26 de septiembre de 2022

De izquierda a derecha, Jorge Buxadé, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros

De izquierda a derecha, Jorge Buxadé, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los MonterosEl Debate | Paula Andrade Brea

Utopías de España. Parte II

Así sería España si solo gobernara Vox: defensa de la vida, menos impuestos y priorización de lo nacional

El Debate ha analizado el programa de Santiago Abascal para determinar cuáles serían los pilares fundamentales de un Estado dirigido por una mayoría absoluta de los conservadores

Tras la entrega de la distopía de Podemos, El Debate analiza ahora al partido que se sitúa en la antítesis parlamentaria de los morados. La formación de Santiago Abascal apuesta por el «único objetivo de proteger a los españoles», tal y como reza su programa político, más conocido como la 'Agenda España'. Con Vox, se vería protegida la vida desde su concepción hasta su muerte natural, y los salarios aumentados, a través de una bajada de impuestos a particulares y empresas. Más seguridad, menos inmigración ilegal y en definitiva, mucha más España.
«Una respuesta a las agendas globalistas que pretenden la destrucción de las clases medias, la liquidación de la soberanía de las naciones y el ataque a la familia, la vida y las raíces comunes de Occidente». Así define la formación más conservadora el proyecto que desea para España.
Abascal junto a Espinosa de los Monteros y Cañizares

Abascal junto a Espinosa de los Monteros y CañizaresEFE

Un estado fuertemente centralizado

Si hoy gobernase Vox, se devolvería de forma inmediata al Estado las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia. La magnánima delegación competencial en favor de las Comunidades Autónomas se vería limitada «como paso previo» a un «estado unitario y administrativamente descentralizado». El País Vasco y Navarra perderían sus «derechos históricos» y la lengua regional no primaría nunca sobre el español al acceder a la función pública. De hecho, las policías autonómicas pasarían a formar parte de la Nacional y hasta hacerse dicha realidad efectiva, se equipararía salarialmente a los policías nacionales y autonómicos entre sí y para con la Guardia Civil.
El Tribunal Supremo sería la última instancia de la Justicia, derogando las leyes que primasen las decisiones de tribunales internacionales por encima de las del Alto Tribunal. De hecho, las funciones del Tribunal Constitucional serían asumidas por una nueva Sala del Supremo. El Consejo General del Poder Judicial vería garantizada su independencia dejando que los jueces eligiesen a los jueces y sus atribuciones propias le serían devueltas. Nunca más un partido político elegiría a los altos cargos judiciales y se lucharía por una plena autonomía funcional del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado. El Derecho nacional primaría sobre el europeo en cuestiones de directa consecuencia para los intereses de España. Vox además primaría a su llamada Iberosfera por encima de las relaciones con otras naciones como China.

Igualdad real entre españoles

Ni asimetría penal ni cuotas en la contratación o prevalencia en caso de empate en una oposición. La Ley Integral de Violencia de Género quedaría derogada, así como toda legislación que estableciese diferencias laborales por razón de sexo, raza u orientación sexual. De igual forma, los partidos, sindicatos y patronales concurrirían a los procesos de elección en las mismas condiciones, sin acceso a ninguna subvención pública.

La cultura del esfuerzo y libre mercado

Del lado empresarial, Vox aliviaría las cargas a las empresas y les reduciría las cotizaciones a contrataciones de españoles de manera indefinida. Del lado de la persona física, suprimiría el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional, así como rebajaría el IRPF y el IVA en productos de primera necesidad –entendiendo como tales los productos y fármacos infantiles, pañales o productos geriátricos–. El inmigrante que llegase de forma legal a España, «aportase su esfuerzo y respetase nuestro modo de vida», vería asegurado su empleo en igualdad de condiciones con el nacional.
Para asegurar las pensiones, se reduciría el gasto político – en Castilla y León ya redujeron en un 20 % la estructura de los altos cargos–, eliminando duplicidades administrativas, consejerías, ministerios, diputados y parlamentos.
El trabajador autónomo cuyos ingresos netos no alcanzasen el Salario Mínimo Interprofesional quedaría exonerado de su cuota y, si tuvieran que tomarse una baja, disfrutaría de una bonificación total. El emprendedor vería eliminado el coste público y los trámites necesarios para constituir su empresa, y contribuiría a las arcas públicas con un más reducido y simplificado Impuesto sobre Sociedades.

