El Gobierno, obligado a revelar cuántos ministros van con asistentes en viajes privados
La Justicia impone a Moncloa detallar cuántos ministros utilizan guardaespaldas públicos, como intentó hacer Garzón para marcharse de vacaciones en Navidad a Escocia
Ni usar el Falcon para fines privados ni viajar al extranjero sin especificar con quién ni para qué son derechos del Gobierno que puedan ejercerse bajo la cláusula del «secreto oficial», como ha hecho Sánchez hasta la saciedad y pese a las resoluciones en su contra, incluso de la Audiencia Nacional.
Pero tampoco el uso indiscriminado de asistentes que, como los escoltas, puedan verse obligados a acompañar a los ministros en viajes, expediciones o excursiones de carácter privado, como intentó la pasada Navidad Alberto Garzón, cuando intentó llevarse a su equipo de seguridad a unas vacaciones en Escocia.
Así consta en otra resolución sin precedentes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que, a instancias de El Debate, pone coto al enésimo intento del Ejecutivo de disponer de los recursos públicos sin dar cuenta de ello, incluso para fines personales.
En concreto, el Gobierno deberá difundir, tras haberse acogido a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, esgrimir hasta tres acuerdos del Consejo de Ministros y clasificar como reservada esta información para no hacerla pública porque su divulgación «pudiera generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado», cuántos ministros han solicitado y utilizado ese servicio para asuntos personales, ajenos a sus funciones, y qué coste ha tenido para el erario público.
Y lo tendrá que hacer con un varapalo del Consejo, que una vez más derriba la resistencia de Sánchez a dar cuentas de nada y a abusar de la ley para esconder sus posibles excesos.
«El hecho de desvelar los protocolos para solicitar una escolta no desvela ningún plan secreto, ni afecta a la seguridad del solicitante. Mucho menos afecta la solicitud relativa al número de solicitudes en un periodo determinado ni el coste que han tenido los servicios de seguridad para viajes privados de los miembros del Gobierno. Entendemos que no se ha producido una correcta valoración de lo solicitado ni se ha efectuado correctamente el test del daño y lo solicitado en ningún modo afecta a la seguridad pública, límite alegado por el Ministerio para denegar la información», reza el fallo del CTBG en posesión de El Debate, con el número de serie 33/2022.
El fallo pone en solfa toda la estrategia del Gobierno, en éste y otros asuntos, para intentar justificar el uso de recursos públicos para cualquier fin sin dar explicaciones, alegando razones de seguridad que no existen.
«No se aprecia que, de la concesión del acceso a la normativa reguladora de «la posibilidad de que los miembros del Gobierno soliciten y obtengan servicios de escoltas en sus viajes privados», pudiera derivarse riesgo alguno para la seguridad de los altos cargos ni para la de los agentes implicados. Tampoco se advierte que el conocimiento público del «coste de los servicios de escolta prestados para desplazamientos privados de los ministros desde enero de 2020 hasta la actualidad desglosados por servicios prestados y miembro del Gobierno afectado» pueda poner en peligro la seguridad de las personas afectadas».
El CTBG ampara a El Debate y con una durísima decisión echa por tierra los argumentos de Marlaska, a quien reprocha que los acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, desarrollados por los de 17 de marzo y 29 de julio de 1994 en aplicación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, invocados para negarse a hacer pública una información catalogada por el Gobierno como «reservada», en estos términos:
«(…) La totalidad de las clasificaciones que se formulan tienen por objeto informaciones referidas a las Fuerzas Armadas, no a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», para añadir contundentemente que tales acuerdos no están vinculados «a la seguridad y la defensa del Estado».
El Consejo reprocha igualmente a Interior su actuación: «Una vez descartada, por las razones expuestas en el fundamento jurídico anterior, que la información solicitada se encuentre clasificada, esta escueta argumentación difícilmente puede ser considerada suficiente para satisfacer los requisitos de proporcionalidad y justificación expresa en los términos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo».
Y remata al Gobierno al señalar que del conocimiento público de la información finalmente lograda por este diario, no se puede derivar riesgo alguno respecto de los altos cargos y de los agentes asignados en tales funciones.
El asunto no es baladí porque derriba el penúltimo obstáculo de Sánchez y de sus ministros para extender a asuntos personales el uso de patrimonio público o empleados del Estado, sin dar ninguna cuenta al respecto.
El origen de todo lo puso el propio Pedro Sánchez, que se estrenó en la Presidencia, allá por el verano de 2018, con un polémico viaje en el Falcon oficial a Castellón con su mujer, Begoña Gómez, para acudir a un concierto de The Killers, la banda de rock americana que mejor tocó una versión del Romeo y Julieta de los Dire Straits.
El comienzo de todo
Con esa excursión, en la que encajó una reunión institucional forzada para justificarla como luego ha hecho tantas veces, Sánchez abrió una polémica que le ha perseguido desde entonces y de la que él ha intentado huir utilizando todos los trucos a su alcance: la del uso abusivo de medios de transporte aéreos públicos para fines privados que siempre ha tratado de esconder. Hasta ahora.
Aquel Sánchez que posó en el Falcon con las gafas de sol puestas y a su vera el hoy ministro de Exteriores y entonces asesor, José Manuel Albares, en una estampa de la «factoría Redondo» que pretendía presentarle como al mítico Kennedy a bordo del Air Force One es hoy, formalmente, el primer presidente del Gobierno de la historia de España «condenado» por la Audiencia Nacional a dar cuentas de todos sus excesos con el célebre avión y con los menos conocidos helicópteros Puma, tal y como reveló El Debate a principios del presente año.
Y también, según la resolución de la propia Moncloa, obligada por la Audiencia Nacional; el presidente del Gobierno renunció así a recurrir el fallo judicial que le obliga a informar a la opinión pública de cómo, para qué y con quién ha viajado en costosos medios públicos para fines alejados de sus funciones como presidente.
Para hacerlo aún más enrevesado, pero también más elocuente, la secuencia se termina con otro dato sorprendente: primero utilizó aviones para asuntos personales; después intentó esconderlo todo con silencio o incluso declarándolo «secreto de Estado»; más tarde fue reprendido legalmente tres veces por su opacidad y obligado a desvelar todos los detalles y a continuación renunció a defenderse.
Y por último, su propio Gabinete se ha movilizado para convertir estas «aventuras» privadas en ocupaciones del presidente, tal y como figura en un escrito en posesión de El Debate en el que reconocen hasta 51 desplazamientos privados de Sánchez en coche oficial pero «cero» en avión o helicóptero pese a haber constancia de una treintena en los que, lejos de acudir a los destinos como presidente, lo hizo para asuntos personales o internos del PSOE.
Esa vía, si se ha extendido a otros miembros de su gabinete amantes de los grandes desplazamientos, como Yolanda Díaz o Irene Montero, es la que ahora queda cercenada: si las excursiones son privadas, deberán dar cumplida información a la opinión pública de los recursos y costes que comportan. Nadie, en todo caso, ha utilizado nunca tantos medios del Estado para asuntos alejados de su responsabilidad, y mucho menos con una opacidad ya endémica.
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