Pablo Iglesias y Dina Bousselham, implicados en el robo del móvil de la exasesora de Podemos
'Caso Tándem'
El juez abre la puerta a investigar una presunta denuncia falsa de Dina
Tras el cierre de la pieza 9 del 'caso Villarejo', el magistrado García-Castellón baraja la posibilidad de remitir las actuaciones al Juzgado de Alcorcón, el lugar en el que la exasesora de Podemos denunció el robo de su tarjeta móvil
La exasesora de Podemos Dina Bousselham podría enfrentarse a una investigación por denuncia falsa si se demostrara que declaró una versión de los hechos ocurridos entorno al robo de la tarjeta microSD de su teléfono móvil que no se ajustó a la realidad, o si se acredita que trató de imputar la sustracción del terminal a una trama vinculada al excomisario José Manuel Villarejo a sabiendas de que no podría vincularse el hurto con el policía jubilado.
El magistrado instructor del caso, Manuel García-Castellón, ha decretado el cierre de la pieza 9 de la macrocausa 'Tándem', orientada a determinar el origen y la autoría de los daños causados en el dispositivo de almacenamiento de datos de Dina que ha resultado imposible, pese a los esfuerzos de la Sección de Ingeniería Forense de la Policía Nacional, encargada de las pesquisas tecnológicas. Una vez escuchada la última versión de la exasistente, prevista este miércoles –y aplazada por la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para la jornada– el juez tendrá vía libre para derivar la causa a la Justicia ordinaria, el juzgado de Alcorcón, donde a Bousselham podría deducírsele testimonio por faltar a la verdad en sus versiones.
El día 1 de noviembre de 2015, Dina Bousselham y su entonces pareja Ricardo Sa Ferreira, también citado a declarar esta mañana, se encontraban en un conocido centro comercial de muebles nórdicos en Alcorcón (Madrid) y fueron víctimas de un robo: un abrigo con un Sony Xperia, el móvil de la entonces asesora de Pablo Iglesias, guardado en uno de sus bolsillos. Un emergente Podemos, con representación en el Parlamento Europeo, hacía interesante el acceso a la información del terminal de la mano derecha de Iglesias. La jornada terminó con una denuncia interpuesta en comisaría.
Será dos años después, durante la detención del comisario José Manuel Villarejo, cuando en el registro del domicilio del expolicía los agentes localicen dos archivos con el contenido de la tarjeta sustraída a Dina que varios medios de comunicación habían publicado por entregas. Ente ellos, los polémicos mensajes de Pablo Iglesias a un chat de Telegram de su partido en el que confesaba «querer azotar hasta sangrar» a la presentadora Mariló Montero.
En este punto, tanto Dina como Iglesias ya soslayaban que lo ocurrido apuntaba a una presunta operación de espionaje de la trama diseñada por Villarejo, para controlar a Podemos. Fue entonces cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, al frente de la instrucción de la macrocausa contra el excomisario, abrió la pieza separada número 10 –el llamado 'caso Dina'– para profundizar en esa línea de investigación, ofreciendo a ambos ser perjudicados en la misma, después de escucharlos, por primera vez, en 2019.
Sin embargo, y al regreso del confinamiento decretado en el primer estado de alarma y con Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, a petición de la Fiscalía, García-Castellón volvió a citar a Bousselham para que ampliara su versión sobre la imposibilidad de acceder a su tarjeta de datos, una vez se la hubo devuelto Pablo Iglesias, más de un año después de que a él se la hubieran entregado dos periodistas a los que se la habían enviado para publicar el contenido de la información almacenada.
A partir de entonces, el instructor centró sus esfuerzos en la obtención de indicios sólidos para imputar a Iglesias ante el Supremo por revelación de secretos y otros delitos, como falso testimonio y daños informáticos -por su condición de aforado- pese a la oposición de la Fiscalía Anticorrupción y la decisión de la Sala de lo Penal de devolver a Iglesias el estatus de perjudicado.
Los jueces del Supremo encargados de decidir sobre la petición del magistrado devolvieron la causa a la Audiencia Nacional para que se escuchase expresamente a Dina Bousselham, víctima del presunto delito, antes de acusar formalmente a Iglesias. La diligencia se había rechazado por parte de García-Castellón, en varias ocasiones, por lo que la antigua asesora de Pablo Iglesias le remitió un escrito exculpando al vicepresidente segundo de los mismos hechos por los que antes, en el transcurso de su primera declaración, lo había señalado.
Este cruce de versiones y el baile de declaraciones de Bousselham en la Audiencia, durante las pesquisas, podrían ser la base para que, una vez cerrada la pieza de la causa, la exasesora de Podemos dé explicaciones.
Hasta el momento no se ha podido entrar a valorar la conexión de estas presuntas infracciones de Dina con las que eran el objeto principal del procedimiento. Finalizado el mismo, la competencia para conocer del supuesto delito de falso testimonio son los Juzgados de Alcorcón que decidirán, en última instancia, qué hacer con el expediente judicial. Fuentes judiciales han apuntado a El Debate que podría servir como criterio orientador lo acordado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre esta cuestión.
Comentarios
