Eulàlia Reguant, diputada de la CUP
Tribunales
El Supremo juzga por desobediencia a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant mientras Sánchez avanza con el referéndum pactado
Por negarse a contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox durante el juicio del 1-O, donde compareció como testigo en febrero de 2019
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo volverá al juicio del procés, tres años después, para juzgar este miércoles a la portavoz de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad tras negarse a contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox durante aquel icónico juicio en el que compareció como testigo. La vista se celebrará, por lo tanto, una vez reactivado el procedimiento que se suspendió el pasado mes de marzo después de que el Alto Tribunal admitiese una cuestión previa de la política que alegó un error en la tramitación de su causa.
Su defensa mantuvo que se había dado una vulneración de los derechos procesales de Reguant ya que fue un juzgado madrileño el que le abrió juicio oral sin ser competente para ello, ya que por la condición de aforada de Reguant el caso correspondía al Supremo.
Este detalle cobra especial relevancia teniendo en cuenta que, como ha revelado El Debate, Pedro Sánchez ha recogido el guante del separatismo en Cataluña para reactivar la posibilidad de un nuevo Estatut, que contaría con el aval del nuevo Constitucional controlado por la izquierda, en el que se contemplaría no sólo la posibilidad de una 'consulta pactada' sobre la independencia, sino la cesión de las competencias plenas en materia de Justicia y la supresión de los aforamientos para los cargos públicos catalanes, que pasarían a ser juzgados por sus propios jueces ante un tribunal superior mutado en Supremo territorial.
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Así las cosas, está previsto que Reguant comparezca en el Supremo arropada por una delegación de Esquerra Republicana (ERC), interlocutor directo en las negociaciones con el Gobierno central, como ya ocurrió en la reciente citación de su compañera de filas Anna Gabriel, tras entregarse a la Justicia a su regreso de Suiza. La portavoz adjunta de la formación de Oriol Junqueras en el Parlament, Meritxell Serret; las portavoces del Senado, Mirella Cortès y Sara Bailac; y, las diputadas del Congreso Pilar Vallugera, Marta Rosique y Maria Dantas acompañarán a Reguant hasta las puertas del Alto Tribunal.
Declarará en catalán
La Sala Segunda del Supremo ha declarado pertinentes las pruebas propuestas tanto por la Fiscalía como por la defensa de la diputada de la CUP que incluyen, en ambos casos, el interrogatorio de la acusada que podrá declarar en catalán, tal y como había solicitado.
El Ministerio Público en su escrito de acusación, presentado el pasado 4 de abril, solicitó una pena de cuatro meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, así como una condena en costas. Sobre la mesa, la negativa de la representante de la CUP a responder a Vox, que ejercía la acusación popular en el juicio del 1-O, pese a que se trata de una obligación irrenunciable para cualquier testigo.
En su escrito de defensa, Reguant esgrimió que guardó silencio porque consideró que contestar a Vox le supondría «un innegable perjuicio moral», aduciendo que actuó «guiada por una suerte de objeción de conciencia, un sentimiento de deber moral de rehuir del papel discriminatorio y abusivo seguido por la acusación popular».
No en vano, la acusada califica la petición de pena de la Fiscalía de «desproporcionada», recalcando que, de ser condenada, «podría tener consecuencias de carácter electoral». «Al menos desde que esta Sala Segunda del Tribunal Supremo así lo interpretó en el caso del exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez», recordó. Es decir, Reguant podría ser apartada de su escaño en la Cámara de representación catalana, sin posibilidad de reincorporación.
Su letrado también ha apuntado que la conducta de Reguant ya fue sancionada mediante un acuerdo de corrección disciplinaria, iniciado y terminado por la propia Sala de lo Penal del Supremo, en 2019, y que dicho mecanismo se saldó con la imposición de una multa de 2.500 euros, alertando en este sentido de que con este juicio se estaría vulnerando el principio non bis in idem.
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