor de tres delitos de fraude en subvenciones, también deberá pagar, junto con otros tres exresponsables del sindicato, una indemnización conjunta de 330.179 euros al Principado por los perjuicios causados.
La jueza también condena al propio sindicato como responsable de un delito de fraude al pago de una multa de 122.028 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cuatro años.
Según la sentencia, Rodríguez Braga, y la entonces secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz Cancio, urdieron una trama para desviar fondos de las subvenciones concedidas al sindicato para cursos de formación en los años 2011 y 2012. Esta trama estaba orientada «al sistemático desvío» de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención a UGT e IFES, y a través de esta mecánica, según la jueza, obtuvieron beneficios económicos que revertieron en ambas entidades y en las sociedades vinculadas.

La sentencia impone a los seis acusados de UGT Asturias penas de entre diez meses y dos años y diez meses de prisión, así como al pago de distintas multas.

La jueza considera que los acusados ejercieron un control directo sobre la facturación, para incrementar ficticiamente el precio de los locales y equipos respecto al de mercado con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas, en beneficio del sindicato. La sentencia impone a los seis acusados penas de entre diez meses y dos años y diez meses de prisión, así como al pago de distintas multas.
maria-luisa-real

María Luisa Real, ex consejera de Sanidad por el PSOE en CantabriaEl Debate

Prevaricación en Cantabria

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, respectivamente, por prevaricación en contratos menores en su etapa en el cargo durante la pasada legislatura.
Así consta en la sentencia que enjuició los hechos el pasado mes de febrero de 2022, y que considera a ambos ex altos cargos del SCS autores de un delito de prevaricación administrativa, continuado en el caso de González, y no continuado en el de Rojo, ya que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios en el organismo sanitario.
En consecuencia, la Sala les inhabilita para trabajar o desempeñar un puesto relacionado con la contratación en instituciones que gestionen fondos públicos durante el tiempo reclamado por el fiscal.
González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron –junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil– al salir a la luz las irregularidades.
Los expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves

Los expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, ante el tribunalEuropa Press

La historia interminable de los ERE

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anunció que, a finales de 2021, aún quedaban un total de 103 procedimientos, además de los ERE, que todavía están sin resolver. 81 de ellos, de hecho, están en fase de instrucción y el resto en fase intermedia.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado que no cree que la sentencia que el Tribunal Supremo deberá emitir sobre el caso de los ERE vaya a «incidir o coincidir» en el contexto electoral en la comunidad andaluza, donde se celebrarán elecciones el 19 de junio.

Lorenzo del Río, que ya ha presentado la memoria anual del TSJA correspondiente a 2021, se ha pronunciado de este modo sobre la vista que el Supremo celebrará el 4 y 5 mayo para abordar los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE que ha dictado la Audiencia Provincial de Sevilla y sobre si la posterior sentencia podría coincidir con el periodo electoral.
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