Pablo Iglesias durante la presentación de su libro
Tribunales La Fiscalía investiga si Pablo Iglesias injurió al juez del ‘caso Dina’ al llamarle «prevaricador»
El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, fue el encargado de investigar la tarjeta del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham. En abril Iglesias comentó que pasará a la historia por ser un juez «mediocre» o «prevaricador»
La Fiscalía de Madrid investiga si Pablo Iglesias, expresidente del Gobierno, cometió un delito de injurias y calumnias por llamar «prevaricador» y «mediocre» al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Este juez estuvo a cargo del denominado 'caso Dina', que es la pieza número 10 del 'caso Villarejo', donde se investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica desde que a Dina Bousselham -exasesora de Iglesias- le robaran el móvil en un centro comercial en 2015, hasta que parte de su contenido apareciera publicado en la prensa.
Iglesias accedió al móvil se su exasesora, presuntamente, sin consentimiento. Las primeras versiones indicaban que el entonces líder de Podemos inhabilitó la tarjeta miniSD. No obstante, Bousselham cambió su versión ante la Audiencia Nacional al asegurar que pudo abrir el móvil una vez, pero luego «ya no porque dejó de funcionar». Además, justificó que la relación de «confianza mutua» que había entre ellos permitía a Iglesias consultar su dispositivo sin previo aviso.
Juez «mediocre o prevaricador»
La declaración de Bousselham hizo que Iglesias se salvara de ser imputado por un delito de revelación de secretos. Sin embargo, en su constante afrenta contra el Poder Judicial, el exvicepresidente aseguró el pasado mes de abril en la presentación de su libro que García-Castellón no había logrado su objetivo de terminar con él. «La historia tiene que dirimir si pasa a la historia como un juez mediocre, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la debilidad de sus instrucciones y las diferentes respuestas que obtuvo, o si por al contrario pasa a la historia como un prevaricador».
La Fiscalía General del Estado (FGE) remitió la semana pasada un escrito a la Fiscalía de Madrid -ya que las declaraciones se realizaron en la capital- para que dirima si los hechos son constitutivos de un delito de injurias y calumnias. Los insultos fueron realizados en un acto público, y después se reprodujeron tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales de Iglesias.
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