La Memoria Democrática del PSOE y Bildu se olvida de la apología del terrorismo de ETA

la relación incómoda que el Gobierno ha mantenido con Bildu como aliado incómodo, desde el principio de la legislatura, se ha transformado en los últimos días, y a grandes pasos, hasta mutar en salvavidas de Pedro Sánchez en la nueva Ley de Memoria Democrática cuya aprobación ha conseguido capitalizar la formación abertzale. Los herederos políticos de ETA han conseguido incluir en el texto normativo una serie de enmiendas entre las que se encuentran la revisión del franquismo –incluida la apología del mismo– y sus presuntos vestigios ya iniciada la democracia, pero obviando la apología del terrorismo que continuará regulándose como hasta la fecha. Mientras la ley propone una comisión que estudie las vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, incluyendo el primer año de actuación de los GAL –la organización dedicada a la guerra contra ETA– durante el Gobierno socialista de Felipe González, nada dice sobre los crímenes de la banda terrorista que, todavía, siguen sin esclarecer.

La nueva Ley de Memoria Democrática no deroga la Ley de Amnistía de 1977 ya que jurídicamente es inviable, tal y como apuntaban algunos expertos consultados por El Debate en el momento en el que se hizo oficial el anuncio del proyecto normativo. Y ello a sabiendas de con dicha ley, fueron muchos los miembros de ETA que se beneficiaron de un olvido que –con la presión de PSOE y PCE– se mantendrá vigente. No en vano, a raíz de la amnistía concedida a los crímenes terroristas, la banda armada vasca incrementó no sólo el número de atentados en sólo un año, desde 1978, sino que inauguró el período más duro de su existencia, «los años del plomo».

Más allá de las discrepancias mostradas por los tradicionales socios del Gobierno –como ERC– con el flanco socialista del Ejecutivo, éste ha defendido que la Ley de Amnistía es un aspecto fundamental de la transición y se ha enrocado en la enmienda pactada con Unidas Podemos para limitarse a aplicar el derecho internacional en la investigación previa a juzgar los crímenes del franquismo. Pero salvando el trámite de tener que incorporar los delitos susceptibles de revisión cuando los 'verdugos' tras los mismos fuesen los etarras.

Así las cosas y lejos de haber alcanzado un consenso social y político amplio, la Ley de Memoria Democrática será aprobada por el PSOE con el apoyo de EH Bildu que votará a favor de la misma en el pleno del Congreso de los Diputados, previsto el próximo días 14 de julio, junto con otras formaciones como el PNV, PdeCAT, Más País o Compromís.

Conceptos de calado

La nueva norma reemplazará a la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e incorporará nuevas medidas de importante calado. Como la declaración de «ilegal» del régimen franquista. La consecuencia directa de la «ilegalización» del régimen será la ilegalización, también, de sus aparatos y operaciones, como los tribunales franquistas, lo que supone la nulidad de todas sus condenas para aquellos que lo soliciten.

Uno de los puntos más polémicos es el que reconoce como víctimas a las lenguas, personalizándolas: «el euskera, el catalán y el gallego son consideradas víctimas». Además de las lenguas, la ley reconoce como víctimas a sus comunidades y a las culturas vasca, catalana y gallega, cuyos habitantes «fueron perseguidos por hacer uso de estas», y la garantía de acceso por parte de personas físicas a los fondos documentales depositados en los archivos públicos.

Además, tanto Francisco como Carmen Martínez-Bordiú Franco dejarán de ostentar el Señorío de Meirás y Ducado de Franco. Como ellos, los herederos de Emilio Mola, Queipo de Llano, Carrero Blanco, Arias Navarro y todos los que trabajaron para el régimen franquista verán esfumados sus derechos hereditarios sobre las distinciones nobiliarias: una nueva enmienda recoge la retirada de 33 títulos otorgados entre los años 1948 y 1978.