Defensa de la familia

Todos los programas políticos de Vox, sea el nacional o los decálogos autonómicos, como los de las pasadas elecciones en Castilla y León o Andalucía, se han vertebrado sobre el pilar de la familia. En las elecciones andaluzas, Vox propuso situar a la familia en el centro de las políticas públicas y de hecho, se tendría en cuenta dicha asociación familiar en la aprobación de toda legislación. Siguiendo la Agenda España, se crearía un Ministerio de Familia, con toda una lista de medidas para favorecer su implantación.
Por ejemplo, habría incentivos para formar familias y para la maternidad, ayudando a las familias numerosas y a las parejas jóvenes con hijos, favoreciendo el teletrabajo. La madre trabajadora se vería protegida frente a la discriminación o la penalización económica. En el caso de una separación, se defendería la custodia compartida.
Frente a la cultura de la muerte, Vox derogaría tanto la Ley del aborto libre como la Ley de Eutanasia, ofreciendo alternativas para «madres con un embarazo problemático e inesperado» o una Ley de cuidados paliativos para asegurar la asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos. No se permitirían los vientres de alquiler y se abordaría el «grave problema olvidado del suicidio».
Los niños podrían estudiar en español en todo el territorio nacional. Sus padres o tutores legales recuperarían el protagonismo en su formación, eligiendo el centro educativo deseado sin que la situación económica fuese un impedimento –que se solucionaría con un cheque escolar en todos los niveles educativos– y devolviendo al profesorado su prestigio y autoridad. Los jóvenes volverían a estudiar Humanidades y acceder a una formación profesional más atractiva que les enseñase un oficio o a emprender una iniciativa empresarial propia.
El acceso a la vivienda de los jóvenes, tan defendido por el líder de Vox en sus discursos, sería quizás algo más sencillo, al liberarse el suelo no protegido y construir casas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra, con menos tributos y cargas en todo el proceso edificatorio. En caso de ocupación y agresión en el propio hogar, el ciudadano tendría la capacidad de defenderse a sí mismo y a los suyos.

España, 'first'

Para Vox, España lleva cuatro «largos años de división, ruina y ataque a nuestras instituciones». Por ello, se suspendería de forma inmediata toda comunidad, partido, asociación u ONGs que atentase contra la unidad de España y se derogarían las leyes de memoria democrática o histórica.
Se desmantelarían las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales extendidas, según el partido, desde Gibraltar. De hecho, Vox aplicaría «toda la presión internacional necesaria» para recuperar, el que considera como «territorio ocupado» del Reino de España.
En materia de seguridad e inmigración, las competencias en materia de Seguridad, Interior, Tráfico, Protección Civil o Vigilancia serían devueltas al Estado; así como la administración de la Justicia e Instituciones Penitenciarias. Vox desplegaría a los militares en las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias y a policías en todas las calles españolas, imposibilitando la creación de guetos. De hecho, los denominados «delitos importados» como las violaciones grupales, las nuevas formas del cibercrimen o la pornografía infantil verían elevadas las penas que llevan aparejadas. El inmigrante ilegal sería inmediatamente expulsado a su país de origen o incluso aquel legal que cometiese un delito grave o incurriese en delitos leves de forma concurrente. Los MENAs serían repatriados con sus padres de igual forma y las «mezquitas fundamentalistas» no podrían recibir financiación de Estados ni organizaciones extranjeras.
Desde el punto de vista de la industria nacional, se facilitaría el retorno de las empresas españolas que deslocalizaron su producción y los acuerdos de libre comercio para con terceros países serían revisados para que los productos extranjeros se sometiesen a las mismas exigencias que los nacionales. El comercio local y el turismo se verían impulsados. Además, se aplicaría un Plan Hidrológico Nacional o uno para la recuperación de la soberanía energética para que el suministro de los españoles dejase de depender «de la especulación de terceros países».
En cuanto a la Sanidad, el español, el residente legal y cualquier persona ante una situación de urgencia vital se vería bien atendido y priorizado por encima de «quienes violentan nuestras fronteras, saturan nuestros recursos sanitarios y perpetúan el efecto llamada». Se invertiría más en el tratamiento de los trastornos relacionados con la salud mental y se garantizaría la libertad de conciencia a los profesionales sanitarios que no quisieran practicar un aborto o la eutanasia. Ningún español sería atendido por la Sanidad pública para cambiarse el sexo, para abortar o para solicitar la eutanasia, pero sí para serles procurados servicios bucodentales.
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